La Consejera Vera se apunta al “Copago” en prestaciones farmacéuticas, es su voluntad decidida, y hasta obsesiva. Trata de ligar, eso sí, esta apuesta a la necesidad, con la intención de que los y las ciudadanas apreciemos que nuestros políticos, y nuestras políticas, cuando toman medidas que nos perjudican lo hacen por imperativo y por nuestro bien, que ellas no son políticas sino gestores que se mueven en el terreno de lo necesario, de lo que viene dado, de lo que no puede ser de otra forma.
La Consejera Vera trata, además, de presentarnos un “Copago” maquillado socialmente por su aplicación en función de las rentas, con lo que una medida tan antisocial y que nos perjudicará a todas, se convierte en medida equitativa y de justicia. ¿No lo habían pensado ustedes?, pues ahí lo tienen: “por el imperio del Copago hacia la justicia social”.
La Consejera Vera trata, además, de presentarnos un “Copago” maquillado socialmente por su aplicación en función de las rentas, con lo que una medida tan antisocial y que nos perjudicará a todas, se convierte en medida equitativa y de justicia. ¿No lo habían pensado ustedes?, pues ahí lo tienen: “por el imperio del Copago hacia la justicia social”.
Es una forma bonita de decir que vamos a seguir pagando igual o más quienes ya pagábamos y además, la mayor parte de pensionistas van a empezar a hacerlo. Sabemos que una vez que Vera ha abierto la veda, esa medida que trata de aplicarnos, se puede ir ampliando y extendiendo, naturalmente, solo si es necesario. Ella y otros se encargarán de que lo sea.
Y es cierto que en el sistema actual se dan injusticias, como por ejemplo que un pensionista de 2000 € tenga recetas rojas y un trabajador ochocientoseurista las tenga verdes, pero la Consejera Vera, que creo es economista, sabe perfectamente que las administraciones tienen unas formas de recaudar, que son los impuestos, y otras de redistribuir y garantizar, que son los servicios y prestaciones públicas. Hacer más gravosa la enfermedad es discriminar a quienes peor salud tienen y nos aleja vertiginosamente de un tratamiento igualitario de la salud y de las personas. Cuando se mezcla el servicio público con la recaudación se está trabajando directamente contra el servicio público.
Es curioso que esta agresiva reforma coincida en el tiempo con la propuesta de la farmacéutica Grifols para legalizar el pago por las donaciones de sangre, las cuales necesitan para elaborar y comercializar hemoderivados. Argumenta que esto supondría un complemento económico para personas sin recursos. Si no hay trabajo, bien se puede vender plasma al mismo laboratorio que se sigue forrando con los ingresos por el gasto que la sanidad pública le hace y para el cuál nunca llega medida ni recorte alguno (es sabido que también se pueden aplicar recortes a las multinacionales, p.e. Repsol en Argentina). Todo esto, en definitiva, responde a una peligrosa concepción mercantilista de la salud. Todo se paga y todo se vende, quedando en muy segundo plano la salud como bien inmaterial y haciéndose más patente e imperiosa la necesidad económica de quien no puede pagar las medicinas o de quien se ve con la obligación de vender su sangre para pagar la hipoteca.
Adelgazar la sanidad pública para abrir espacios de negocio a la iniciativa privada y tratar la sanidad como un mero lastre en nuestra economía es la tarea que la Consejera Vera tiene encomendada y la va cumpliendo pasito a pasito. Esos pasitos son los que le tenemos que forzar a desandar quienes utilizamos, quienes financiamos y quienes con nuestro trabajo ofrecemos esta sanidad pública. Llega el 1 de mayo y esta fecha cobra, de nuevo, sentido combativo, más allá de lo laboral. Salgamos a la calle, llenémosla de gente y de contenidos sociales para protegernos de sus planes, para proteger nuestra salud.
Luz Peña Martinez, por CGT-Osasunbidea
Luisa Jusue Ripodas, por Solidari-Osasunbidea
Fuente: CGT-Osasunbidea
