Ya vuelven a lucir el uniforme y patrullan por las calles de Barcelona. Los cinco mossos d’esquadra imputados por infligir malos tratos a dos detenidos en la comisaría de Les Corts han vuelto al trabajo. El Departamento de Interior de la Generalitat les suspendió de empleo y sueldo después de que una cámara oculta grabara las agresiones en la sala de cacheos de la comisaría central de Barcelona. Nueve meses después del escándalo que produjo la difusión de las grabaciones y que salpicó a toda la policía autonómica, Interior ha rectificado, aunque con precauciones.
Para empezar, los agentes tienen ahora otro destino. Ya no custodiarán detenidos ni volverán a pisar Les Corts. Se reincorporan, eso sí, a la unidad de seguridad ciudadana de la Región Policial Metropolitana Barcelona. Y no estarán juntos. A los cuatro policías acusados de propinar puñetazos y patadas para reducir al detenido Rubén Pérez -un cabo, un policía y dos agentes en práctica- «se les dispersará», según Interior. Eso significa que cada policía estará asignado a un distrito barcelonés distinto, según las mismas fuentes.
La agente femenina acusada de abofetear a la joven rusa Elena Podvigina -que en las imágenes grabadas con cámara oculta aparece esposada y semidesnuda- también permanecerá en la ciudad de Barcelona. Interior le asignará «el destino operativo que determinen las necesidades del servicio».
Los sindicatos policiales se han mostrado «muy satisfechos» por la reincorporación, porque es lo que han reclamado desde el principio. «Todo el tiempo hemos dicho lo mismo : que no hay que llevar a cabo un juicio paralelo y que hay que respetar la presunción de inocencia», sostiene Valentín Anadón, del sindicato mayoritario, SAP-UGT. No opina igual el abogado Jaume Asens, que ejerce la acusación en ambos procesos judiciales. «Es una decisión política contradictoria. Nada ha cambiado ni nada justifica la readmisión, excepto el paso del tiempo». El letrado dice : «Se puede estar a favor o en contra de la suspensión, pero lo que no se entiende es que primero se haga una cosa y ahora se cambie de criterio».
Interior arguye que una suspensión cautelar «no puede convertirse en una sanción efectiva» y opina que se «podría agravar la situación de los agentes más aún cuando la medida cautelar ya haya producido sus efectos». Los sindicatos policiales, en cambio, ven otros motivos. Por ejemplo, que Interior ha dejado «pasar el tiempo» y ahora, cuando la presión mediática es menor, ha decidido «empezar a hacer justicia».
Aunque el principal motivo, dicen los sindicatos, es la presión que han ejercido sobre los responsables de la Generalitat. «Hemos presionado y, además, no había ninguna razón para que siguieran apartados. Ni pueden influir en la investigación, que sigue su curso en el juzgado, ni sirve para evitar un mal mayor», dice David José, del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC).
De forma parecida opina Carles Monguillod, defensor de los policías. «Confiaba en que se levantaría la sanción. Al principio podía entenderse como medida cautelar, pero ya no está justificada porque si el caso va a juicio, tardará aún un tiempo», afirma.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ya ha acabado la investigación contra los cuatro mossos por la agresión a Rubén Pérez y ahora falta que el juez decida cerrar el caso o seguir su tramitación. El fiscal ya ha solicitado juzgar a los agentes por un delito contra la integridad moral y lesiones.
Durante estos nueve meses sin cobrar, los mossos imputados han vivido de los ahorros, de los ingresos de familiares y del apoyo de amigos. Dos de ellos, además, han recibido parte de su sueldo del sindicato SAP-UGT.
Fuente: JESÚS GARCÍA / PERE RÍOS - Barcelona
