Hablar de injusticias puede ser una coartada, cuando lo que se hace no beneficia a una mayoría social, sino a una oligarquía privilegiada.
Esta semana los rectores y rectoras de las universidades públicas catalanas y de la UOC publicaron un manifiesto en "La Vanguardia", uno de los periódicos afines a las políticas de CiU, que vinculaba la Justicia-Injusticia al Real Decreto del Gobierno del Estado, del Partido Popular, publicado el pasado sábado. Igualmente, ayer jueves la CRUE ha emitido un comunicado después de una reunión con el Ministro Wert, y el Consejo de Gobierno de la UAB ha hecho su Estos hechos exigen una inexcusable valoración y toma de postura por parte de la totalidad de colaboración lectivos implicados en la Universidad en nuestro país.
Los temas implicados en el RD 14/2012 (BOE del 21 de abril), en el manifiesto de «La Vanguardia» (del 24 de abril) y en los comunicados de ayer 26 de abril son los mismos, evidentemente. Pero, pese a cierto tono formal que pretende mostrar desacuerdo los manifiestos los que gobiernan las universidades, también comparten los mismos puntos de partida, el modelo de universidad que defienden y el recurso a ideales vacíos, eufemismos varios o presupuestos silenciados.
1. Sobre Tasas de Matrícula y Becas
Los temas implicados en el RD 14/2012 (BOE del 21 de abril), en el manifiesto de «La Vanguardia» (del 24 de abril) y en los comunicados de ayer 26 de abril son los mismos, evidentemente. Pero, pese a cierto tono formal que pretende mostrar desacuerdo los manifiestos los que gobiernan las universidades, también comparten los mismos puntos de partida, el modelo de universidad que defienden y el recurso a ideales vacíos, eufemismos varios o presupuestos silenciados.
1. Sobre Tasas de Matrícula y Becas
En primer lugar, la desorbitada subida de las tasas de matrícula al alumnado, pone en evidencia el modelo de universidad elitista que el Gobierno del PP quiere reintroducir al Estado, remitiéndonos a la vieja universidad del franquismo. Las consecuencias se verán en el abandono de los estudios universitarios de una parte del alumnado potencial de las clases populares, antes de comenzar o durante los mismos. Un modelo de universidad que comparten los rectores y rectoras signatarias del manifiesto de «La Vanguardia», en completa sintonía con el partido gobernante en Cataluña, y que tampoco desautorizan los comunicados de ayer.
Sin embargo, además del modelo elitista también se puede entrever el objetivo de que gobernantes de Ministerios y Generalitat traslucen, es la intención de desguazar las Universidades Públicas en beneficio de entidades privadas. Si no, no se entendería que el RD 14/2012 nos hable del ajuste al coste de prestación de servicio», un argumento inequívocamente empresarial. Que, al final, llevará a equiparar las Universidades Privadas en las Universidades Estatales.
En este contexto, los y las gobernantes de las Universidades Catalanas y de la Generalitat se esfuerzan por aparentar una preocupación por el alumnado de las clases populares en peligro de exclusión, y claman por un incremento del número de becas, incluso del tipo beca-salario, hasta llegar quizás a un tercio del actual alumnado en los mejores deseos de representantes del Gobierno de Cataluña. Sin embargo, la hipocresía que rezuma esta reivindicación oculta factores clave:
1) No existe un estudio riguroso del coste real de una titulación universitaria, ya que las Universidades Públicas tienen funciones mucho más amplias que las de ser meros centros de estudios superiores, que incluyen también instalaciones científicas y personal dedicado a investigar y que ocupan una parte no despreciable de sus gastos en actividades de gestión, no precisamente justificables por su implicación en la docencia, o trasvasar actividad en ámbitos de lucro privado (fundaciones, títulos no oficiales, empresas spin-off, convenios con empresas). De manera que el supuesto cálculo del coste de unos estudios universitarios se calcula aproximadamente dividiendo los gastos de una universidad entre el número de sus alumnos, con la consecuente carga de gasto sobre un alumnado que no participa de las actividades no docentes mencionadas. Así, una vez más, unos datos manipulados y falsos sirven intereses políticos inconfesables.
