Han pasado seis décadas desde que los padres de Vicente Muñiz fueron fusilados en Paterna (Valencia) en 1941 tras un consejo de guerra en el que se les culpó de un triple asesinato sin testigos ni pruebas de ello. Y sin que ni siquiera se llegará a la conclusión de quiénes fueron los muertos. No se encontró ningún cuerpo.
Tanto el padre de Muñiz, Amando, como su madre, Águeda, eran miembros del partido antiestalinista de Andreu Nin, el POUM. Durante la guerra estuvieron instalados en una vivienda de Valencia, dentro de un edificio incautado a su dueño, que al acabar la contienda les denunció por usurpación de la casa y robo de muebles, cargos que incluso en la época no les hubieran deparado la pena de muerte. Pero alguien dijo haber escuchado el comentario de que Águeda participó en un triple asesinato. Poco después, el mismo testigo rectificó y señaló a Amando como el responsable de la muerte de tres personas que nunca fueron identificadas.
Ambos fueron ejecutados y su hijo, que hoy cuenta con 71 años, no se ha cansado de pedir justicia. Aunque sí ha perdido la fe. Hace dos años, Muñiz consiguió algo histórico : por primera vez, la Sala Militar del Tribunal Supremo aceptó a trámite un recurso a la sentencia que condenó a sus padres. Sin embargo, el Alto Tribunal decidió finalmente desestimarlo.
La desilusión
Muñiz acudió entonces al Tribunal Constitucional. El pasado 13 de junio, recibió de esta instancia la noticia de que ni siquiera admitía a trámite su recurso. Y mientras tanto, la tan anunciada ley de la memoria histórica —que podría fijar doctrina sobre cómo proceder en relación con los consejos de guerra franquistas— sigue sin ser aprobada. En consecuencia, tomó la decisión de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo que formalizó el pasado 25 de noviembre.
«Ya he recorrido toda la escala de abajo a arriba. Antes de llegar a Estrasburgo hay que recorrerlo todo», explica Muñiz, quien, desilusionado, no cree que la resolución de casos como el de sus padres dependa del color político del partido que gobierna : «A mis 71 años no tengo ya fe en nadie. Cuando llegan a un nivel, todos los políticos son iguales». Y lo dice pese a que asegura que tenía «mucha confianza» en el PSOE. «A los políticos no se les cae la cara de vergüenza por no anular las leyes franquistas. Ningún gobierno ha tenido las narices de hacerlo». Muñiz ha perdido la fe en los políticos, pero no por ello cejará en exigir justicia.
El tiempo se acaba
El anciano, que ha escrito varias cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, teme que el tiempo sepulte su caso y los de todos aquellos que después de 40 años de obligado silencio pensaron que podrían, por lo menos, ver revisados los juicios arbitrarios del franquismo. Dentro de pocos años, subraya, los familiares directos que piden justicia ya habrán muerto. Su abogado, Emilio Adán, certifica este resquemor al citar el argumento legal que ha dado sentido a la reclamación de Muñiz : «La ley procesal militar dice que los hijos de los condenados tienen derecho a la revisión de sentencia, para lo que no establece plazo». En consecuencia, el plazo finalizará cuando no haya hijos vivos que puedan reclamar nada.
Par : cgg
Fuente: TONI SUST/ARCELONA/EL PERIÓDICO
