El derecho al aborto quedó brutalmente mutilado en Estados Unidos el pasado miércoles tras una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una ley federal prohibiendo el llamado «aborto por nacimiento parcial». Con cinco votos frente a cuatro, el máximo órgano judicial estadounidense, de mayoría conservadora, daba un portazo a 24 años de legislación en los que preservar la salud de la mujer había sido la prioridad clave de toda regulación relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo.
Según el Supremo, la llamada Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial, (un término que no existe en el lenguaje médico y que ha sido acuñado por los conservadores estadounidenses) aprobada por George W. Bush en 2003, no es anticonstitucional y por lo tanto no entra en conflicto con Roe v. Wade, la histórica sentencia con la que ese mismo órgano judicial abrió las puertas al aborto libre en 1973.
La práctica prohibida, conocida en el lenguaje médico como dilatación intacta y extracción, se utiliza en el segundo trimestre de embarazo y consiste en hacer salir las piernas y el torso del feto y después aspirar el contenido de la caja craneana para facilitar la extracción de la cabeza. No es una práctica muy común, puesto que entre el 85% y el 90% de los abortos se realizan durante el primer trimestre de embarazo y con el llamado método de aspiración.
Sin embargo, según la Asociación de Ginecólogos y Tocólogos de América, esta práctica quirúrgica es necesaria en la mayoría de los casos de abortos tardíos para salvaguardar la salud de la mujer. La otra alternativa es practicar una cesárea o como apunta la sentencia, desmembrar el feto antes de extraerlo previa inyección letal para que cuando comience el aborto el feto no esté vivo (esta práctica no ha sido penalizada).
Pese a ello, el presidente George W. Bush había promulgado la ley ahora ratificada en la que se condenaba apenas de hasta dos años de cárcel a los médicos que utilizaran este método por considerarlo inhumano para el feto. El texto, que no contemplaba que pudiera aplicarse ni siquiera cuando la salud de la mujer estuviera en peligro, era la culminación de los quince años de intentos de los grupos antiabortistas por modificar el debate en torno al aborto y apostar por defender los derechos del feto en lugar de criminalizar a la mujer. El Congreso la había aprobado durante el mandato de Bill Clinton, quien la había vetado en dos ocasiones y el propio Tribunal Supremo se había opuesto a versiones anteriores de la misma promulgadas por estados como Nebraska, donde en 2000 fue abolida una ley similar por no admitir la excepción del riesgo de salud para la mujer, uno de los pilares de Roe v. Wade (la sentencia que abrió la puerta al aborto en EE UU).
Sin embargo, los miembros del Tribunal Supremo han cambiado desde entonces y ahora la balanza de los conservadores pesa más. De ahí que la sentencia, en la que se asegura que «quienes se oponen a la ley no han demostrado que sea inconstitucional en la mayor parte de los casos», sea especialmente significativa y sirva para medir hacia dónde van a ir los tiros tras la entrada en el tribunal de John Roberts y Samuel Alito, nombrados por Bush el pasado año. Mientras el primero sustituía al también conservador William Renquist, Alito remplazaba a Sandra Day O’Connor, una juez más progresista que votó en 2000 en contra de la ley de Nebraska.
Bush celebró la sentencia con estas palabras : «El fallo es la confirmación del progreso que hemos hecho a lo largo de los últimos seis años para proteger la dignidad humana y preservar la santidad de la vida. Continuaremos trabajando para que llegue el día en que todos los niños sean bienvenidos a la vida y estén protegidos por la ley».
«La decisión de hoy es alarmante puesto que tolera e incluso aplaude la intervención federal para prohibir en todo el país un procedimiento considerado necesario y correcto en ciertos casos. La decisión sólo puede ser entendida como un esfuerzo por restringir un derecho reconocido una y otra vez por esta misma corte» aseguró la juez Ruth Bader Ginsburg, uno de los cuatro miembros que opinaron en contra.
Fuente: BARBARA CELIS (El País)
