El pago atrasado de Obama a las víctimas de fraude hipotecario

En el discurso anual del Presidente ante el Congreso a muchos les pareció escuchar resonancias de lo que fuera el antiguo Barack Obama, aquel aspirante a la presidencia de 2007 y 2008. Una de las promesas populares de su discurso fue un ataque contra los bancos considerados “demasiado grandes para quebrar”, que financiaron sus campañas y para los que trabajaron muchos de sus principales asesores: “El resto de nosotros no los va a volver a rescatar jamás”, prometió.

El Presidente Obama también hizo un anuncio sorprendente que bien
podría haber sido redactado por la Asamblea General de Occupy Wall
Street: “Esta noche le solicito al Fiscal General que cree una unidad
especial de fiscales federales y fiscales generales estatales de alto
nivel para ampliar nuestras investigaciones sobre los préstamos abusivos
y los paquetes de hipotecas riesgosas que provocaron la crisis
hipotecaria. Esta nueva unidad hará rendir cuentas a quienes infrinjan
la ley, acelerará la asistencia a los propietarios endeudados y ayudará a
dejar atrás una era de imprudencia que perjudicó a tantos
estadounidenses”.

En una decisión sorprendente, el Presidente Obama nombró al Fiscal
General de Nueva York, Eric Schneiderman, como vice-presidente de la
Unidad de Investigación de Abusos en la Tramitación y Securitización de
Hipotecas. Schneiderman formaba parte del equipo de fiscales generales
estatales que estaba negociando un acuerdo con los cinco bancos más
grandes del país, pero se opuso al acuerdo por considerarlo demasiado
limitado y porque ofrecía una inmunidad demasiado generosa ante futuros
procesamientos por fraude financiero. Debido a su abierta defensa de los
consumidores fue expulsado del equipo de negociación. Schneiderman
retiró su apoyo a las negociaciones junto con otros importantes fiscales
generales, entre ellos la fiscal de California, Kamala Harris,
partidaria de Obama, y el fiscal de Delaware, Beau Biden, el hijo del
vicepresidente.

En un artículo de opinión publicado en noviembre pasado, Schneiderman
y Biden escribieron: “A principios de este año nos dimos cuenta de que,
a pesar de que muchos funcionarios públicos —entre ellos fiscales
generales estatales, miembros del Congreso y del gobierno de Obama—
investigaron aspectos de la burbuja y de la crisis, necesitábamos una
investigación más exhaustiva antes de que las instituciones financieras
que estuvieron en el centro de la crisis resulten deslindadas de toda
responsabilidad”.

Cuando salió a la luz la noticia de la designación de Schneiderman,
MoveOn.org envió un correo electrónico a sus miembros que decía: “Hace
apenas unas semanas la posibilidad de realizar esta investigación no
estaba sobre la mesa y los grandes bancos estaban presionando para
lograr un acuerdo amplio que la hubiera impedido. …Es una gran
victoria para el movimiento del 99 por ciento”.

Hay mucho en juego tanto para la población como para el propio
Presidente Obama. Se apoyó en gran medida en los partidarios de Wall
Street para financiar su gigantesca campaña en 2008. Ahora, tras el
fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión
Federal Electoral, en un momento en que se prevé que los presupuestos de
campaña alcancen los miles de millones de dólares, Obama podría
descubrir que ya no es popular en Wall Street. Para la población, como
bien sostuvo el Centro para Préstamos Responsables (CRL,
por sus siglas en inglés): “Más de 20.000 nuevas familias afrontan
ejecuciones hipotecarias cada mes, entre ellas un porcentaje
desproporcionadamente elevado de familias afroestadounidenses y latinas.
El estudio del CRL señala que tan solo estamos en la mitad de la crisis”.

Lo que aún está por verse es si la designación de Schneiderman es una
señal de que ahora está dispuesto a avanzar con el acuerdo
multiestatal, que está a punto de concretarse. Los detalles aún no son
públicos, pero hay información de que el acuerdo implicaría el pago de
25 mil millones de dólares por parte de los bancos más grandes por
cargos relacionados con prácticas inadecuadas en los préstamos
hipotecarios, como la firma de documentos sin verificar y la
administración claramente inadecuada de los préstamos, lo que aumenta la
probabilidad de que se produzcan ejecuciones hipotecarias.

Matt Taibbi, de la revista Rolling Stone, que ha realizado una gran
investigación periodística sobre la crisis financiera, me dijo: “No
tiene sentido que las empresas lleguen a un acuerdo sin la participación
de Nueva York o California, ya que la responsabilidad potencial que
deberían afrontar en esos dos estados podría llevarlos a la quiebra,
podría paralizar a cualquiera de los bancos considerados ‘demasiado
grandes para quebrar’”.

Obama es consciente de que entre quienes participaron en las
protestas de Occupy Wall Street en todo el país se encuentran algunos de
sus más fervientes partidarios durante la campaña de 2008. ¿Será que la
formación de esta nueva unidad de investigación podría significar un
corrimiento hacia políticas más progresistas, cómo sugiere MoveOn?

Ralph Nader, defensor de los consumidores y ex candidato a la
presidencia, no tiene muchas esperanzas: “Esta unidad de delitos
financieros es como agregar un nuevo cartel en la puerta de algunas
oficinas del Departamento de Justicia sin una verdadera ampliación del
presupuesto”. Beau Biden, fiscal general de Delaware, expresó
preocupaciones similares acerca del grupo de trabajo. Se preguntó
“¿Cuántos agentes del FBI, cuántos investigadores, cuántos fiscales están siendo asignados a esto? Son algunas preguntas intrincadas que me planteo.”

Esta es la síntesis del conflicto planteado por Occupy Wall Street.
Es posible que el nuevo cargo de Eric Schneiderman lleve al
procesamiento de banqueros fraudulentos. ¿O se tratará simplemente de
otra denuncia sobre nuestro corrupto sistema político?

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Escuche (en español)

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Fuente: Amy Goodman