Un Ferrocarril Público y Social. El modelo de CGT

Los actuales planes del Ministerio de Fomento pretenden dar el impulso definitivo a la privatización que comenzó el actual gobierno (y que ya tenía planificada el anterior) con la puesta en marcha de la Ley del Sector Ferroviario. Se limitará la consideración de servicio público a determinados trenes de viajeros, con criterios que decidirá el Consejo de Ministros.

Los actuales planes del Ministerio de Fomento pretenden dar el impulso definitivo a la privatización que comenzó el actual gobierno (y que ya tenía planificada el anterior) con la puesta en marcha de la Ley del Sector Ferroviario.
Se limitará la consideración de servicio público a determinados trenes de viajeros, con criterios que decidirá el Consejo de Ministros.

Pasados tres años, los trenes considerados servicio público podrán salir a subasta, y RENFE sólo podrá licitar en condiciones de “igualdad” con las empresas privadas si “abarata” costes (fundamentalmente laborales).
Los demás trenes serán eliminados si no presentan beneficios económicos, salvo los que discurran por una Comunidad Autónoma y ésta quiera costearlos.

Si embargo, los servicios transferidos a la Generalitat de Catalunya siguen sin contar con el Contrato Programa comprometido que garantice su viabilidad.

La eliminación de servicios supondrá un cierre de líneas comparable sólo al que en 1984 aprobó el también gobierno del PSOE, y que eliminó 1.916 km de vías.

Mercancías RENFE será dividida en empresas mercantiles especializadas, fragmentada y privatizada. Las empresas privadas recibirán el apoyo económico que se ha negado al ferrocarril público.

El Ministerio de Fomento ha anunciado un Plan Extraordinario de Colaboración Público Privada cuyo objetivo real es entregar a las empresas privadas también la gestión de las infraestructuras y la seguridad de las infraestructuras que se construyan.

Y todo esto en el contexto de una Reforma Laboral que permite ponernos en la calle con una indemnización mínima y sin necesidad de mayores justificaciones.

Ante esta situación hay dos opciones : enfrentarse a ella mirando de frente y plantarle cara para impedir que nos masacren, o colaborar con el Ministerio para que lo haga de una forma “civilizada”. En esta última postura se sitúan quienes han permitido, sin reaccionar, que la situación llegue a este estado, porque deben demasiados favores y están acostumbrados a tragar, porque consideran que es mejor que nos sacrifique un gobierno “amigo”, porque les preocupan más sus “presentes” que el futuro del ferrocarril y de l@s ferroviari@s, o porque prefieren proponer una salida para unos pocos aunque saben que no les van a autorizar un nuevo despido colectivo.

EL MODELO DE CGT UN FERROCARRIL PÚBLICO Y SOCIAL

Desde CGT venimos defendiendo el ferrocarril público desde hace muchos años, y lo hemos hecho con rigor y constancia, y sobre todo con coherencia.

El ferrocarril que defendemos tiene ventajas medioambientales y energéticas, de cohesión territorial, económicas, sociales y laborales ; es un ferrocarril de tod@s y para tod@s, con empleo estable, seguro y con derechos.

El ferrocarril debe seguir siendo un servicio público, orientado a
generar un beneficio social para el conjunto de la comunidad.

Debe seguir siendo propiedad pública, nos oponemos a toda forma de privatización.

Las inversiones en transporte y en infraestructuras deben favorecer de forma prioritaria al ferrocarril convencional.

Se debe recuperar el abandono sufrido por el ferrocarril durante largos años.

El ferrocarril debe garantizar la seguridad por delante de cualquier otro criterio.

Infraestructura y transporte deben estar integrados en una misma empresa. No nos resignamos a la segregación que impuso la Ley del Sector Ferroviario y luchamos contra sus efectos, que ya hemos empezado a sufrir tanto trabajador@s como usuari@s.

Se debe tener en cuenta el ahorro en costes externos que supone el ferrocarril, favoreciendo su desarrollo como modo prioritario de transporte.

Los usuarios deben beneficiarse de este ahorro, mediante servicios adecuados y tarifas asequibles y subvencionadas.

Debe fomentarse el uso prioritario del ferrocarril, tanto para viajeros como para mercancías. Es el modo de transporte más seguro y el más accesible para la mayor parte de las personas, y el menos contaminante y dañino para nuestra salud y nuestro entorno.

El empleo en el ferrocarril debe contar con un marco laboral común, que garantice tanto las condiciones laborales como la seguridad. Las continuas destrucciones de plantilla han provocado la externalización de cargas y la subcontratación, precarizando el empleo y el propio servicio ferroviario.

Planteamos la necesidad de recuperar la inversión en el ferrocarril convencional que garantice el mantenimiento de las infraestructuras en condiciones óptimas, potenciando las comunicaciones de corta y media distancia, incrementando los servicios de proximidad y la vertebración del territorio en su conjunto.

También se hace imprescindible abrir los tramos de líneas cerradas y traspasar un porcentaje suficiente del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril para desbloquear el actual colapso de consumo energético y de degradación medioambiental.

Pero sobre todo planteamos la necesidad de que exista un debate público, porque los usuarios y la sociedad tenemos derecho a que se nos informe y a participar en la definición de un modelo de transporte que nos afecta a todos y que financiamos entre todos.