Los agentes de la zona ORA Valencia tienen dudas sobre la legalidad de la orden de fotografiar los tiques caducados en el interior de los vehículos aparcados en zona azul. La medida, de la que ya Levante-EMV, está dando pie a enfrentamientos entre usuarios y controladores. Los empleados de la ORA lamentan la falta de respuestas de las instituciones ante sus preguntas. Los agentes de la ORA de la sección sindical de CGT de Dornier S.A., la contrata de la ORA de Valencia, han preguntado a la administración si al fotografiar los salpicaderos y las matrículas de los vehículos "como prueba de cargo" están incurriendo en alguna ilegalidad, según informó ayer Europa Press.

Los agentes de la zona ORA Valencia tienen dudas sobre la legalidad de la orden de fotografiar los tiques caducados en el interior de los vehículos aparcados en zona azul. La medida, de la que ya Levante-EMV, está dando pie a enfrentamientos entre usuarios y controladores. Los empleados de la ORA lamentan la falta de respuestas de las instituciones ante sus preguntas. Los agentes de la ORA de la sección sindical de CGT de Dornier S.A., la contrata de la ORA de Valencia, han preguntado a la administración si al fotografiar los salpicaderos y las matrículas de los vehículos «como prueba de cargo» están incurriendo en alguna ilegalidad, según informó ayer Europa Press.

Los empleados, que conocieron la nueva medida en un cursillo de introducción y modificación del sistema sancionador de Zona Azul, lamentaron «la falta de respuesta de las instituciones» a sus escritos. Los trabajadores remitieron el pasado mes de marzo un escrito a la Delegación de Gobierno en el que demandaban información a cerca de la legalidad de dicha instrucción, según apuntaron, «pactada entre la empresa Dornier S.A. y el Ayuntamiento de Valencia». CGT comentó que la Subdelegación del Gobierno contestó a sus peticiones «un mes después» y les indicó que «trasladaba la información al Ayuntamiento de Valencia», al que se dirigieron también y que no ha respondido.

Las fotos se hacen con un miniordenador (PDA) y se remiten en el momento a la Central de Policía para su validación por otro agente de la ORA que actúa como testigo. Hasta ahora eran los policías locales, cuyo testimonio tiene presunción de veracidad, los que ratificaban con su firma la denuncia. El concejal socialista José Luis Ábalos advirtió ayer de los problemas de «indefensión» que esta medida de «privatización del proceso sancionador» genera a los ciudadanos. Añadió que el objetivo es «hacer caja». El equipo de gobierno no respondió ayer a las llamadas de este diario.

Los controladores de la ORA «no tienen claro» si esta medida «podía acabar en sanciones administrativas o penales».


Fuente: Levante-EMV Valencia. Foto : Fernando Bustamante.