El 3 de abril de 2006, Octavio Alberola declaraba ante la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo para confirmar las declaraciones de Sergio Hernández y de Antonio Martín, los verdaderos autores de los atentados en la Dirección General de Seguridad y en la sede de los Sindicatos franquistas por los que fueron ejecutados en 1963 Francisco Granado y Joaquín Delgado. La comparecencia de Alberola ha sido solicitada por este Tribunal en aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que en 2004 aprobó el Recurso de amparo presentado en 1999 por las familias Granado y Delgado contra el auto del Tribunal Supremo denegando el Recurso de revisión de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra Sumarísimo que en 1963 condenó a muerte a sus familiares. Esta histórica decisión del Tribunal Constitucional ha obligado al Tribunal Supremo a continuar la instrucción del Recurso de revisión, el único que se instruye actualmente, puesto que el Supremo ha rechazado hasta ahora todos los anteriores.
El 3 de abril de 2006, Octavio Alberola declaraba ante la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo para confirmar las declaraciones de Sergio Hernández y de Antonio Martín, los verdaderos autores de los atentados en la Dirección General de Seguridad y en la sede de los Sindicatos franquistas por los que fueron ejecutados en 1963 Francisco Granado y Joaquín Delgado. La comparecencia de Alberola ha sido solicitada por este Tribunal en aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que en 2004 aprobó el Recurso de amparo presentado en 1999 por las familias Granado y Delgado contra el auto del Tribunal Supremo denegando el Recurso de revisión de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra Sumarísimo que en 1963 condenó a muerte a sus familiares. Esta histórica decisión del Tribunal Constitucional ha obligado al Tribunal Supremo a continuar la instrucción del Recurso de revisión, el único que se instruye actualmente, puesto que el Supremo ha rechazado hasta ahora todos los anteriores.
ROJO Y NEGRO : El Caso Granado-Delgado es el único cuyo Recurso de revisión sigue abierto, ¿por qué ?
OCTAVIO ALBEROLA : El Recurso fue presentado por las familias el 3 de febrero de 1998. Un año después, el 3 de marzo de 1999, la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo deniega este Recurso con el pretexto de que habían sido juzgados con todas las garantías y de acuerdo con la legalidad de la época. Este es su “argumento” principal, al que también añaden que las pruebas de la defensa son insuficientes. De los verdaderos autores de los atentados sólo declara Antonio Martín. Sergio Hernández no se presenta (vive en Francia) por miedo de lo que le podría pasar en España. El abogado propuso otros testimonios (el mío propio, el de Luís Andrés Edo y el de Vicente Martín, los tres como miembros de Defensa Interior, el organismo del que dependían los grupos que llevaban a cabo los atentados) ; pero no nos convocaron. Realmente, lo de “pruebas insuficientes” es una mera excusa, puesto que cuando se instruye una causa, se toman las declaraciones de todos los testigos.
Cuando se tiene conocimiento del auto del Supremo, de acuerdo con los familiares, el abogado presenta un Recurso de amparo al Tribunal Constitucional el 16 de abril de 1999. El 13 de julio de 2004, este Tribunal toma una resolución histórica : por primera vez se aprueba un Recurso de amparo presentado por víctimas del Franquismo. El Constitucional establece que el auto del Supremo ha causado indefensión a los recurrentes, al no hacer todo lo necesario para que éstos pudieran presentar sus testimonios, lo que obliga al Tribunal Supremo a continuar la instrucción del Recurso de revisión y tomar las pruebas que en su momento no tomaron. Dado que Sergio se niega a venir por considerar que no existen garantías suficientes, se cursa una comisión rogatoria a las autoridades francesas para que se le tome declaración en ese país, lo que tiene lugar el 20 de marzo de este año 2006. Al mismo tiempo me convocan a mí para que comparezca hoy [el 3 de abril]. Ante la sala en pleno, me han dado a leer el documento de mi declaración, me han preguntado si era mi firma, si tengo algo que añadir… Después, el presidente ha preguntado a la sala si tenían alguna pregunta que hacerme. Me han planteado alguna pregunta para asegurarse de que confirmaba mi declaración anterior y no contradecía algún aspecto de ésta. Por último, se leyó el acta, se hicieron rectificaciones a las partes ambiguas y el texto fue firmado por mí y por todos los presentes, quedando en convocar a los otros dos testigos (Luís Andrés y Vicente).
Así pues, concretando y respondiendo a la pregunta, es el único caso cuyo recurso sigue abierto porque es el único que ha podido presentar un elemento nuevo. El Tribunal Supremo sigue aplicando la doctrina de que la justicia franquista es una justicia legal. No hay más consideraciones -ni políticas ni de otro tipo-, aparte de éstas de tipo jurídico, que puedan invalidar una sentencia de aquella época.
RyN. : Entonces, siguiendo esta lógica disparatada, si lo único que cuenta es que ellos no fueron (y por lo tanto, si hubieran sido ellos, todo lo demás -condena a muerte, ejecución…- sería correcto), ¿puede haber consecuencias para los verdaderos autores de los atentados ?
O.A. : No. En 1977 se aprobó una ley de amnistía. Además, el 20 de noviembre de 2002, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad (incluido el PP) una resolución, también histórica, condenando el golpe militar de 1936 e instando a las instituciones a rehabilitar moral y materialmente a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.
RyN. : ¿Cuál es, a tu juicio, la razón de que todos los Recursos de revisión sean rechazados por el Supremo ?
O.A. : La Transición no fue una ruptura institucional con la dictadura. Fue el fruto de una negociación y un pacto en el que el Franquismo impuso condiciones que fueron aceptadas por la oposición antifranquista. Por ello, la magistratura de derechas sigue sosteniendo que la Constitución de 1978 no tiene un poder retroactivo. Por lo tanto, las garantías constitucionales de hoy sólo cuentan a partir del ’78. Antes había otra legalidad, y es intocable. No se trata sólo de no querer dar su brazo a torcer, sino también del miedo a las consecuencias. Con el actual movimiento de recuperación de la memoria, surge una lucha dentro del Poder Judicial entre magistrados que sí creen que pueden anularse las sentencias y otros que no. Más que una batalla jurídica es una batalla política, no sólo por el pasado sino también por el presente.
RyN. : ¿Por qué se sigue oponiendo un “muro de silencio” a la memoria histórica ? Siempre se ha puesto como excusa el supuesto peligro de hurgar en viejas heridas. ¿Existe realmente hoy en día algún peligro ?
O.A. : No existe el peligro de que, si la democracia institucional que tenemos es consecuente y procede a la anulación de las sentencias represivas, eso pueda provocar de nuevo un enfrentamiento entre las dos Españas. El problema del enfrentamiento actual que existe, desde mi punto de vista, es la propia persistencia aún de las dos Españas. Se nos ha querido vender el cuento de que la Transición significó la reconciliación de los españoles, pero de la conducta de muchos de los representantes de la derecha se traduce esa actitud de intransigencia y prepotencia de considerarse los vencedores, pese a que ahora se dicen demócratas. El enfrentamiento entre las dos Españas (me refiero a la de los poseedores y la explotada) sigue.
RyN. : ¿Crees que en este caso hay posibilidades de romper el mencionado “muro” ? ¿Qué tiene que ocurrir para ello ?
O.A. : Cuando comenzamos, en el ’98, había ciertas razones para ser pesimistas. No había un eco ciudadano para romper el silencio, y menos político. Prueba de ello es que cuando gobernaba el PSOE con Felipe González, la viuda de Julián Grimau presentó un Recurso de revisión en el Tribunal Supremo (fue el primero de los que se han presentado) y también fue rechazado, inclusive por el Constitucional. Y los partidos (incluido el PC) ni siquiera protestaron. Pero, en el caso de Granado y de Delgado, estábamos seguros de que teníamos un elemento de prueba que, en un momento u otro, nos permitiría poner a los “tribunales de la democracia”, que tienen que respetar las normas del Estado de Derecho, y al propio Estado, presuntamente democrático, en la tesitura de asumir la legalidad y proceder a la revisión o poner en evidencia que no es tal Estado de Derecho y que la Transición es una farsa. Nuestra motivación no era sólo conseguir la rehabilitación de nuestros dos compañeros, sino también contribuir a que se pusiera en marcha un proceso de recuperación de la memoria histórica para acabar con la amnesia que impuso la Transición. Esto, ocho años después, se ha conseguido. Hoy en día, el proceso de recuperación de la memoria histórica se ha transformado en un proceso colectivo que ha obligado a los partidos a romper con ese pacto del silencio y del compromiso de la Transición y a apoyar las reivindicaciones de las víctimas de la represión, al punto que el gobierno socialista se ha visto obligado a constituir una comisión interministerial para dar satisfacción a todas estas reivindicaciones y a afrontar el problema político clave de la ruptura institucional que todavía no se ha realizado.
El resultado final no está conseguido aún. La anulación de las sentencias franquistas todavía es la materia pendiente de la Transición, pero, si nos movilizamos para exigir que el gobierno socialista cumpla lo que ha pedido cuando estaba en la oposición, podremos obligarles a que se produzca esta anulación.
RyN. : Para terminar, ¿cómo ves el movimiento libertario en la actualidad ?
O.A. : Nunca he creído que la transformación social, la justicia o la revolución como fin de la explotación puedan ser el resultado de un grupo organizado. Yo creo que será el producto de una larga evolución de la sociedad humana. Con rupturas y reformas, pero el avance real hacia esos objetivos dependerá de que en el seno de la sociedad mantengamos esas exigencias permanentemente, en función del contexto histórico de cada época. Dicho esto, las organizaciones y los movimientos revolucionarios o antiautoritarios tienen una función, que es la de permitir el encuentro de todos los que luchan por esos objetivos, lo que permite crear relaciones de fuerza con el poder y con el sistema más eficaces para el objetivo de la emancipación. Para mí, el movimiento libertario no son solamente las organizaciones que se reclaman como parte de él. Para mí, el movimiento libertario es todo el conjunto de grupos y gentes que, en el seno de la sociedad, aspiran auténticamente al fin de la explotación y la dominación, y que luchan para conseguirlo. En este sentido, yo creo que hay muchísima más gente que aspira a este objetivo fuera del movimiento libertario que dentro, o dicho de otra manera : que, además de los de dentro, hay muchísima más gente fuera que aspira a lo mismo que nosotros. Y, en este sentido, me parece que nuestras reivindicaciones son asumidas por millones de gentes en el mundo, aunque no se pongan etiquetas. Los grupos contribuyen a que los problemas que ocasiona esta sociedad absurda, injusta, irracional y peligrosa sean permanentemente debatidos y ayudan a crear una dinámica para provocar situaciones en las que se tengan que tomar decisiones al respecto.
Lo que sí me gustaría dejar claro es que, en mi opinión, en este proceso de lucha para conseguir que la sociedad en su conjunto pueda alcanzar la emancipación, han sido y siguen siendo muy negativas las falsas ilusiones que se han dado a los desposeídos de que eso se podría resolver delegando su poder en hombres providenciales o partidos políticos, porque lo que sí es evidente es que sólo se consigue lo que sabemos exigir nosotros mismos.
Fuente: ROBERTO BLANCO/GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL CGT | Fotos : David Fernández
