En dos fosas del cementerio
de San Rafael hay enterradas
al menos 2.456 personas que
murieron fusiladas en la
Guerra Civil. Las familias de
los asesinados, alarmadas por
el plan que transformará
el camposanto en parque y
viviendas, reclaman, con el
apoyo de CGT, que las obras
paren y respeto a su memoria
El padre de José Dorado Soto murió fusilado
en el cementerio de San Rafael en marzo de
1937, cuando él sólo tenía tres años. Ahora
pretende recuperar sus restos, y lleva ya más
de un año llamando a la puerta de las insti-
tuciones sin obtener respuesta alguna, y con
la sensación «de haber sido toreado» por
todos, sin distinción entre partidos
e instituciones.
Pedro Dorado, trabajador de la
Compañía Andaluza de Ferrocarriles, fue
detenido en la estación de Bobadilla y posteriormente encarcelado y fusilado en la capital. «Estuvo prestando declaración en Málaga
y lo dejaron marchar, pero después su jefe
los denunció, a él y a otros siete compañeros, ante la Guardia Civil. Días después, aún
sabiendo que había muerto, su jefe seguía
incluyéndole en los encargos de trabajo,
como para justificarse». Su madre enviudó
entonces con tres hijos que criar y la carga
de pertenecer a una familia roja.
Ahora no quiere venganza. Sólo aspira a
enterrar los restos de su padre junto a los
de su madre, en Bobadilla Estación, y que se
conozca lo sucedido en Málaga durante
aquellos años. «El antiguo cementerio se va a
convertir en un parque, y ya está bien de avasallar a los caídos. Al menos, deberían dejarnos trasladar sus restos a un lugar digno, en Parcemasa, con un monolito que sirva para honrar su memoria».
MEMORIA Y JUSTICIA
La iniciativa de este jubilado malagueño,
junto a los esfuerzos de la CGT, ha dado pie
a la constitución de este colectivo, del que ya
forman parte 14 familiares de víctimas de la
represión franquista en Málaga. Esta entidad
ha remitido escritos al alcalde y al Defensor
del Pueblo de Andalucía, en los que se solicita la paralización del proceso de desmantelamiento del cementerio de San Rafael, que
se convertirá en los próximos años en un
parque, y así evitar daños en una zona donde
se ha probado la existencia de dos fosas
comunes. Diversos documentos prueban
que entre el 16 de febrero de 1937 y el 27
de junio de 1940 fueron fusiladas en Málaga,
y enterradas en este emplazamiento, un total
de 2.456 personas. Un número que podría
aumentar, según Antonio Somoza, militante
de CGT y miembro de este colectivo, si se
tienen en cuenta diversos testimonios, que
ubican en esa misma zona otros enterramientos aparte de los ya conocidos, y el hecho de que en los años de la represión
franquista desaparecieron cientos de personas sin haber pasado por prisión. Asimismo, se ha solicitado que la fosa de San Rafael se
incluya dentro de las actuaciones previstas
en el decreto (aprobado por unanimidad) del
Parlamento Andaluz del pasado día 25 de
septiembre y que compromete a todos los
organismos públicos a colaborar en la recu-
peración de los restos de los represaliados
de la Guerra Civil en Andalucía.
REPRESIÓN EN LA PROVINCIA
Entre los miembros de la asociación se cuentan también varios vecinos de Álora,
Alfarnatejo y Cártama. En el primero existe
un documento que da cuenta de que en un
solo día fueron fusilados 69 vecinos de la
localidad. En Casares el Ayuntamiento ha
intervenido para preservar otros dos enterramientos ; y existen sospechas fundadas de
que junto a la tapia del cementerio de Vélez Málaga pudiera haber otro.
El abuelo de Miguel Alba llegó a ser
alcalde de Alfarnatejo. «Un hombre muy
especial, un campesino poeta», como lo define hoy su nieto, que ha podido recuperar las
últimas cartas en verso que Miguel (comparten el nombre) dirigió a su madre desde prisión, en la que también se encontraba
Antonio Alba, su bisabuelo. Ambos se
encuentran enterrados en una de las fosas
de San Rafael. «Era muy desprendido, muy
dado a regalar sus pertenencias, y alguno le
pareció que iba contra la oligarquía del pueblo. Después las represalias se extendieron
al resto de la familia. Parecía que querían acabar con todos ellos».
