Esta parece ser la única respuesta del Estado al aumento de la conflictividad social contra las medidas de recortes y explotación laboral que están implantando, el neofascismo policial para acrecentar la violencia, la represión, el maltrato y el miedo en las calles.
redaccion RyN.
RTVE.es/EUROPA PRESS 11.04.2012 – El
ministerio del Interior trabaja en una reforma legal para combatir la
denominada «violencia calllera», en la que se incluirá como delito la convocatoria a través de Internet o las redes sociales de concentraciones que deriven en actos violentos.
La reforma no t
RTVE.es/EUROPA PRESS 11.04.2012 – El
ministerio del Interior trabaja en una reforma legal para combatir la
denominada «violencia calllera», en la que se incluirá como delito la convocatoria a través de Internet o las redes sociales de concentraciones que deriven en actos violentos.
La reforma no tiene una fecha para ver la luz y es pronto, segun
fuentes de Interior, para conocer a qué tipo de sanciones penas se
enfrentan convocantes y violentos organizados.
Tras los
incidentes de Barcelona en la jornada de huelga general dle 29 de marzo,
ministerio y administraciones catalanas fijaron un límite para buscar
el endurecimiento de la penalización de lo que denominaron como «guerrilla urbana». En cualquier caso, la reforma incipiente no se equipararía a los delitos asociados a la kale borroka.
El
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles
en el Congreso de los Diputados que se incluirá como «delito de integración en organización criminal» alterar «gravemente el orden público» y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
«Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana
incluir como delito de integración en organización criminal las
acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y
aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de
comunicación», ha explicado el Ministerio a Europa Press debido a que en
el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar
esta medida por falta de tiempo.
Elevación a delito la resistencia pasiva
Pero
la reforma iría más allá e incluiría la consideración de delitos otras
situaciones que se dan en las manifestaciones que estarían en un esfera
de «violencia pasiva».
«También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o
se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con
alteración del orden público a los daños que se produzcan por
interrupción o perturbación de cualquier servicio público», ha añadido.
Antes,
Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior
de incluir «como delito de atentado contra la autoridad la resistencia
activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las
modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos
intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y
considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas».
En
su intervención, el ministro ha lamentado que «por desgracia» estos
actos no suceden solo en Barcelona. «No hay que responder desde el
Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico«.
Según
ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del
ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde
hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
Hasta dos años de pena
En
declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, el
pasado 4 de abril, Fernández subrayó que los incidentes que se
produjeron en la huelga general y «en ocasiones anteriores en Barcelona
de una manera muy especial» evidencian que hay «radicales antisistema y violentos que utilizan ese tipo de concentraciones y eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas».
Ahí explicó que Interior y Justicia están trabajando «conjuntamente» para dar una respuesta desde el Código Penal «adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad».
Tanto
los jueces y fiscales como los cuerpos de seguridad del Estado, en
palabras del ministro del Interior, dispondrán de «instrumentos
adecuados para hacer frente» a situaciones de violencia callejera, en
las que además del enfrentamiento entre grupos radicales y la policía,
se producen cuantiosos daños al mobiliario urbano.
Para quien cometa este tipo de delitos avanzó a principios de abril, las penas serán de dos años,
los fiscales podrán pedir prisión provisional y los jueces podrán
adoptarla, ha insistido Fernández Díaz antes de recalcar que una medida
así no hace de España un caso único, sino que homologa al país con otros del entorno, especialmente Francia y Reino Unido.
