Resistencias en Renfe Operadora y Adif contra la destrucción de lo público

Desde que en enero de
2005 el gobierno segregara
la antigua empresa
pública integrada Renfe
en dos empresas distintas (la operadora
y la administradora de la infraestructura),
tanto las condiciones
laborales como el propio servicio
prestado a la sociedad han sufrido
un deterioro importante.

La segregación formaba parte
de las políticas de destrucción de
lo público, establecidas por el capital
y asumidas por la Unión Europea
y los gobiernos. Las bases
de la liberalización del ferrocarril
se establecieron en 1996 en un
Libro Blanco que asumía la destrucción
de empleo y condiciones
laborales, así como la reducción
de la seguridad, limitando las inversiones
a una cuestión puramente
estadística y tomando como
elemento de comparación la
altísima siniestralidad de la carretera.
La privatización pionera de
los ferrocarriles británicos se tomó
en su momento como paradigma,
pero su fracaso no ha frenado
ni ha cambiado una política sumisa
y peligrosa.

El modelo liberalizador que se
está llevando a cabo en la UE sigue
las mismas pautas básicas,
tanto en el transporte como en las
comunicaciones y en el sector
energético: segregar infraestructuras
y servicios, fragmentar los
monopolios públicos estatales regulados
para convertirlos en oligopolios
privados multinacionales
desregulados, someter los intereses
comunes de la sociedad a
los intereses particulares de unos
pocos, y sanear para que al capital
no le resulte demasiado caro
apoderarse de lo público.
Por sanear se entiende eliminar
unas deudas que son sólo
contables y que se han creado para
enmascarar los déficits presupuestarios;
invertir dinero público
para evitar costes de mantenimiento
a los usurpadores; establecer
criterios de rentabilidad
económica eliminando aquellos
servicios cuyos beneficios son sociales
y, por supuesto, eliminar
plantilla estable y modificar las
condiciones laborales introduciendo
criterios de competitividad,
según los cuales los trabajadores
deben competir entre sí
renunciando a sus derechos para
poder tener un puesto de trabajo.

En esta carrera de desarme de
los trabajadores, el papel de los
sindicatos no es ni puede ser neutral;
lo lógico y deseable sería que
actuaran en defensa de los intereses
de los trabajadores, pero esto
no siempre es así; por desgracia,
de forma mayoritaria, no lo es. El
papel de agentes sociales, de socios
de patronal y gobierno en la
concertación, de aceptación de
los criterios del capital, de valedores
de la productividad, de la
flexibilidad y de la competitividad
–un papel que asumen sin
grandes traumas–, les sitúa sin
matices en uno de los bandos y
frente a los trabajadores.

JORNADA DE HUELGA.
El 31 de marzo cientos de trabajadores de Renfe y Adif se manifestaron
en la estación de Atocha. (Foto José Alfonso)

Juego sucio de Renfe

El motivo inmediato del conflicto
es el desarrollo profesional. En
Renfe-Operadora se negocia sin
tener en cuenta las reivindicaciones
de los trabajadores e introduciendo
desregulación, flexibilidad,
diferentes escalas salariales
y situaciones de discriminación
entre colectivos, mientras que la
dirección de Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) se niega a abrir tan siquiera
la negociación, al tiempo que
impone modificaciones de funciones
y condiciones de trabajo
de forma unilateral, llevando a
cabo una reclasificación encubierta.
El conflicto se extiende en
el tiempo, con colectivos como los
trabajadores de Estaciones de
Viajeros, que llevan años movilizados,
o los maquinistas de AVE,
que han acordado la convocatoria
de huelgas diarias desde el 18
de abril hasta el 30 de junio.

Los gestores de ambas empresas
han jugado sucio contra los
trabajadores, tratando de impedir
tanto la huelga como sus efectos,
tratando de ocultársela al público
y a los medios. La Dirección de
Renfe-Operadora consiguió un
acuerdo de última hora, en la madrugada
de la víspera de la jornada
de paro, con la firma de una escasa
mayoría sindical formada
por el sindicato corporativista de
maquinistas y la UGT, una mayoría
que, fuera del colectivo de conducción,
cuenta tan sólo con un
23% de representatividad.

Métodos clásicos de presión

La dirección de Adif optó por métodos
más clásicos de presión,
amenazando con despidos a los
trabajadores que, obligados a trabajar
mediante cartas de servicios
mínimos, cumplían escrupulosamente
con sus responsabilidades
facilitando la circulación de los
servicios establecidos por el
Ministerio de Fomento como esenciales
para la comunidad, orden
que la Dirección de Adif pretendió
no reconocer.

El de las dos empresas segregadas
de Renfe no se trata de un
conflicto puntual ni de un conflicto
aislado. En un escenario social
en el que se destruye empleo y derechos
sociales, se flexibiliza, se
incentiva el despido, se nos roban
los servicios públicos, se incrementan
las horas y los años de
trabajo, se nos quita la vida en el
tajo, se nos obliga a financiar a
los ricos sus crisis; en un escenario
social en el que se nos reprime,
se nos silencia, se nos compra
y se nos vende, no hay conflictos
aislados, sino voluntades
de lucha, que deben converger en
una Huelga General.