Los últimos días de los familiares de
Miguel Alba, como la de tantos otros, quedaron reflejados en el antiguo archivo civil de
Santo Domingo, ya desaparecido, a partir del
cual Encarnación Barranquero, en su obra
«Málaga, entre la guerra y la posguerra» elaboró una lista de fusilados, que hoy día sirve
de base para cuantos desean saber qué pasó
con sus seres queridos. «Los que ganaron
están enterrados ; los perdedores, en las
cunetas. Se tiene que saber lo que ocurrió en
aquellos días». Alba asegura que en los pueblos pequeños aún hoy «esas cosas son tabú,
y se habla de ellas en voz baja. De hecho, hay
multitud de información sin desclasificar, que
afecta a las familias de toda la vida de Málaga
o a sus descendientes vivos, y pueden herir
sensibilidades».
«NI GRITAR NI LLORAR»
El caso de Antonio González es atípico. Su
padre, Salvador, escuchó su nombre en prisión el tres de septiembre de 1937. «Se des-pidió entonces de su padre, también encarcelado, y se lo llevaron. Mi abuela materna le
llevaba la comida cada día, y al llegar a la prisión vio sus cosas tiradas. Se dirigió entonces a San Rafael ; le permitieron ver a su yerno a condición de que no gritara ni llorara. Ni gritó ni lloró, sino que lo buscó entre otros 13 cadáveres, lo desató de su compañero
(iban amarrados con alambre, de dos en dos)
y lo pudo enterrar dignamente». Aunque los
restos de su padre descansan en el cementerio de Pizarra, considera que «todos los
muertos tienen derecho a descansar en paz»,
y pide que se respeten las tapias del cemen-
terio como recuerdo de lo que allí ocurrió
Francisco Fernández no sólo ha invertido su tiempo en reconstruir la historia de su
familia, sino que además se ocupa desde hace
años de cuidar las fosas de San Rafael. «Mi
abuelo Francisco era militar republicano. Al
acabar la guerra se encontró con su familia
huida y juntos regresaron a Málaga. Lo detuvieron en la estación. Allí estaba la hermana
del cura de Marbella (lugar de origen de su
familia), señalando a todos los rojos del pueblo conforme iban bajando del tren. Al contrario que muchos otros, tuvo un juicio, y lo
condenaron por algo ocurrido en Marbella
en un tiempo en que él estaba fuera, en el
frente. Lo fusilaron, junto a otro vecino, José
Sánchez, el cinco de abril de 1940».
HISTORIAS DE LA FOSA
Desde muy joven, Francisco Fernández ha
visitado el cementerio con frecuencia, y
acaudala un buen número de historias en
torno a éste. «Como no dejaban entrar a los
familiares de los fusilados, la gente tiraba flores y plantas desde la tapia. Muchas de ellas
arraigaron y hoy crecen sobre la fosa.
Además, un hombre, cada 30 de octubre, de
madrugada (el día antes a la festividad de los
santos), saltaba la tapia y dibujaba una cruz
de cenizas». Denuncia el ostracismo a que ha
estado sometido el recuerdo de aquellas víctimas del franquismo durante años, sólo roto
por la intervención del alcalde Pedro
Aparicio, que impulsó un homenaje a aquellos hombres, y los miembros del Partido
Comunista, que lo visitaban el día de la república. «Tenemos derecho a honrar su memoria, y a que nada de esto se pierda, porque
forma parte de nuestra realidad».
Francisco Fernández aplaudió que
Parcemasa delimitara un perímetro de seguridad en torno a las fosas durante las obras
de desmantelamiento del cementerio, pero
critica que todavía Urbanismo no haya consensuado con los familiares qué se va a hacer
en esos terrenos. «No cabe alegar la utilidad
o la belleza que tendrá el parque sin antes
dar respuesta a las familias».