2) Son los sectores populares, cuyos ingresos dependen de las nóminas, inexorablemente sometidas al pago del IRPF, quienes mantienen a través de sus impuestos los presupuestos destinados a las universidades. La falacia de considerar que esta financiación estatal es «una especie de beca» no es admisible. Si se aumentan las tasas al 100% del alumnado, y después se otorgan unas becas, en clave de ayuda, a un tercio, por supuesto que algo falla en la ecuación. Así que, al menos, podríamos convenir con el manifiesto de rectores y rectoras en que se podrían obtener dinero persiguiendo el fraude fiscal. Aunque es ilustrativo el silencio sobre la reciente amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP, o sobre la inexistencia de impuestos directos sobre las grandes fortunas o sobre la circulación de capitales.
3) Existe una trampa subyacente en la política de becas, que puede perjudicar considerablemente a las Universidades Públicas: consiste en dar un apoyo dinerario personalizado, que luego se puede destinar a estudios en una Universidad Pública, pero también a cualquier Universidad Privada.
2. Sobre Dedicación Docente del Profesorado.
En cuanto al PDI, la normativa impuesta para el profesorado funcionario por el Decreto ministerial no deja lugar a dudas que tendrá la evidente consecuencia de un incremento de la carga docente en términos generales. Con ello se consigue, por otros medios, lo que la UAB ha estado intentando con la aplicación de un incremento de la Carga Docente al PDI de nuestra universidad. Es decir, tener las bases para poder cubrir la docencia que irá dejando el profesorado que perderán las Universidades.
Por un lado, el PDI contratado y precario que perderá su puesto de trabajo en los actuales recortes por ajustes presupuestarios, o en los futuros expedientes de regulación de empleo que pudieran también afectar, Reforma Laboral en mano, el PDI con contratos presuntamente indefinidos. Por otra, las plazas de PDI funcionario que, después de la jubilación que afectará a un importante número de profesores/as en los próximos años, no serán repuestas.
La justificación que vincularía el incremento de Carga Docente a la no dedicación a la investigación, es, en este caso, también tramposa. Porque una cosa es investigar y obtener resultados y otra muy distinta tener Sexenios. Y recurrir a los Sexenios como medida de la actividad investigadora, no parece que vaya a reflejar muy bien la realidad.
En primer lugar, los Sexenios son complementos salariales, que tienen su origen en el año 1989, como un mecanismo de compensar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado universitario. Sería la L.O.U. del año 2001 la que pasaría a convertirlos en supuestos indicadores de calidad de la actividad investigadora, en una curiosa transmutación. Así que una compensación económica, solicitada voluntariamente, ha pasado a ser el mecanismo de control del trabajo realizado en investigación y de definir una jerarquía en el PDI funcionario. Dado que la asignación de Sexenios requiere de una partida en un presupuesto, parece más probable que estos otorguen a un número de profesores/as muy inferior al de quienes realizan realmente tareas de investigación.
En segundo lugar, los Sexenios obtienen a través de oscuras evaluaciones realizadas por una agencia estatal, la CNEAI, mediante procedimientos que no son transparentes ni públicos. Y si, lo que se pretende es que se usen para asignar categorías docentes en el PDI, debería ser con mecanismos mucho menos opacos, y donde no tuviera cabida la subjetividad o los intereses académicos o políticos de quienes forman parte de los procesos.
En tercer lugar, el que sirve de base para adjudicar Sexenios no es ni el trabajo científico realizado, ni la calidad de los resultados. En realidad se toman en consideración básicamente las publicaciones realizadas en cierto número de revistas, presuntamente de alto nivel, muchas de ellas propiedad de corporaciones multinacionales, o valoradas a su vez por agencias privadas (Thomson-Reuters sobre todo). El contenedor de una publicación es, al final, el criterio. Y si, adicionalmente, se valora positivamente que exista revisión por pares para la admisión de una publicación, no debemos olvidar que está prevaleciendo la concordancia de la actividad científica realizada con los paradigmas más convencionales o con el mainstream académico de cada disciplina.
En todo caso, no cabe duda que la medida ministerial está suscitando un interesante malestar, que afecta sobre todo a sectores que han defendido el modelo mercantil de universidad que venía implicado en el Plan Bolonia, impuesto con el recurso coercitivo necesario en las universidades catalanas , hace unos años, bajo el impulso de los partidos entonces gobernantes (PSC, ERC e IC), y con la complicidad de los rectorados correspondientes. Desde entonces se había convencido a una parte del profesorado que lo más importante de la dedicación del PDI era la docencia en las Titulaciones asociadas al Plan Bolonia. Incluso los ajustes de plantilla en la UAB han intentado realizarse bajo un modelo de plantilla teórica derivada de este principio (el modelo EEES), y que justificaría los recortes a los Departamentos supuestamente con exceso de profesorado. Y resulta que ahora, de repente, se pone sobre la mesa que no es eso, sino que será la investigación el que determinará la capacidad docente del PDI, y consecuentemente los superávits y déficits cambiarán radicalmente.
