En 1975, durante el año cero de la transición, el puñado de militares de la UMD que luchaba por la democracia en España fue expulsado del Ejército a perpetuidad tras una denuncia del general Milans del Bosch, entonces jefe de la División Acorazada, y luego líder del golpe verdeoliva del 23-F. En la España democrática del 2006, el jefe de la misma División Acorazada, José Mena Aguado, lanza una soflama tipo 23-F bis y es reprendido con una sanción mínima. Parece claro, pues, que lo que une a las Fuerzas Armadas y a la sociedad española en la etapa constitucional no es la confianza mutua sino el mismo hilo rojo que identificó al franquismo : la vigencia de un partido militar reinante como escudo del régimen.
El caso de las manifestaciones efectuadas por el general en jefe de la Fuerza Terrestre española, Mena Aguado, reviste gran trascendencia, más por lo que encubre que por lo que revela. Aunque solamente con la puesta en escena de la arenga de Reyes, en un país experimentado en el ejercicio de derechos y libertades, habría razones sobradas para la alarma. En primera instancia, hay que destacar dos cosas. Una, que la “amenaza de graves consecuencias” y la advertencia de que si “los límites infranqueables de la Constitución son rebasados, el Ejército debe actuar en defensa de España”, hechas por el meritorio militar, demuestran que para gran parte de la cúpula militar la actual Constitución de 1978, cuyo veinticinco aniversario acaba de conmemorarse, es un trágala. O sea, la octava Ley Fundamental del Movimiento Nacional, dada esa naturaleza “permanente e inalterable” que reivindican sus ángeles custodios.
Y la segunda, que el Estado de partidos en que se basa el ordenamiento surgido de la Carta Magna esta coronado por una hiperpartido militar que establece el marco de juego de la sociedad civil y neutraliza a cuantos agentes sociales puedan, a su fino instinto, desbordar el foso de salvaguardia que el franquismo dejó “atado y bien atado”. Nos referimos a todo lo que afecte a la organización territorial del país y a la forma que adopte la jefatura del Estado en esta pretendida “democracia avanzada”, como dice el preámbulo constitucional. De suyo, la insinuación al alzamiento realizada por este mando del Ejército, cuando precisamente el Estatut entra en su recta final con el periodo de enmiendas, revela la patológica persistencia de una democracia otorgada y vigilada y muy poco avanzada.
El otro aspecto “tapado”, segunda instancia, que conviene poner sobre la mesa es el de la responsabilidad política del ministro José Bono (el Solís del régimen) al nombrar a una persona de tan flácidas convicciones democráticas para un puesto estratégico en el sistema de seguridad de la nación. ¿En manos de quién estamos ? ¿Cómo confiar en un titular de Defensa al que meten tan fenomenal gol ? ¿Acaso no hubo ignorancia por su parte sino temeridad y pasteleo con los dueños fácticos del artículo 8 de la Constitución ? Debemos recordar que el mismo Bono, que se las da ahora de duro y hace la ola con las tropas en tierra extraña, fue quien ascendió a teniente general y segundo Jefe del Estado Mayor a Joaquín Tamarit Navas. Precisamente, uno de los implicados en el 23-F, el capitán de la “Brunete” que llamó al golpista coronel San Martín para transmitirle la contraseña del putsch “la bandeja está grabada”. ¿Debemos ignorar igualmente que este ministro confirmó el nombramiento, perpetrado en los últimos meses del PP, del general Blas Piñar López como subdirector de Doctrina del Cuartel General del Ejército, el primer firmante del llamado “Manifiesto de los Cien” que sirvió de aldabonazo al 23-F ?
Estos son los mimbres con los que se teje el Partido Militar reinante aún en la democracia española. Una madeja inextricable de cuyos hilos penden, cual herrumbrosas espadas de Damocles, pronunciamientos como el ahora perpetrado por el Jefe de la Brunete a boca de conclusión de Estatut en el Congreso. O los muy similares «dictámenes» en sustancia, mutatis mutandis, realizados por elevación el 3 de octubre pasado por el Rey Juan Carlos en la Academia General Militar y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Felix Sanz Roldán, 24 horas después de ser aprobado el proyecto de Estatut por el Parlament de Catalunya en ejercicio de su soberanía. (Todo ello cuando ETA-militar parece haber dejado paso a ETA político-militar con un periodo de calculado y preventivo “armisticio”).
Fuente: Rafel Cid
