El Supremo ha aplazado a la semana que viene su decisión sobre quién es competente para exhumar las fosas de los represalidos del franquismo
Cadena Ser / P. VELASCO / D. SUÁREZ / G. GÓMEZ / M. RIART 14-03-2012
Hasta
ahora, ¿cuál ha sido la situación de las fosas? ¿qué causas
permanecen abiertas y cuáles se archivaron? Tras la deliberación
del alto tribunal, seguirán quedando en este país más de 2.200
fosas y alrededor de 114.000 víctimas sin exhumar, según estimó el
auto de Garzón. La estimación de los peritos dispara la cifra a
150.000 cuerpos enterrados.
Hasta
ahora, ¿cuál ha sido la situación de las fosas? ¿qué causas
permanecen abiertas y cuáles se archivaron? Tras la deliberación
del alto tribunal, seguirán quedando en este país más de 2.200
fosas y alrededor de 114.000 víctimas sin exhumar, según estimó el
auto de Garzón. La estimación de los peritos dispara la cifra a
150.000 cuerpos enterrados.
Desde
que Garzón se inhibió en noviembre de 2008 a favor de los 46
juzgados territoriales más cercanos a las fosas del Franquismo y la
Guerra Civil, la mayoría de los expedientes – 46 de 60 -han sido
archivados, no se han instruido ni se ha llamado a declarar a las
víctimas. Sólo dos juzgados, en Granada
y El
Escorial,
en las fosas que afectan a García
Lorca
y el Valle
de los Caídos,
remitieron la causa a la Audiencia Nacional a la espera del
pronunciamiento del Supremo. Pero, ¿qué hay del mapa judicial del
resto de fosas?.
La
primera que se abrió con tutela judicial fue en Santa
Marta de Tera,
en Zamora. El día de la exhumación, el sobrino de uno de los
asesinados, comentaba: «Es un día muy especial, muy esperado
por todos los familiares. y que todas las investigaciones y el
esfuerzo de tantos satisfaga el deseo de todos». Sería la
primera y no le seguirían muchas más.
En
Extremadura
se archivaron las causas a pesar de que se abren fosas desde 1979.
Amparados por la Ley de la Memoria Histórica recurren al
procedimiento administrativo. Desde 2003 cruzan listados de víctimas,
contrastan nombres, buscan en registros civiles, prisiones, en
documentos relacionados con consejos de guerra… La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica
de la región ya cuenta con financiación para abrir dos trincheras
en Puebla
de Alcócer
y una fosa en el cementerio de Frenegal
de la Sierra.
Siguen pendientes las fosas en Valdecaballeros,
Zarza
la Mayor,
Cuacos
de Yuste
(Cáceres). El problema son las fosas en fincas particulares cuyos
propietarios se niegan a autorizar la excavación en sus terrenos.
Son los casos, por ejemplo, de Arroyo
de San Serván
y en Valencia
de Alcántara.
En
Andalucía
podría haber más de 42.000 victimas. La Asociación
Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA)
en Huelva
presentó dos denuncias en la Audiencia Provincial. Una por amparo
judicial y otra por apertura de fosas y se las echó para atrás la
audiencia onubense y están pendientes de la deliberación del
Supremo.
Almería
representa la cara y la cruz en lo que a la exhumación de
represaliados del franquismo se refiere. Por un lado, fueron
recuperados los restos de los guerrilleros antifascistas Indalecio
Fuentes y Rafael Jiménez, en diciembre de 2010 en el camposanto de
Sierro,
donde fueron enterrados en una fosa tras ser fusilados en el año 47.
Por otro, los restos del ex alcalde republicano de Cuevas del
Almanzora Martín Márquez, fusilado en 1939, continúan en una fosa
común en el cementerio de San José (Almería).
Su caso se encuentra en tierra de nadie. Tras un encuentro en abril
de 2010 entre sus nietas; el comisario de la Memoria Histórica, Juan
Gallo; y el Ayuntamiento de Almería, todavía no se ha dado luz
verde a la cata arqueológica que permita localizar sus restos. Un
hecho que el Comisariado interpreta cómo una forma de obstaculizar
el proceso de exhumación. Según el Ayuntamiento, el procedimiento
constituye un modo de cumplir con los requisitos legales pertinentes,
teniendo en cuenta lo delicado del terreno en que se ubican los
restos, un cementerio.
