Esta semana el parlamento andaluz inicia el debate sobre la Ley Andaluza de Educación. Estamos en la recta final, casi en la meta de la legislatura y hay que presentarse ante los electores con algo de lo prometido al menos realizado.
En el momento del debate, que abrió la Consejería de Educación a la participación de todos los centros y comunidades educativas, trasladamos unas reflexiones en torno a esta Ley, agradeciendo la invitación para hacerlo. Hace casi dos años ya decíamos que la realidad diaria de cada centro educativo era de sobra conocida por la Delegación Provincial correspondiente, ya que los servicios de la misma tenían y tienen información suficiente de la problemática que desde hacía varios cursos se había trasladado puntualmente, así como aquella que se produjo al aplicar el Plan de Evaluación de centros, realizado en todos los centros andaluces en el cuatrienio 1996-2000. También las Delegaciones Provinciales reciben anualmente información directa desde cada centro en el marco de las conclusiones más relevantes de las memorias finales de cada uno de sus Planes Anuales.
La respuesta satisfactoria a las demandas de apoyo que los más de 5000 centros andaluces realizan periódicamente serían la mejor Ley Educativa que puede esperarse.
No obstante es evidente que quienes se dedican a la política educativa en Andalucía no renuncian a hacer “carrera”, su carrera, mediante puestas en escena tan aparatosas como, nada más y nada menos que, toda una Ley de Educación (la primera en la historia de Andalucía).
Hemos denunciado en los últimos años multitud de asuntos relacionados directamente con la mejora de la calidad de nuestro Sistema Educativo. La estabilidad de casi un 20% del profesorado andaluz o el cumplimiento de las ratios establecidas en la LOE, son aspectos relevantes para la mejora del rendimiento escolar de nuestros alumnos y alumnas. Pero además hemos denunciado el incumplimiento las normas sobre seguridad en el transporte escolar, ya que decenas de miles de menores son transportados diariamente sin que se cumplan las medidas de seguridad establecidas por el código de la circulación.
Por otro lado la progresiva externalización de servicios y la precarización en la contratación abundan en respuestas escasamente eficaces para mejorar los resultados escolares, ya que han consolidado la renuncia expresa a la compensación de las enormes desigualdades socio-económico-culturales que el sistema educativo solo alcanza a legitimar. El fracaso escolar que roza el 50%, si se contabiliza no solo el abandono escolar prematuro, o la no titulación de Graduado en Secundaria Obligatoria, sino el desfase edad curso que alcanza a más del 30% del alumnado, o el abandono de más del 38% de los alumnos de bachillerato.
Estas afirmaciones se sustentan sobre estudios “cuasi secretos” que la Consejería de Educación Andaluza protege de cualquier filtración. Esta opacidad en la información pública llega a límites extraordinarios al negarse a facilitar los datos de escolarización en Andalucía. De hecho altos responsables de la Consejería de Educación nos confirmaban que ni siquiera los parlamentarios andaluces, que tendrán que debatir y aprobar esta Ley Andaluza tienen en su poder estos datos. Difícil tarea para un ciego valorar la belleza de una pintura.
Esta oscuridad en los datos del sistema educativo, contrasta con las llamadas a la “participación” en las múltiples “campañas” publicitarias que consiguen proyectar a los políticos de turno al “estrellato” de los medios.
Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿Para qué esta Ley ?. Si por un lado la Consejería de Educación sabe donde están los problemas de diario que aquejan a nuestro sistema educativo desde hace más de una década. Y si por otro es conocedora la propia Consejería de Educación de que la solución a un buen número de estos problemas solo requiere aplicar más medios, a los cuantiosos utilizados, mejorando la gestión de los mismos y sobre todo evitando la tentación de hacer “carrera política” ostentado la responsabilidad de la Educación en Andalucía.
Gestionar el sistema público supone hacer una tarea bien hecha renunciando a la publicidad que se obtiene poniendo en marcha programas estrellas, porque simplemente hay que conseguir que todos los recursos humanos y materiales se apliquen a resolver los problemas de diario permitiendo con ello que en cada centro nuestros alumnos y alumnas se formen mejor como ciudadanos y ciudadanas, como mejores personas.
Desde 1980 hemos asistido al debate parlamentario, mediatico, partidario de 5 leyes orgánicas educativas, en Andalucía esta nueva ley sería el sexto gran marco legal que ordenaría la Educación Andaluza. Casi tres décadas después podemos afirmar que ante la insatisfacción general y el fracaso generalizado la salida política es : ¡hagamos una nueva ley para que nada cambie !.
Rafael Fenoy Rico. Docente perteneciente a los cuerpos estatales de funcionarios Maestros, Profesores de Secundaria e Inspectores de Educación. Secretario General de la Federación estatal de Enseñanza de la Confederación general del Trabajo. Treinta años dedicado a la docencia de ellos 17 a la Inspección Educativa. Desde 1974 afiliado a este Sindicato.
Fuente: Rafael Fenoy Rico. Secretario general de la Federación de Enseñanza CGT
