Tras haber sido recientemente condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas de la trama Gürtel, el circo del acoso jurídico contra Garzón ha terminado con la absolución del ex juez de la Audiencia Nacional en la causa que aún tenía pendiente en el Tribunal Supremo.
Una absolución esperada por amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional; pero que, como algunos lo temíamos, sólo servirá para que la magistratura española pueda proclamar su indefectible respeto a la Ley y su plena independencia en la toma de sus decisiones.
Efectivamente, pese al circo jurídico-mediático en torno a este proceso, tras tal sentencia, ¿cómo negar que España es hoy un Estado de Derecho y que el Gobierno del PP respeta cualquier resolución dictada por un organismo jurisdiccional?
Una absolución esperada por amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional; pero que, como algunos lo temíamos, sólo servirá para que la magistratura española pueda proclamar su indefectible respeto a la Ley y su plena independencia en la toma de sus decisiones.
Efectivamente, pese al circo jurídico-mediático en torno a este proceso, tras tal sentencia, ¿cómo negar que España es hoy un Estado de Derecho y que el Gobierno del PP respeta cualquier resolución dictada por un organismo jurisdiccional?
Además, como lo están enfatizando los medios, ¿cómo negar que, con este proceso, «se ha dado a las víctimas la oportunidad de contar su historia delante de un tribunal»? Y ¿cómo impedir a nuestro flamante ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que aproveche la ocasión para declarar que ninguna de las críticas (por supuesto «injustificadas») lanzadas contra el alto Tribunal por esta causa le ha hecho perder «el prestigio que tiene ante los ciudadanos»? Es así como quedan validadas todas las resoluciones anteriores de este Tribunal rechazando la revisión de sentencias franquitas. Inclusive las más injustas e ilegales que ni siquiera había respetado entonces el derecho en vigor : las sentencias a muerte pronunciadas contra Lluis Companys, Joan Peiró, Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado, Salvador Puig Antich, etc.
Como lo reconocen algunos juristas y colectivos de víctimas: «no puede haber grandes celebraciones por la sentencia absolutoria de Baltazar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo». Y es simple de comprender. No sólo es obvio que, con esta absolución, se ha cumplido un plan preconcebido y perfectamente calculado (este juicio que debería haber sido el primero ha sido el último) sino que todo este circo judicial ha hecho perder mucho tiempo a las víctimas desde que Garzón decidió investigar… Y no digamos a lo que ha llevado su personal manera de instruir la causa y de cerrarla antes de serle definitivamente retirada.
En cuanto al tiempo transcurrido, éste ha sido fatal para la mayoría de las víctimas que aún estaban vivas ; pues muchas de ellas han muerto en estos casi seis años transcurridos desde entonces. Pero lo peor es que se les hizo creer, pese a lo que dice y significaba la ley de «memoria histórica» de 2007, que este combate era el indicado, el más acorde con las leyes y con el momento político nacional e internacional para obtener justicia y reparación.
El problema ahora es que no sólo se ha perdido mucho tiempo sino que, además de no haberse conseguido nada, estamos judicialmente peor aún… ¿Cómo hacer abstracción hoy de lo que esta sentencia absolutoria establece como precedente procesal y condenatorio? Es evidente que ya no se podrá ignorar deliberadamente lo atada y bien atada que está la vía judicial, tras haber quedado probado que Garzón incoó «un procedimiento penal inviable», como lo ha emitido el magistrado discrepante José Manuel Maza. Atada y bien atada, y no sólo por la ley de amnistía de 1977 sino también por la de «memoria histórica» de 2007.
Esto es también lo que dice clara y tajantemente la sentencia absolutoria de Garzón aprobada por los seis magistrados que han votado a favor de ella. Y ello pese a que sólo hayan considerado «errónea, pero no prevaricadora» la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Pues han estimado y escrito que «el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal», que el establecimiento de la verdad histórica es una tarea que «corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores».
Lo único positivo, aprovechable de esta resolución absolutoria es el que incluye un reconocimiento de las demandas de las víctimas del franquismo en cuanto a que «no han concluido las actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje…»
Es de esperar pues que cuantos quieran proseguir el combate por la total rehabilitación (moral, política y judicial) de las víctimas del franquismo tomen consciencia de que esta rehabilitación depende de la voluntad de los legisladores; pues son ellos los “depositarios de la soberanía nacional”, los únicos que tienen la potestad de anular leyes y promulgar otras…
Son pues los diputados de la Democracia los responsables de que ésta siga validando las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la Dictadura. Una infamia y una cobardía políticas que permiten a la magistratura esquivar la responsabilidad moral de continuar validando la Justicia franquista. El protagonismo de Garzón ilusionó a muchos ; pero esa personalización del combate por la verdad histórica y la justicia ha sido contraproducente y lo ha encerrado en un callejón sin salida.
Es hora pues de denunciar a los verdaderos responsables de que siga esta vergüenza. Y tanto más que pronto harán 37 años de la muerte de Franco. Este era y sigue siendo el verdadero combate para que el proceso de recuperación de la memoria histórica pueda culminar con la plena rehabilitación de las víctimas del franquismo.
Octavio Alberola
Fuente: Octavio Alberola