En Córdoba,
siguen abiertos los trabajos de la Asociación
Aremehisa,
en Aguilar
de la Frontera,
para la búsqueda, localización y exhumación de las fosas del
entorno.
Los
trabajos de exhumación de restos en la fosa de Gerena,
donde fueron enterradas 17 mujeres de la vecina localidad de Guillena
tras ser vejadas y asesinadas por los franquistas, han terminado.
Quedan por concluir las labores de identificación de ADN y
determinar qué se hace con los restos hallados. Pero el éxito de
esta campaña, tras más de una década de lucha persiguiendo la
verdad, deja una consecuencia más importante: el grupo “Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA), de la
Confederación General del Trabajo,
ha avanzado que promoverán la búsqueda de mujeres muertas en
similares circunstancias en Fuentes
de Andalucía
(Sevilla) y la Puebla
de Guzmán
(Huelva). Las conocidas como las 17 rosas de Guillena fueron mujeres
de entre 20 y 70 años secuestradas, violadas, rapadas, encarceladas,
intoxicadas con aceite de ricino y expuestas al escarnio de sus
vecinos antes de ser asesinadas. Sus descendientes, agrupados en la
asociación 19 Mujeres (dos de las víctimas sobrevivieron), no han
parado hasta desenterrar la verdad y pese a las presiones sociales y
políticas sufridas.
El
artículo 13 de la Ley de la Memoria Histórica obliga a comunicar al
juez la apertura de una fosa, por si decide personarse. En la
Comunidad Valenciana
ningún juez lo ha hecho. De momento, en Paterna,
una mujer quiere recuperar a su padre y otras dos familias han
solicitado la apertura de fosas por esta misma vía, el ayuntamiento
no ha contestado.
En Catalunya,
con más de 3.000 peticiones de familiares, los procesos no se llevan
por la vía judicial, sino por la administrativa, a raíz de la Ley
de Fosas, Localización e Identificación de Personas desaparecidas
durante la Guerra Civil y la Dictadura por parte de la Generalitat.
Por esta ley se realiza un censo de personas desaparecidas (una lista
con los nombres que proporcionan los familiares sobre un pariente del
que no tuvieron nunca más noticia, sea durante la Guerra o en
Dictadura) y un mapa de fosas: Por los datos que me han
proporcionado, ahora mismo, en este censo hay 4.410 casos inscritos,
1.879 de los cuales ya se han resuelto (la mayoría se han archivado
por falta de datos y sólo en 380 casos se han podido determinar las
causas de la muerte y el sitio dónde se enterró a la persona).
En
el caso de las Fosas, en Catalunya la exhumación la coordina el
gobierno y se lleva por la vía administrativa, excepto en casos en
que se sospeche que puedan pertenecer a crímenes no prescritos,
aunque de este tipo de proceso en Catalunya no tenemos ninguno. Por
la vía administrativa se han inhumado 13 fosas, donde se han
encontrado un total de 50 cuerpos, de los cuales sólo se han podido
identificar 5.
Tampoco
hay ningún proceso en marcha para revisar alguna sentencia de un
Tribunal Franquista. En el único caso en el que lo intentó la
Generalitat fue el 2009 con Lluís Companys. Después de la petición
de un familiar, el ministro de Justicia aprobó una Declaración de
reparación y reconocimiento personal e instó al Fiscal General del
Estado a interponer un recurso de revisión ante el Supremo, pero
este lo desestimó porque consideró que no se podía revisar una
sentencia que en su momento ya se expulsó del ordenamiento jurídico
actual y se declaró nula de derecho.
En
Castilla
León,
en la localidad burgalesa de Aranda
de Duero,
se abrió la fosa de Campo de Aviación. Desde el mismo lugar de la
fosa, Francisco Echevarría, forense, explicaba lo ocurrido: “La
mayoría de las veces, salvo en cuatro o cinco ocasiones, teniendo en
cuenta que se han exhumado unas 200 fosas, la mayoria de las veces
los jueces no aparecen. Reciben la notificación y luego se abstienen
bajo el argumento de que los hechos han prescrito».
En
Mallorca
las dos causas abiertas fueron desestimadas por la fiscalía. En
Aragón
se archivó la causa, a pesar de los numerosos muertos enterrados en
el barranco de la Bartolina, por citar uno de los muchos casos de la
comunidad. Y en Galicia…
así en cada comunidad autónoma. El auto de Garzón daba una cifra
aproximada de 114.266 muertos y el último mapa del Gobierno repartía
por España más de 2.600 fosas.
