Los delegados sindicales de la CGT de Adif y de Renfe-Operadora se han encerrado a las 6.00 horas de hoy en los locales sindicales «en defensa de un servicio de ferrocarril público» y como protesta por la destrucción de empleo y externalización de los servicios.
Según ha explicado el secretario sindical de CGT en Renfe-Peradora, Pablo Rodríguez, el encierro se mantendrá hasta las 20.00 horas y se ha convocado en varias ciudades de España por los mismos motivos.
En la Comunitat Valenciana los encierros se mantienen en Valencia y Castellón, ya que en Alicante la CGT no tiene representación sindical.
Rodríguez ha indicado que primero se comenzó con la privatización de la venta de billetes, lo que motivó una huelga en la estación del Norte de Valencia que logró que se parara esa medida pero no así en otros estaciones de Barcelona, Madrid, Tarragona.
También se han privatizado los servicios logísticos, como la clasificación de trenes de mercancías, y ha indicado que en las instalaciones de Fuente de San Luis en Valencia, en la entrada al puerto y en la terminal de Silla ya han comenzado un servicio con personal de Adif y de una empresa contratada.
Desde CGT se ha lamentado que «poco a poco se van quitando trabajadores» y ha asegurado que las medidas que se toman «son sólo para contentar a los sindicatos mayoritarios», que incluso «han pactado un Expediente de Regulación de Empleo».
El responsable de CGT ha anunciado que el próximo día 27 se celebrará una concentración en la estación del Carmen, en la capital murciana, a las 16.30 horas y, el 3 de diciembre se realizará una en Madrid, ante el Ministerio de Fomento, a cuya titular, Magdalena Álvarez, pretende entregar un escrito.
En ese escrito afirma que «el fracaso de las políticas económicas liberalizadoras del mercado y, con ello, privatizadoras de los empleo y Servicios Públicos, es un hecho incuestionable».
Señala también la CGT que «al tiempo que -esas políticas- nos arrebatan el ferrocarril social, pretenden imponernos y obligarnos a financiar un ferrocarril elitista y depredador, al que la mayoría de ciudadanos no podemos acceder».
En el escrito se señala que el modelo que se pretende imponer en España y que «ha tenido nefastas consecuencias en otro países que lo han adoptado supone la reducción de inversiones a costa de la seguridad, el aumento de las tarifas e incremento del coste público y la degradación del empleo, del servicio y de la calidad del mismos».
Fuente: EFE
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