El pasado 20 de abril el Tribunal de Apelaciones de Bluefields (TAB), capital de la nicaragüense Región autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cedía al magnate greco-estadounidense Peter Tsokos los derechos sobre 7 de los paradisíacos Cayos Perlas. De esta manera, y en contra de lo que marca la propia legislación nicaragüense, esos derechos les eran negados a sus legítimos dueños, las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas. Una decisión que ha de sumarse a una larga lista de irregularidades judiciales alrededor de los negocios de Tsokos, muy conocido en la zona por sus oscuras y agresivas formas de hacer dinero y por haberse visto involucrado en el caso del asesinato del marido de Maria Luisa Acosta, defensora legal de los comunitarios.
Reacciones ante la decisión
Aunque la sentencia no ha sido entregada a las partes, la misma ha supuesto una reacción en cadena venida tanto des las instituciones como de la población costeña.
Dos días después de conocerse la decisión del TAB, más de un millar de personas realizaba una marcha por las calles de Bluefields para manifestar su rechazo ante la sentencia. Tras irrumpir en la sede del Consejo Regional (Parlamento), que sesionaba en esos momentos, sus miembros se sumaron a la marcha. “Queremos que reviertan esa decisión, porque si no podríamos llegar a la violencia, y la violencia siempre trae muertes”, declaraba Arthur Teophile, representante en el Consejo por el municipio de Laguna de Perlas. La indignación de los manifestantes llevaba a algunos de los presentes a tratar de derribar los portones del Complejo Judicial al paso de la marcha por sus instalaciones.
Mientras el magistrado del TAB Rodolfo Martínez, miembro del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), declaraba que “no hay vuelta atrás. Aquí siempre se afecta a uno y a otro no, pero no es cierto que estemos actuando en contra de la comunidad y contra la soberanía”, los representantes de los gobiernos comunales de Laguna de Perlas y Bluefields demandaban a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que destituya a los dos magistrados liberales responsables de la sentencia. Ana María Fajardo, presidenta regional del partido indígena YATAMA declaraba : “Que los destituyan de sus cargos, vamos a pedir que cuando se nombren magistrados, se tome en cuenta a profesionales del Derecho originarios de la Costa, hay suficientes capacidades, pediremos que el Consejo Regional Autónomo también los expulse de la Región”.
Una decisión en contra de la Ley
La sentencia dictada por el TAB es resultado de una demanda presentada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que pedía la anulación de los títulos de los Cayos adquiridos por Tsokos para posteriormente vender a precios millonarios. La PGJ ha declarado que de ser confirmada la sentencia recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En declaraciones a La Prensa, un magistrado del CSJ que pidió permanecer en el anonimato, afirmaba que “la Corte Suprema de Justicia no puede ni debe fallar en contra del pueblo de Nicaragua, aquí el bien protegido es la comunidad y al haber fallado contra la comunidad y entregar los Cayos Perlas a un extranjero, o quién sea, se atenta contra la soberanía nacional”.
Frente a la decisión tomada por los dos magistrados liberales del TAB su miembro sandinista, Luis Flores Barrios, declaraba que según la ley los Cayos pertenecen al Estado y que sus derechos sobre ellos son imprescriptibles.
Sin embargo, la especialista en derecho indígena y representante de las comunidades indígenas en el caso durante años, Maria Luisa Acosta, va más allá ya que “las compra-ventas realizadas por Peter Tsokos y su socio Peter Martínez sobre los Cayos Perlas son nulas por haber contravenido normas que expresamente prohíben la apropiación privada y la venta de los Cayos por su naturaleza jurídica de tierra indígena tradicional ; protegida por un régimen sui generis en favor de las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua”.
Un caso lleno de irregularidades
En el año 2000, Peter Tsokos obtuvo de manera irregular los títulos de propiedad de siete de los Cayos Perlas por un valor de 20.500 dólares. Dos años después, los beneficios obtenidos a través de su venta a otros extranjeros y la especulación con los mismos superaba los dos millones y medio de dólares. Los Cayos son vendidos a través de la página www.tropical-islands.com y algunos de ellos han alcanzado actualmente el valor de dos millones de dólares. El hecho de que tanto la apropiación de las mismas como su comercialización contravengan en diferentes puntos casi la totalidad de la legislación nicaragüense al respecto no ha impedido a Tsokos continuar con el negocio.
