Julián Zubieta Martínez: “Juicios de Valor”

Una de las acepciones que propone la Real Academia Española (RAE) sobre la voz “juicio” lo determina como una “facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso”. Sorprende un poco la facultad demiúrgica que se le concede a esta acción todopoderosa, aunque su aceptación viene precedida por un largo proceso de hechos históricos que así lo han exigido. Por ejemplo, la inclusión en el Diccionario Biográfico Español del panegírico sobre Franco, cuyo autor, el historiador medievalista Luís Suarez, no duda en divulgar, bajo presupuesto estatal, su propio juicio de valor.

En
consonancia a lo dicho hasta aquí, podemos considerar un juicio de
valor como un sistema particular de valores que implican una
interpretación de acuerdo con una determinada orientación. Ningún
problema. La libertad de expresión acoge sin ninguna dificultad, o
por lo menos así debería, toda opinión; en el caso del
medievalista, transformado en contemporanéista para construir la
biografía del caudillo “por la gracia de dios”, es evidente su
orientación personal, donde se distingue una clara inclinación
hacia la ideología que predomina en la Hermandad Valle de los Caídos
de la cual es presidente y colaborador de su revista Altar
Mayor. En el nº 97 (enero de 2005)
de la revista señalada leemos, bajo la firma del autor citado, que
los “sectores importantes del
catolicismo francés estuvieron a favor de la España roja y en
contra de la España nacional, como si los mártires producidos en
aquella contienda no tuvieran nada que ver con la Iglesia católica y
sí, en cambio, lo que ellos llamaban el espíritu de libertad”.
Queda claro su posicionamiento ideológico, sobre todo en el énfasis
diferenciador entre los bandos: rojos y nacionales.

Como
digo no hay nada que reprochar al investigador citado. Se le ha
propuesto la elaboración y confección de una biografía, y él ha
seguido unos criterios personales relacionando los acontecimientos
que han determinado el juicio de valor correspondiente, que puede
gustar más o menos, pero, no olvidemos, que es su opinión. Por el
contrario, sí se puede culpabilizar a la Real Academia de la
Historia (RAH) por la elección de este autor, puesto que el
presupuesto para la construcción del Diccionario parte de las arcas
públicas del estado, o sea de todos nosotros. En este punto, no
podemos dejar pasar que una de las finalidades del Estado es
armonizar los derechos de libertad individual en sociedad (en base a
la idea kantiana de la libertad como derecho básico del individuo),
es decir, evitando los conflictos entre individuos que pueden
derivarse de su ejercicio. Este planteamiento supone que el Estado no
debe configurar la libertad individual, por ejemplo mediante
publicaciones con un sesgo ideológico determinado, como es el caso
de la voz correspondiente a Franco en ese diccionario, ya que se
entromete en la esfera de la educación individual.

El
Estado debería otorgarse exclusivamente la función de la regulación
de los conflictos, buscando la objetividad de los hechos históricos,
en este caso más insistentemente, debido a la sensibilidad que
almacena la memoria de los desaparecidos y los asesinados por el
general mencionado. Ya que su muerte no debe confiarse a ningún
panfleto divulgativo propagandístico y apologético como el citado,
sino a la fidelidad histórica que desafía al tiempo y al poder que
se resiste en reconocer los asesinatos. Y no vale la excusa propuesta
por el director de la RAH, Gonzalo Anes, cuando sugiere que la voz de
una entrada mal entendida, no puede desvirtuar toda la labor
realizada por la Academia. Recordarle al historiador que Franco es
uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad, como
muchos investigadores han dejado y están dejando constancia desde la
otra vertiente de la historia. Por lo tanto no se trata de una
entrada sin más. Es la figura que determina la tragedia histórica
del siglo XX en España.

La elección de un autor
en vez otro por parte de la RAH, en este caso implica que no existe
la igualdad en las condiciones de partida. Y más, conforme a los
datos que ha aportado sobre Franco,
presentándolo como “un dirigente
católico, moderado
e inteligente (…) un
jefe riguroso y eficaz que (…) se
hizo famoso por el frío valor que sobre el campo desplegaba”, y
que “dibujó
el nuevo orden constitucional”;
que la guerra civil no fue un golpe de estado, sino “un
pronunciamiento militar fallido que desembocó en una guerra civil”
que duró “casi tres años”; y que la pericia del general
“le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con
fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles mercados, y contando
con la hostilidad de Francia y de Rusia, hubo de establecer estrechos
compromisos con Italia y Alemania». Y tras esto, y para más
confusión, nos encontramos con dos acepciones distintas sobre el
franquismo dentro de las dos “Reales” Academias: la RAE lo define
como un «movimiento
político y social de tendencia totalitaria,
iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al
general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la
jefatura del Estado», y por el contrario, ahora la RAH lo
califica de “autoritario, no totalitario”. Con cual nos
quedamos, porque no es lo mismo.

Al igual que las dos
academias se contradicen, se podían haber buscado distintas opciones
para vestir la enciclopedia más equilibradamente: la elección de
dos autores, uno de cada tendencia ideología –la imparcialidad y
objetivismo no existen en la investigación, el mero hecho de elegir
un dato ya descarta otro-, para la confección de las entradas, de
manera que sean los lectores los que pudiesen comparar y sacar sus
propias conclusiones. Pero las directrices –recordemos que la RAH
comienza sus juntas generales para “que el Espíritu
Santo ilumine con su gracia nuestra inteligencia y nuestro corazón”
y que entre sus filas cuenta con eclesiásticos y algún que otro
ilustre hijo del franquismo- no han abandonado su sesgo reaccionario
y monárquico, donde el ejercicio de la libertad es falaz. De manera
que toda la culpa, en mi opinión, recae en el Estado, ya que debería
cuidar más sus patrocinios, y desde luego, no debería ocultar ni
callarse ni maquillar, sus culpas, no olvidemos que Franco fue jefe
de Estado. Los episodios más oscuros de este Estado, las crueldades,
las torpezas y las injusticias cometidas en su nombre, por sus
representantes legítimos o ilegítimos, son parte de nuestra
historia, nos guste o no, son nuestra política, por lo tanto,
pertenecen al ser humano, y por eso el Estado no está exento de
cometer errores. Pero sí que debemos exigirle que relate de una vez
por todas la crónica negra de nuestra historia. Reconocerla sería
la honradez que merecen todas las víctimas producidas por su poder y
no sería una profesión de fe hacia su condición, sino que sería
una constatación democrática en la que estarían incluidos todos,
víctimas y verdugos. Negar una parte de los hechos históricos es
una automutilación de nuestra propia historia.

Una
divulgación honesta y fiel es la base de toda cultura seria, y eso
porque nadie puede conocer de primera mano todo lo que sería o,
mejor dicho, es necesario conocer. Excepto los pocos campos en los
que logramos profundizar, toda nuestra cultura es de segunda mano: es
imposible leer todas las grandes novelas, ver todas las políticas,
saber todos los sucesos. Por eso, los sucesos del siglo XX dependen
en buena medida de la calidad de esta segunda mano: hay divulgaciones
que, aun reduciendo y simplificando, trasmiten lo esencial y otras
que lo falsifican y lo alteran, incluso con petulancia ideológica,
como es el caso del susodicho Real diccionario. Siempre Real y nunca
más apartado de la realidad; siempre enjuiciando desde el poder
reaccionario, olvidándose que también los juicios de valor deben
evolucionar, que son el punto de partida, no el final, del progreso
empírico del conocimiento y la evolución de los valores humanos.

Julián Zubieta Martínez