Un pequeño grupo de empleadas de Wal-Mart demandó hace 10 años al gigante minorista estadounidense por presunta discriminación sexual en el trabajo, una demanda que actualmente está analizando el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que podría suponer para la compañía una indemnización valorada en más de 1.000 millones de dólares.
MADRID, 31 Mar. (Reuters/EP) - En Enlazando Alternativas
Las trabajadoras acusan a la compañía de pagar menos a
las mujeres en comparación con los hombres y de obstaculizar su
promoción y ascenso en el trabajo. Así, a la demanda inicial de las
empleadas de una de las tiendas de Pittsburg (California) —lideradas por
Betty Dukes— se fueron sumando las de otras, por lo que Wal-Mart se
podría enfrentar a la mayor demanda popular interpuesta por
discriminación sexual de la historia, a la que podrían acogerse un
millón y medio de empleadas de la última década.
Las trabajadoras acusan a la compañía de pagar menos a
las mujeres en comparación con los hombres y de obstaculizar su
promoción y ascenso en el trabajo. Así, a la demanda inicial de las
empleadas de una de las tiendas de Pittsburg (California) —lideradas por
Betty Dukes— se fueron sumando las de otras, por lo que Wal-Mart se
podría enfrentar a la mayor demanda popular interpuesta por
discriminación sexual de la historia, a la que podrían acogerse un
millón y medio de empleadas de la última década.
Los abogados de las empleadas han
presentado sus argumentos ante el Tribunal Supremo estadounidense con el
objetivo de que la corte admita a trámite la demanda, en medio de una
multitud reunida a las puertas de los juzgados que reclamaba igualdad de
trato para las féminas.
A la salida de la vista, una de las demandantes, Chris
Kwapnoski, se ha mostrado confiada en que el caso «no se va a perder».
Por el contrario, el conservador Justice Anthony Kennedy, ha mostrado
sus dudas sobre la ilegalidad de las prácticas de Wal-Mart. En este
sentido, ha calificado de «incoherentes» los argumentos de las
demandantes.
La decisión final del Tribunal Supremo no se hará
pública hasta finales de junio y podría cambiar el paisaje legal de las
relaciones laborales, además de abrir las puertas a otros pleitos de
acción colectiva (denominados ’class-action suit’). En caso de perder el
juicio, los analistas financieros han indicado que la compañía podría
asumir este desembolso sin que repercuta en sus ganancias.
