Aumentan ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los soldados, presionados para que muestren progresos en una guerra financiada por Estados Unidos, asesinan a civiles y los presentan como rebeldes.
Granada, Colombia. El vendedor ambulante Israel Rodríguez salió a pescar el mes pasado y nunca volvió. Dos días después, su familia encontró su cuerpo enterrado, envuelto en una bolsa de plástico, y clasificado por el ejército colombiano como un guerrillero muerto en combate.
Activistas de derechos humanos dicen que la muerte del 17 de febrero es parte de un mortífero fenómeno llamado «falsos positivos» en el que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los clasifican como guerrilleros de izquierda.
Un macabro aspecto de un aumento general de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ cometidas por las fuerzas armadas, los ‘falsos positivos’ son el resultado de la intensa presión de parte de Estados Unidos para que Colombia muestre progresos contra los insurgentes de izquierda, dicen los activistas.
La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo que Israel había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. «Nunca le hizo ningún problema a nadie», dijo, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para «ganar puntos».
Esos asesinatos han sembrado el terror aquí en el central estado de Meta. El año pasado, el estado llevó la delantera en Colombia en casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, con 287 civiles asesinados por los militares, de acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo de defensa de los derechos humanos. Eso es un diez por ciento de aumento con respecto al año pasado.
Aunque no hay un conteo oficial -ni independiente- de los ‘falsos positivos’, activistas de derechos humanos dicen que creen que esos incidentes están aumentando, junto con un aumento general de los asesinatos cometidos por militares, basándose en informaciones proporcionadas por las familias de las víctimas y el análisis de las circunstancias que rodean los casos individuales.
«Es probable, porque se repite el mismo esquema una y otra vez en los casos que estoy revisando», dijo John Lindsay-Poland, de Fellowship of Reconciliation, de Nueva York. «Víctimas vistas por última vez con ropas civiles, son encontradas más tarde muertas y vestidas con uniformes de camuflaje y presentadas como bajas de la guerrilla».
Los asesinatos han aumentado en los últimos años junto con un énfasis en las bajas mortales de rebeldes como el principal indicador del éxito militar, dicen grupos de derechos humanos. Incluso oficiales colombianos reconocen que los soldados y sus comandantes han estado prometiendo dinero y ascensos para aumentar el número de víctimas de sus unidades.
Desde que asumiera el presidente Álvaro Uribe en 2002, las fuerzas armadas han producido impresionantes resultados en la recuperación de territorios controlados por grupos rebeldes y mejorado la situación de seguridad, animadas por los miles de millones de dólares en ayuda militar norteamericana bajo el Plan Colombia, el programa que combate el tráfico de drogas y el terrorismo.
Pero al mismo tiempo el historial de las fuerzas armadas en cuanto al respeto a los derechos humanos ha empeorado, dice una coalición de grupos colombianos y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Y nuevas investigaciones de dos grupos pacifistas norteamericanos sobre los asesinatos plantea serias interrogantes sobre si Estados Unidos está haciendo lo suficiente, legalmente, para prohibir el financiamiento norteamericano de unidades militares colombianas que han sido acusadas de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional de Estados Unidos y la Fellowship of Reconciliation han descubierto que el gobierno norteamericano «autorizó» o aprobó la ayuda militar a al menos once unidades militares colombianas el año pasado pese a «acusaciones verosímiles de asesinatos, desapariciones y colaboración con las fuerzas paramilitares ilegales», dijo Renata Rendon, de Amnistía Internacional de Estados Unidos, este mes en Washington.
«Lo que está pasando es escandaloso. El gobierno norteamericano debe cerciorarse de que no está entregando ayuda a unidades renegadas», dijo Rendon.
Aunque no respondió específicamente a ninguna de las acusaciones, un funcionario de la embajada norteamericana en Bogtá dijo este mes que los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas armadas colombianas eran «un problema grave, una preocupación grave».
«Esto es algo que tomamos muy seriamente. Para ganar una guerra como esta, tienes que establecer el imperio de la ley y ganar la confianza de la gente en tu legitimidad y en tu compromiso con las instituciones legales», dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar. Defendió el proceso de autorización, pero dijo que lo complicaba el hecho de que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos a menudo no eran «suficientemente específicas ni verificables».
Para abordar el tema de la impunidad, el fiscal general de Colombia formó el año pasado equipos de investigación especial en los estados de Meta y Antioquía, que tenían las cifras más altas de abusos cometidos por los militares. En noviembre, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos envió una directriz a los comandantes militares ordenando importantes cambios, incluyendo otorgar a las cortes civiles más jurisdicción para la investigación de ese tipo de incidentes.
Pero los asesinatos todavía siembran el terror aquí en el estado de Meta. Ramiro Orjuela Aguilar, un abogado bogotano de derechos humanos que representa a veinte familias de posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en Meta, responsabilizó de muchos de los asesinatos al hecho de que los militares utilizan los datos de informantes pagados o guerrilleros desmovilizados.
«Tienen un incentivo para denunciar a gente acusándolas de ser rebeldes debido a que son pagados independientemente de si la información es correcta», dijo Orjuela.
Varias de las víctimas en Meta el año pasado eran jóvenes que vivían en Granada y alrededores, el centro de una región agrícola-ganadera que ha sido ferozmente disputada en los últimos años por las guerrillas de izquierda, las fuerzas armadas y las tropas paramilitares de extrema derecha. Es también la sede de la Brigada Móvil 12, una unidad que según Orjuela está implicada en muchos de los asesinatos.
Orjuela dice que el ejército está implementando una ‘limpieza social’ en Meta, la sede de cuatro de las cinco municipalidades que componen la llamada zona neutral ocupada por las guerrillas colombianas entre 1998 y 2002. Los asesinatos y desplazamientos masivos de los habitantes aquí son intentos de privar de simpatizantes a las guerrillas, dijo Orjuela.
«Están tratando de quitar el agua a los peces», dijo.
Secuestrado durante una excursión al río Ariari, Rodríguez, el vendedor ambulante, puede haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, dicen sus familiares, capturado por una banda de agentes de policía o soldados que estaban en una ‘expedición de pesca’ propia, a la búsqueda de víctimas.
Orjuela dijo que los casos de ‘falsos positivos’ disminuyeron después de que el ejército colombiano emitiera en noviembre una directriz a todos los comandantes ordenando que oficiales y tropas debían recordar que las mediciones normales de éxito son los desmovilizaciones y la captura de guerrilleros, y sólo después el número de víctimas. Pero dijo que últimamente había observado un aumento, mencionando el asesinato de Rodríguez.
Adelaida Rodríguez dijo que pese a las iniciativas del gobierno, ella y su familia no querían insistir en que se investigara su homicidio. Refiriéndose a su hermano, dijo : «Si hacemos ruido, terminaremos como él».
Fuente: Chris Kraul (Los Angeles Times)
