Unas 40 personas de la organizaciones CNT-AIT, CGT, Endavant, Maulets
y el Frente Unido de Inmigrantes han participado hoy en una protesta
frente a la Delegación del Gobierno en Palma para condenar el estado
de alarma decretado por el Ejecutivo ante el paro de los
controladores.
— – Según ha explicado a Efe el secretario de
Organización de la CNT en Baleares, Domingo Chamarro, el lema de la
protesta ha sido «Contra la privatización militarizada, respuesta
organizada» y en ella se ha instado a la ciudadanía a que muestre su
rechazo a la manera en que ha reaccionado el Gobierno. — Para
Chamarro, el decreto que aprobó el Gobierno el pasado viernes no solo
facilita que se dicte el estado de alarma si los controladores no
trabajan, sino también en el caso de otros sectores públicos, como los
médicos, por lo que, a su juicio, es un «atentado a los derechos
laborales».
El responsable del sindicato ha indicado que todo el mundo se ha
puesto en contra de los controladores, cuando, ha explicado, la
situación en la que se encuentran es fruto de una «mala gestión
política» por parte del Gobierno.
En un comunicado, las organizaciones convocantes afirman que condenan
«de forma absoluta el estado de alarma decretado por el Gobierno, que
supone la suspensión, a niveles prácticos, de los derechos
constitucionales en motivo de un conflicto laboral».
A su juicio, la situación que se está viviendo en el país es un
«antecedente muy grave», puesto que consideran que, a partir de ahora,
los trabajadores se podrían enfrentar a la suspensión del derecho de
huelga en cualquier sector en el que éstos tengan «capacidad y fuerza»
para defender los derechos colectivos.
El Estado, en su opinión, no puede continuar actuando a partir de
decretos, pasando por encima del derecho a la negociación colectiva y
de los derechos laborales y sociales.
«El problema de fondo es que el Estado ha decretado vender AENA para
hacer caja y poder seguir pagando la deuda pública, como consecuencia
de haber dado miles de millones de euros a la banca», denuncian al
tiempo que remarcan que el ente público es un regalo que el Gobierno
quiere entregar a sus «amigos empresarios».
Las organizaciones convocantes de la concentración recuerdan que todo
esto sucede en un contexto de «5 millones de parados y paradas y con
el gran riesgo de exclusión social de más del 30 por ciento de la
población, la inminente reforma de las pensiones y una reforma laboral
que reduce todavía más nuestros derechos», advierten.
Por ello, concluyen que la revuelta social de los trabajadores es «la
única respuesta ante la violencia del Estado y de los empresarios».
abc.es
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