El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es la única formación política que mantiene una incompatibilidad estatutaria entre el cargo de lehendakari y el de presidente del partido. Esto explica la frecuente tensión, que otros llaman política pendular, con que suele manifestarse el partido fundado por Sabino Arana.
De hecho, ya casi es una tradición que el jefe del Gobierno peneuvista tenga una dimensión política que no coincida con la del primer responsable de su partido. Incluso, ese bronco posicionamiento provocó una escisión cuando los protagonistas eran el lehendakari Garaikoetxea y el presidente Arzallus. Hoy la apuesta en el frente interno se libra entre Ibarretxe y Urkullu, el primero en actitud soberanista-rupturista y el sustituto de Imaz al mando del PNV postulando la vía pactista-reformista, en guiño abertzale el primero y en concomitancia centralista el segundo. Y en esa clave hay que interpretar el debate que ha estallado entre los partidarios de la “consulta” y sus detractores del “desafio”.
La consulta del lehendakari Ibarretxe puede que sea anulada por imperativo legal, pero es legítima y democrática. De la misma forma que el referéndum de la Constitución europea era legal, legítimo y democrático pero fue descartado a posteriori por los gobiernos europeos a cambio de un acuerdo (el Tratado de Lisboa) que es tan antidemocrático e ilegitimo como de curso legal. La consulta de Ibarretxe la plantea un gobierno salido de las urnas, tripartito plural y no monocolor ; va a ser expuesta al dictamen previo del parlamento donde están todas la fuerzas políticas representativas, y luego será sometida a la opinión de todos los ciudadanos, que como dijo Aristóteles es un concepto que engloba a quienes tienen la facultad de gobernar y ser gobernados. ¡Cabe mayor grado de participación política en una democracia al uso !
Tampoco la naturaleza de las dos preguntas encadenadas de la papeleta se puede considerar un dislate. No va más allá de lo que, según todas las informaciones fiables, constituyó la base de las recientes conversaciones entre ETA y el Gobierno. Además, aquella, aunque se hacía con el respaldo del parlamento (como Ibarretxe ahora) para dar una salida negociada l conflicto vasco, tuvo un planteamiento menos exigente. Se habló de Navarra, cosa que Ibarretxe no hace, y la “consulta de Zapatero” se dilató clandestinamente tras dinamitar ETA la T4 asesinando a dos personas. De ahí que ahora, la acusación de claudicación ante ETA que el Gobierno y sus aliados de la derecha lanzan contra Ibarretxe suponga un acto de gran cinismo político.
Pero la campaña contra la iniciativa del Gobierno vasco no se para en barras : el objetivo es tumbarla antes de nacer. Sobre todo ahora que, en un gesto casi inédito entre los inquilinos del poder, Ibarretxe ha comprometido su cargo a una aceptación de la consulta por la cámara de Vitoria. La consulta, que no referéndum, ha sido tildada de “desafío” para criminalizarla nominalmente y de Lizarra bis, cuando el verdadero “desafío” se producirá si al final la sociedad vasca la respalda mayoritariamente, rasgo de participación democrática que marca la diferencia con Lizarra, que fue un acuerdo extraparlamentario entre notables de partidos y organizaciones sociales firmado no por casualidad, ¡ojo !, en la localidad navarra de Lizarra (Estella). Un complejo panorama que, bien manufacturado, puede venir de perlas al Gobierno y los poderes fácticos para tapar la crisis económica-social que niegan impúdicamente. Convertir en diana la legítima y democrática consulta sobre el conflicto evita rendir cuentas por las mentiras contenidas en las promesas electorales del 9-M (horizonte de pleno empleo, la despensa llena, el PIB más alto de la UE, integración de la emigración, estabilidad hipotecaria frente al tsunami de las subprime, desaceleración inmobiliaria controlada, etc).
