María Armenta se indigna cuando pasa junto a una obra y ve a un trabajador sin arnés. Se indigna cuando se cruza por la calle con alguno de los imputados por la muerte de su marido, cuando se entera de que siguen adelante con sus negocios inmobiliarios, cuando recuerda que continúan sus vidas mientras que la suya ha quedado destrozada. María Armenta se indigna, se subleva, pero esa misma rabia es la que le permite mirar al futuro : «El coraje te da fuerzas para no hundirte».
Perdió a su marido hace ocho meses. Jesús Mera, que trabajaba como fontanero en la rehabilitación de una finca en el barrio de Santa María de Cádiz, cayó de un tercer piso al que nunca tendría que haberse subido, porque no era su función. El auto del juez ha determinado que las obras no contaban con un plan de seguridad, no respetaban las normas de prevención, no tenían proyecto y que, además, la víctima no estaba dada de alta en la Seguridad Social, pese a llevar un mes y medio empleado. El promotor, los dos constructores, el aparejador y el encargado de obra han sido imputados por dos presuntos delitos contra la salud de los trabajadores y de homicidio involuntario.
Si los trámites no se dilatan, el juicio podría celebrarse antes de finalizar el año. Hasta entonces, la viuda tendrá que resignarse a ver de vez en cuando a quienes han sido señalados como responsables de su pérdida. «No entiendo que estén en la calle, pero me aguanto». Se aguanta, dice, pero sólo de momento. Armenta está dispuesta «a llegar hasta el final». Sabe que pueden hacerle una oferta económica suculenta para llegar a un acuerdo, pero no quiere ni oír hablar de compensaciones : «Me han quitado al amor de mi vida y al padre de mis hijos, y eso no tiene precio».
María Armenta se lleva las manos a la cara, se frota con disimulo los ojos cuando recuerda las condiciones en las que trabajaba su esposo, «porque era lo que había, y si dices que no hay siete esperando para hacer su trabajo». Pero se recompone antes de venirse abajo porque sabe que es su arma para seguir luchando, «para conseguir justicia». Su hijo, José Luis Mera, de 19 años, sigue su ejemplo. Él también estaba empleado en la misma obra, como ayudante de fontanería, y sabe lo que es trabajar sin condiciones de seguridad. «En Cádiz la mayoría de las obras son así, no tienen permiso, no hay equipos…». Ahora ha dejado las reformas para pasarse a la música, y está a punto de sacar un disco. Volver a la obra no está en sus planes. «Ni yo le dejo», apostilla su madre. «Bueno, como mucho, iré a pintar un piso, pero sobre el suelo firme». La viuda de Mera quiere a sus hijos cerca. A la pequeña, de 13 años, «que es la que peor lo está llevando, estaba muy apegada a su padre», y al mayor, a quien no va a permitir que se exponga a los mismos peligros que su padre.
«Lloro de pena, pero también de rabia», cuenta. Un mes y medio antes del accidente, una vecina había denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones en que se desarrollaba la obra. Tras el fallecimiento de Mera los inspectores reconocieron que, de haber visitado la finca, habrían parado los trabajos. «Y mi marido seguiría vivo».
Ahora, María Armenta sólo espera que los imputados en este caso cumplan condena en prisión. Por justicia, «y para que no se repita, para que otras empresas tomen ejemplo».
Los retrasos causan rebajas en las penas, según Fiscalía
Algunos casos de siniestralidad laboral quedan atascados en los juzgados durante más de dos años. La fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, se ha quejado de que algunos accidentes laborales ocurridos en el año 2005 en la provincia siguen tres años después pendientes de juicio, pese a que la instrucción concluyó hace meses.
Estos retrasos provocan que las penas se vean rebajadas cuando se dictan las sentencias. Los acusados aprovechan estas demoras para solicitar atenuantes : «Si ya de por sí las penas son bajas y, además, se concede el atenuante de dilación indebida, quedan aún más reducidas», explica la fiscal Ángeles Ayuso.
El proceso se complica también porque las pruebas pierden vigencia. «Van decayendo, los testigos pierden la memoria, quieren olvidar el hecho, son renuentes a declarar o incluso no se encuentran», apunta la fiscal jefe de Cádiz.
Los trámites se ralentizan una vez concluida la instrucción : «Desde que el fiscal acusa hasta que el caso llega al juzgado de lo penal es cuando se produce el retraso».
A veces son los recursos de las partes al auto los que alargan el proceso, «pero en otras ocasiones es simplemente una lentitud en la tramitación». La situación, según Ángeles Ayuso, es generalizada en las ocho provincias andaluzas.
Fuente: LIBERTAD PALOMA | EL PAIS
