El histórico conflicto agrario que afecta a la zona de los Chimalapas, en el oaxaqueño Istmo de Tehuantepec, está en peligro de volver a recrudecerse. A mediados del pasado mes de julio una comisión de la comunidad Benito Juárez, perteneciente al municipio de San Miguel Chimalapa, visitó el paraje denominado como La Hondonada, situado en la zona oriente del municipio, en el que desde hacía meses realizaban trabajos algunos comuneros de dicha comunidad. La comisión encontró que la zona, que está dentro de los límites que fijan los bienes comunales de Benito Juárez, había sido objeto de una agresión por parte de personas llegadas de Chiapas. Los protagonistas de la agresión se habían llevado el alambre que fijaba los límites de los bienes comunales y el corral que había sido construido para guardar el ganado había sido destrozado con motosierra y las maderas quemadas.
Según un comunicado con fecha 6 de septiembre firmado por las autoridades comunales de Benito Juárez, “estos hechos se enmarcan dentro de un continuo proceso de hostigamiento y despojo hacia nuestras propiedades comunales y nuestra forma de vida. Nosotros pensamos que los recursos naturales deben conservarse y aprovecharse racionalmente, siendo ellos los que destruyen, queman y talan en beneficio propio sin importarles los daños que ocasionan, lo que consideramos un peligro para la naturaleza”.
De hecho, tal y como anunciaba la edición del diario chiapaneco Cuarto Poder del día 12 de julio, Jorge Luna (líder de los productores, la mayoría de los cuales organizados en la Triple SSS “La Mercancía”) acusaba a los chimalapas de haber cortado varios árboles para la construcción de un corral y advertía que, ante el silencio de las autoridades chiapanecas, “si para el jueves no hay respuesta que los favorezca, representantes de unas 25 comunidades de la zona noroeste, estarán esperando en Cintalapa para acordar ir a derribar la cerca al precio que sea”. Añadiendo que «no vamos a permitir más ineptitud ni mucho menos negligencia de nadie».
Los habitantes de la comunidad Benito Juárez consultados por este periódico insisten en que la zona pertenece a Los Chimalapas y que la agresión chiapaneca no es más que una nueva acción de productores privados que no respetan las tierras comunales y las formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos, basadas en el respeto a la naturaleza. Y ponen como ejemplo a la compañía maderera Sánchez Monroy, expulsada a principio de los años ’70 y cuya labor de devastación ha tardado décadas en ser reparada por ellos mismos. Según cuentan, las talas indiscriminadas del bosque y la selva Chimalapa, así como las formas agresivas de explotación extensiva de los ganaderos chiapanecos, no sólo han provocado devastadores incendios, sino que están poniendo en peligro un ecosistema único en el mundo. Su labor, defienden, no es sólo la de luchar por su derecho sobre unas tierras que legalmente les pertenecen, sino también por proteger una zona cuyo valor ecológico beneficia a todo México.
El pueblo Chimalapa se ha visto en la obligación de luchar por su tierra desde la llegada de los españoles. Según ellos mismos cuentan, el conflicto en su zona ni siquiera se solucionó a partir de la Resolución Presidencial de 1967 en la que se fijaban los límites de San Miguel Chimalapa, una y otra vez violados por gentes llegadas de fuera con la sola intención de aprovecharse de los recursos naturales de la zona, sin tener en cuenta las consecuencias que para el medio ambiente tienen sus prácticas. Asimismo, denuncian, siempre que ha habido un conflicto la respuesta del gobierno ha sido la de la militarización de la zona para proteger los intereses de lo que ellos llaman “supuestos propietarios”.
La zona de La Hondonada ya ha sido objeto de varios conflictos en los últimos años sin que las autoridades ni federales ni de ninguno de los dos estados den una solución al problema. El próximo día 23 de septiembre se celebrará, en segunda convocatoria, una asamblea en San Miguel Chimalapa con la intención de que el Comisariado de Bienes Comunales de ese municipio, Rómulo Gutiérrez Juan, les plantee una solución que definitivamente acabe con el problema por la vía legal y pacífica. Según denuncian en su comunicado, “estos conflictos agrarios, provocados por las invasiones a nuestro territorio Chimalapa, han generado demasiados enfrentamientos cuando ya hay elementos jurídico-legales que los evitarían. En cambio, por defender nuestras tierras, la respuesta del Gobierno ha sido en varias ocasiones la represión y militarización del pueblo Chimalapa sin dar ninguna solución y sin cumplir con las promesas hechas a nuestro pueblo”.
Fuente: SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ
