Muchos análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que vienen aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre las clases trabajadoras.
Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.
En
el libro Desiguales.
Mujeres y hombres frente a la crisis financiera
(Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la
discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los
factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que
incrementó la desigualdad que está en su origen.
En
el libro Desiguales.
Mujeres y hombres frente a la crisis financiera
(Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la
discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los
factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que
incrementó la desigualdad que está en su origen. Y también que si
las políticas que aplicasen los gobiernos, como viene sucediendo,
fueran las que satisfacen a los grandes grupos financieros y
patronales la crisis traería consigo un mayor aumento de las
diferencias entre mujeres y hombres.
Esto
último es lo que ha pasado y los
gobiernos han sido plenamente conscientes de los efectos tan injustos
de sus políticas que han tomado también medidas orientadas a
ocultarlos o disimularlos.
Así,
en cuanto comenzaron a tomarse medidas «contra la crisis»,
un eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de
las grandes
empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a costa
de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el
impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación
de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto
desigualitario.
Ahora,
al gobierno de
Rajoy tampoco parece que le preocupe determinar previamente quiénes
serán los paganos o principales beneficiarios de las medidas que
adopta, única forma de poder seguir difundiendo la mentira de que
sus políticas satisfacen los intereses nacionales cuando en realidad
simplemente están favoreciendo a los sectores sociales de mayor
renta, riqueza y poder.
La
primera batería
de medidas que se acaban de aprobar es una muestra bien clara de que
las cargas que genera la crisis se reparten muy desigualmente entre
la población y que perjudican de un modo especial a las mujeres.
La
congelación del salario mínimo (por primera vez desde
1967) cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo
(solo por debajo de el de Eslovaquia
o Portugal) perjudica considerablemente más a las mujeres
trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5 de ellas que ganan
menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los hombres, según
la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).
La
congelación del salario mínimo también afecta de forma más
negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen
estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los
que «tiran a la baja» los salarios mínimos más reducidos.
El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los
hombres -como media un 78% del masculino- y la retribución media por
hora trabajada que reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según
la mencionada encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa
empleos con salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese
porcentaje es de solo el 4,77% en el caso de las mujeres.
En
particular, la
congelación del salario mínimo es especialmente perjudicial para
algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al servicio
doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90% son
mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente
como referencia.
Y
al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también
especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como
han demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda
(http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228),
va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles
de ingresos.
El
aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también afecta
especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son
viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la
ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además
supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que
su coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que
debería haber entrado ya en vigor el año pasado.
La
pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las
pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto
que, como
media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres
(aproximadamente el 61% de la que perciben como media los
pensionistas masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en
situación precaria, de pobreza o exclusión: algo más del 70% de
quienes reciben las más bajas pensiones no contributivas son
mujeres.
La moratoria en
la puesta en marcha de la ley de dependencia supone asimismo un
perjuicio y una carga adicional principalmente para las mujeres
puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea
de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el caso
de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o
familias (en más o menos la misma proporción).
La congelación
de plantillas en el sector público también perjudica especialmente
a las mujeres por varias razones. Primero porque las mujeres son las
que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre todo, en
ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los
recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en
realidad no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos
para ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.
Además,
las mujeres ocupan en el sector público los puestos más precarios y
por tanto más afectados por los recortes en número y gasto de
personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09% de
los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por
otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría
más bajos -C2- solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango
-A1-, son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio
de Hacienda sobre Personal
al servicio del Sector Público Estatal 2009.
En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de
plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará
principalmente a los empleados públicos de sexo femenino.
En
otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente negativo
para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que
suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para
promover el empleo a tiempo
parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con políticas que
deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución del gasto
social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y con un
silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que
detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad
real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes
sino otra cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una
modificación de la división del trabajo para volver a esquemas
patriarcales que implican especializar a las mujeres en una doble
tarea laboral, la no retribuida en su familia y la puntual y mal
pagada en el mercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una versión
postmoderna pero incluso más precaria aún de la pata quebrada y en
casa del franquismo.
Finalmente,
y en términos más
generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social,
no solo en los campos a los que acabo de hacer referencia, está
perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los
recortes, como está pasando especialmente en las comunidades
gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos
subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a
cubrir necesidades o intereses femeninos como los institutos de la
mujer, los servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar
contra la violencia de género.
En
suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en
general son los que en mayor medida
están pagando los costes de las políticas que se aplican frente a
una crisis provocada por los banqueros pero que se destinan
justamente a aumentar su poder y sus privilegios.
Pero
eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán un
peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más
probabilidad de
perder el puesto de trabajo que los hombres y porque les afectará en
mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y salario; si son
pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la pérdida de
ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los hombres;
si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de bienes
públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de
dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta
la corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el
tener al marido en casa en lugar de quitarle problemas de
conciliación se los aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y
Mauricio Matus en Impacto
de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal de las empresas andaluzas,
Fundación de Estudios Sindicales 2010).
La
patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas
ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de
igualdad entre mujeres y hombres son simplemente «guindas»,
lujos que ni siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos
podemos permitir. No solo demuestran así el carácter reaccionario,
arcaico y patriarcal de su pensamiento. Con ello va también su
ignorancia porque la experiencia nos está demostrando claramente que
la mayor desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han
sido el freno más potente del progreso y la causa de las crisis y de
las perturbaciones sistémicas que estamos viviendo.
Juan
Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
de Sevilla (www.juantorreslopez.com)
Fuente: Juan Torres López