La jueza Anabell Omier, responsable de varios casos en los que Tsokos ha estado implicado, fue destituida en 2003 debido a las innumerables quejas que se interpusieron ante sus oscuras decisiones. Sin embargo, actualmente es abogada de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), encargada de otorgar a las comunidades indígenas, incluida a la que le pertenecen los Cayos Perlas, sus títulos de propiedad comunal.
Denuncian complicidad del ejército y de la policía
En 2006 un informe de la Secretaría de Recursos Naturales (SERENA) mostraba que el cayo Water Cay había pasado a ser propiedad de Adolfo Chamorro, jefe del Instituto de Previsión Social del Ejército de Nicaragua. Según denunciaba el gobierno comunitario de Laguna de Perlas, el griego Peter Tsokos se lo había entregado al General Chamorro a cambio del apoyo de la Fuerza Naval tras el reclamo que la comunidad de Set Net Point hizo del mismo. Un apoyo que el empresario también recibía de parte de la policía a través del antiguo jefe de la policía de la RAAS, Douglas Zeledón, a quien Tsokos solía obsequiar con banquetes en el cayo a cambio de protección policial. El resultado es que la comunidad miskita de Set Net Point, que tradicionalmente utilizaba Water Cay para abastecerse de agua, actualmente tiene prohibido el paso a la que era su única fuente de agua potable
Unas prohibiciones que se unen a las consecuencias medioambientales que las construcciones de lujosas mansiones, helipuertos y piscinas están teniendo en los Cayos Perlas : desaparición de playas y manglares con el consiguiente peligro para la población de tortugas carey que anidan en la zona. De la misma manera, la llegada de yates a los Cayos está afectando seriamente los arrecifes coralinos que rodean los islotes.
Asesinato y más irregularidades
El 8 de abril de 2002, la abogada Maria Luisa Acosta encontraba al llegar a su casa a su esposo Francisco García Valle, atado, amordazado, golpeado y asesinado. Maria Luisa Acosta, desde el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), había sido la representante legal de las comunidades en el caso de los Cayos Perlas. Además, en aquellos momentos era la apoderada judicial de las Comunidades de Monkey Point y Rama en la demanda de Querella de Amparo y de Restitución sobre unas cabañas y 80 manzanas de tierra dentro de la comunidad de Punta de Águila/Long Beach. Propiedad que Peter Tsokos estaba comercializando por 615.000 dólares.
Tres días antes del crimen, Tsokos había ofrecido a las comunidades afectadas dinero a cambio de que retiraran la demanda, cosa que las mismas estaban dispuestas a denunciar.
Las irregularidades judiciales alrededor del caso han sido flagrantes.
La policía demostró que el asesinato había sido cometido por el chofer de Tsokos con la pistola de su abogado y socio Peter Martínez. Sin embargo, lejos de admitir a trámite una investigación a Tsokos y Martínez, el juez a cargo del caso amenazó a los policías responsables del peritaje balístico para que no presentaran su informe. Asimismo, mandó investigar a Maria Luisa Acosta, quien había sido acusada por Martínez de ser encubridora del asesinato de su propio esposo.
El responsable material del asesinato sería capturado en Costa Rica en 2004, donde manifestó que Peter Tsokos lo había enviado a la casa del matrimonio García-Acosta a arrendar el apartamento que les sirvió para perpetrar el crimen. A pesar de ello, el juez Rodolfo Martínez, uno de los magistrados responsable de la actual sentencia del TAB, se negó llamarlo a declarar impidiendo, a través de varias decisiones, que Tsokos y Martínez fueran juzgados.
Las actuaciones irregulares alrededor del caso han continuado hasta llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Su negativa a investigar el caso agotó las vías judiciales nicaragüenses y actualmente el caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ
