Pese al respaldo del resto de sindicatos al acuerdo, la central mayoritaria dice que Recursos sólo oferta a los 2.300 empleados «estabilidad sin subir ningún concepto» · Bermúdez pide que «reconsideren» su postura
Otra sonora protesta de afiliados y responsables de CGT, sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, jalonó ayer el desarrollo del pleno municipal de junio. El motivo, esta vez, es la «estafa» en la negociación del nuevo convenio colectivo para los alrededor de 2.300 trabajadores que integran el Ayuntamiento matriz, ya integrado por los antiguos organismos autónomos que, a su vez, se regían mediante diversos pliegos de condiciones laborales. La «austera» subida de la masa salarial del 4,3% no sólo no contenta a la central sino que, además, es «indigno que el delegado de Recursos quiera vendernos como magnífico un acuerdo que sólo garantiza logros que ya tenemos», según manifestó a este medio la portavoz del sindicato, Nieves Calvillo.
Al hilo de lo anterior, desde CGT lamentan que el gobierno municipal únicamente ofrezca para los próximos cuatro años «estabilidad garantizando que no habrá despidos, cuando teóricamente es algo que ya tenemos consolidado por tratarse, en muchos casos, de contrataciones en fraude de ley, como ya demostraron las sentencias judiciales por los despedidos de Urbanismo».
Por su parte, Bermúdez aseguró haber «cerrado» con los sindicatos la parte económica del convenio, aunque expresó su deseo de que «sean todos los sindicatos los que presenten esta propuesta a los trabajadores para su aprobación», por lo que reclamó a CGT que «reconsidere su postura» tras levantarse de la mesa de negociación el pasado jueves. El concejal socialista aclaró en rueda de prensa que la propuesta económica del gobierno local se enmarca dentro del compromiso que asumió la alcaldesa, Pilar Sánchez, de dar «estabilidad a la plantilla municipal». «La contraprestación a esta estabilidad es que el crecimiento de la masa salarial no podía ser el mismo que el de otros convenios, planteamiento que ha sido entendido por la mayoría de los sindicatos», aunque no por la central mayoritaria. Ésta, según el edil de Recursos, reclama una subida global del 10%, lo que obligaría a incrementar la partida presupuestaria en siete millones de euros más para pagar la nómina.
En todo caso, especificó, «la propuesta económica que ha sido aceptada por todos los sindicatos, excepto por CGT, ha sido largamente debatida en múltiples reuniones con los sindicatos y discutida en la mesa de negociación». «Contempla un incremento de la masa salarial para 2008 igual al importe del IPC real del pasado año (4,3 por ciento), lo que supone una cantidad cercana a los 3 millones de euros de incremento para 2008, con cláusula de revisión para los próximos años de vigencia del convenio», matizó.
En todo caso, representantes de la CGT entienden que «si el 80% de la plantilla municipal es ’mileurista’ no se entiende que no quieran negociar una subida digna, no pedimos la luna ni nada utópico». Y agregaron que para este próximo lunes han previsto celebrar una asamblea de afiliados donde explicarán las condiciones que propone el gobierno local y si se retoman las negociaciones para el convenio. «La realidad es que el 90% de los trabajadores del Ayuntamiento no tienen ni idea de qué se está negociando, aunque ya se ha firmado un preacuerdo económico», señaló Calvillo.
Para tensar más la cuerda, la CGT anunció ayer que estudia demandar de nuevo a la alcaldesa por «apropiación indebida» tras adeudar la cuota sindical que los trabajadores abonan a la central a través de sus nóminas mensuales. Tras la polémica de septiembre del año pasado y la denuncia que el sindicato presentó en el Juzgado de Instrucción, vuelve a reeditarse la misma historia y, en esta ocasión, el Consistorio jerezano adeudan «unos 10.000 euros en concepto de cuota obrera, por lo que vuelve a llover sobre mojado e intentan ahogarnos económicamente, pues ésta es la única vía de financiación que tiene el sindicato». Asimismo, la CGT entiende que la pésima situación de las arcas municipales esta llevando al gobierno local a «utilizar fondos que no son de justa procedencia».
Fuente: F. S. M. | diariodejerez.es