El calado ético de ese escenario leninista de cuanto peor mejor se verá si finalmente el PSOE y el PP no hacen admiten los votos coincidentes que el PCTV pueda emitir en el Parlamento vasco en contra de la consulta. No sería la primera vez en que esto suceda sin sacar las adecuadas consecuencias políticas. De hecho, en el último comunicado emitido por ETA se tacha de fraude (consulta-trampa) la iniciativa y se señala el tema de la territorialidad como inexcusable. O sea, que los etarras echan en falta el debate sobre Navarra en la consulta del lehendakari, asunto que sí fue contemplado en las frustradas conversaciones con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por no hablar del significado real de esa televisiva detención del supuesto Número 1 de ETA que seguramente encubre una purga selectiva de la policía para condicionar la postura que la dirección de la banda adopte sobre la consulta. Como dijo Fraga, que de autismo moral sabe mucho, a veces la política hace extraños compañeros de cama.
Hay un enorme e interesado lío alrededor del nacionalismo que se aprovecha a diestra y siniestra sirviendo lo mismo para un roto que para un descosido. Si se trata de las nacionalidades históricas y sus pretensiones de ejercitar el derecho de autodeterminación, la derecha y el Gobierno hacen frente común con buena parte de la izquierda y cierto anarcomunismo, olvidando las raíces federales del nacionalismo español, como quedó demostrado en el apoyo recibido por éste durante la Primera y Segunda República. Por el contrario, la derecha y el gobierno asienten complacidos ante las experiencias soberanistas auspiciadas por la UE y la OTAN en territorios de la antigua Yugoslavia, mientras hacen que ignoran que en la constitución de Gibraltar, la última colonia existente en Europa, está regulado el derecho de autodeterminación, y que la ONU lleva años reclamando el derecho a decidir para el Sahara, ex plaza española en el Magreb entregada a Marruecos en los albores de la transición.
Pero los hechos son tozudos. En el nacionalismo conviven dos almas : la identitaria, que aúna lo común en la diferencia como imperativo de justicia, y la clasista que intenta que el hecho diferencial concluya en un privilegio tutelado por un Estado (caso PNV y CiU). El nacionalismo de base y el de clase, dos almas contradictorias e incompatibles. En la primera anidan yacimientos de democracia de proximidad y de acción directa y en la segunda de desigualdad y dominación. Fenómenos como el de la Liga Norte en Italia y los intentos secesionistas en la indigenista Bolivia de Evo Morales responden a esta problemática. Ya Bakunin decía que la libertad sin socialismo es privilegio y el socialismo sin libertad tiranía.
Pero pasando del concepto a la práctica, el caso vasco es especialmente cenagoso. Una izquierda que aplaudió a ETA sin freno durante el franquismo, demoniza ahora cualquier idea que encubra el legítimo y muy democrático derecho a decidir de un pueblo sin importarla aliarse con su adversario ideológico y con la Iglesia más reaccionaria (véase el pacto antinatura del PSOE y UPN en Navarra). Mientras, desde esa misma izquierda, socialista y poscomunista, en el poder y la oposición, se promueven estatutos de autonomía que llevan implícito en su seno el virus clasista del privilegio y la desigualdad territorial. Tal es el caso de la apropiación de la cuenca del Ebro por el Estatuto de Aragón, las pegas de Castilla La Mancha a la ampliación del trasvase Tajo-Segura o la exigencia de Montilla para que se publiquen las balanzas fiscales a fin de que las comunidades más ricas reciban más del Estado central. O sea, casi como Franco, que castigó políticamente al País Vasco y Catalunya por no haber secundado el Alzamiento (“provincias traidoras”), mientras premiaba con Fueros y Conciertos Económicos a Navarra.
Para terminar. El Congreso del PSOE de 1977 aprobó del derecho de Autodeterminación, aunque luego lo “derogó”, mientras el Parlamento vasco, en su sesión del 15 de febrero de 1990, daba el visto a una resolución (“Documento de Autodeterminación”), de cuatro puntos, reconociendo que “el ejercicio del derecho de autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi”. Esta manifestación de voluntad de los legítimos representantes de esa nacionalidad (art.2 CE) concluía con estas palabras : “Por tanto, este Parlamento está legitimado para proponer y definir las iniciativas que tuviesen por objeto hacer posible la consecución de las aspiraciones de las ciudadanos vascos”.
Fuente: Rafael Cid