Del mismo modo que para imponer el Plan Bolonia se utilizaron argumentos ad hoc, parece que ahora será la investigación, a través de los Sexenios, la que cumplirá ese papel para el cambio de modelo de universidad que se pretende.
3. Sobre los Objetivos de las Medidas
Parecería que la única preocupación en las nuevas medidas ministeriales sea la «racionalización» de los gastos y la eficiencia «del sistema universitario. Pero existe un modelo oculto de universidad para convertir las facultades en meras escuelas de estudios superiores, equiparando universidades privadas y estatales, y reduciendo al alumnado a aquel procedente de los sectores sociales con más privilegios. Mientras, paralelamente, el profesorado, cada vez más reducido en número, se pretende que pase también a una situación de asimetría y marcada jerarquización, entre aquella élite de PDI funcionario que ha obtenido Sexenios y el resto de PDI, funcionario o no , que deberá dedicarse a una devaluada actividad docente, ya buscar resquicios para poder realizar tareas de investigación, siempre a la sombra de las pertinentes jerarquías académicas.
Además, de manera explícita, en los argumentos que hemos oído desde los Gobiernos del PP y de CiU y en el manifiesto de rectores y rectoras, la principal preocupación pasa a ser la Competitividad Internacional de las Universidades. Hemos de suponer que se refieren a la vergüenza que comportará que las Universidades españolas y catalanas aparezcan en lugares cada vez más bajos de los dudosos rankings que tanto les gusta consultar y citar.
Se ha olvidado en todos los casos, definitivamente, que las Universidades pueden y deben cumplir una función social que no debe limitarse a vender Títulos Académicos o a tener élites científicas del máximo nivel, que venden su investigación en un mercado, y siempre en sintonía con la ciencia dominante.
Las Universidades han sido, han podido ser o deberían ser, si quieren mantener esta denominación, un espacio de encuentro y de actividades polifacéticas y siempre críticas. Un espacio que debería ser accesible a todas las mujeres y hombres, para acceder al conocimiento social obtenido en las tareas de investigación a las que se dedica la comunidad científica, de la que, por cierto, todo el profesorado universitario debería formar parte .
Por todo ello, desde CGT-UAB os pedimos una reflexión en profundidad sobre lo que se está decidiendo, lo que está ocurriendo y lo que están haciendo los diferentes agentes involucrados.
Pero también os pediríamos que pase a la acción y que se une a aquellas movilizaciones y actuaciones que se vayan convocando de aquí en adelante, para impulsar una auténtica Universidad Democrática, Crítica y Popular, vinculada a los intereses de la mayoría de mujeres y de hombres que formamos la sociedad actual, y para defender este modelo frente a quienes quieren adecuarla a los intereses de la oligarquía dominante.
Y, finalmente, ante la campaña electoral para acceder al cargo de Rector o Rectora en la UAB, creemos que debe exigirse a las cuatro candidaturas que se presentan un posicionamiento muy claro sobre estos temas, aclarando si avalan o no la incremento de tasas, más allá de que exista un reducido porcentaje de becas, si consideran pertinente que la evaluación de la investigación del PDI se apoye en el número de publicaciones en revistas que aparezcan en listas avaladas por corporaciones multinacionales, y si les parece bien el criterio de «eficiencia» que se está aplicando que supone que un número de matrículas «x» sea el límite para mantener o eliminar Grados o Masters. Y, por supuesto, que sea claro y detallado su política de presupuestos para nuestra universidad, en el sentido de si van a basarse, en la línea ministerial, en los ingresos de matrículas (entendiendo que alumnos y alumnas son los clientes), si van a dejar que los recursos que ingresan a través de actividades lucra recreativas de la esfera UAB sigan benefician a sectores particulares y si van a exigir a las administraciones una financiación pública prioritario, orientado a un modelo de Universidad Democrática, Crítica y Popular, y no dependiendo de una concepción comercial y empresarial de los servicios universitarios.
CGT-UAB. Bellaterra, Miércoles, 27 de abril de 2012