Aún faltan datos de comarcas enteras,
como Ronda y Antequera, y de la mayoría de
municipios de la provincia. Por otra parte, en
el municipio granadino de Órgiva se tiene
constancia de un enterramiento colectivo
con no menos de 2.000 cadáveres, en los
que algunos testimonios señalan que este
lugar fue la tumba de numerosos malagueños
que trataban de llegar a Almería tras la caída
de la ciudad. Ante la magnitud del trabajo,
este colectivo ha mantenido conversacione
con profesores de la Universidad para promover la formación de un grupo de trabajo
técnico para asegurar que tanto la exhumación e identificación de los restos, como la recogida de información se realice con todas
las garantías científicas. Tal y como expone
Antonio Somoza, «el número de asesinados
o desaparecidos en todo Chile durante la
dictadura de Pinochet es de unas 6.000 personas. Este dato sirve para hacernos una idea del alcance de la represión sólo en la provincia de Málaga».
PARKING DE LA ALAMEDA
El pasado 8 de abril, CGT puso en conocimiento del Ayuntamiento y de la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia la posible existencia de una fosa y pedía la intervención con carácter preventivo ante las
obras de construcción de un aparcamiento
subterráneo en la Avenida de Andalucía
(frente a El Corte Inglés).
La denuncia, según Cecilio Gordillo, uno
de los principales impulsores de Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía,
un proyecto de este sindicato, y vocal de
Exhumaciones de la Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia, tenía además el
propósito de «que no ocurriera lo de 1978,
en el mismo lugar, cuando se ocultaron y se
arrojaron a vertederos restos humanos que,
según testimonios recogidos a pie de obra
de personas mayores, correspondían a una
de las fosas comunes donde fueron enterra-
dos los asesinados por los fascistas tras la
toma de la ciudad».
Aunque el Ayuntamiento respondió el
12 de junio, alegando que «no resultaba la
existencia de esas fosas comunes» a las que
aludía la asociación, los días 6 y 7 de agosto
se dio a conocer la aparición de restos que
correspondían, según los arqueólogos, a un
enterramiento de la época musulmana. Ante
este hecho, la Consejería de Cultura inició
un informe de intervención.
Según Gordillo, «la CGT de Málaga ha
venido realizando durante este tiempo visi-
tas al lugar para ver qué se estaba haciendo
en las excavaciones. Fruto de este seguimiento estamos en disposición de denunciar
que las intervenciones que se vienen realizando tienen la intención de deshacerse de
los restos humanos aparecidos, ya que, según
expertos consultados, la manipulación y la
excavación se está realizando por parte de
personal sin ningún tipo de formación, a
menos que la intención sea hacer desapare-
cer las pruebas de la existencia de una fosa
común sobre un cementerio musulmán».
La CGT explica que, aunque no se les
ha permitido reconocer las excavaciones,
han recogido testimonios que hablan de «un
gran número de restos amontonados unos
sobre otros, cuando es comúnmente conocido que los musulmanes tienen unos ritos
funerarios muy claros, con tumbas ordenadas y que miran hacia la Meca». Por otra
parte, Gordillo lamentó que los representantes de los partidos políticos en el
Ayuntamiento, que según el representante
sindical están plenamente informados de
estas actuaciones, «sólo se han interesado
por este tema cuando se hizo referencia a su
origen arqueológico».
LOS MALAGUEÑOS DE ÓRGIVA
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y
Justicia, y el grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Órgiva (en La Alpujarra
granadina) han denunciado que el Ministerio
de Fomento planea construir varios diques
en el paraje conocido como el Barranco del
Carrizal, en el que están enterrados los restos de miles de fusilados de la Guerra Civil.
Los diques se están levantando en gran
número de barrancos para impedir que haya
arrastre de tierras hasta las aguas de la nueva
presa de Rules.
Según el catedrático Juan González
Blasco, especialista en historia de esta localidad, existen testimonios que calculan que en
El Carrizal puede haber enterrados cinco mil
cadáveres, sepultados con cal. En su libro
Órgiva, hitos de nuestra historia, publicado
antes del inicio de las obras, detalla lo sucedido en este lugar, donde asegura que miles
de republicanos murieron fusilados. Entre
otras historias, relata que en la parte alta del
barranco (donde se ha construido el primer
dique) fusilaron a 149 hombres y a una orgiveña llamada Nicolasa, madre de once hijos,
ejecutada junto a su marido y su hijo mayor.
Es imposible cuantificar el número de
personas a las que quitaron la vida en la
parte inferior, bajo el puente del barranco
(ahora ocupada por el segundo dique), pero
puede superar las cuatro mil, según los testimonios recogidos por el historiador entre
los ancianos del pueblo. González Blasco
cuenta asimismo que en el Carrizal «fusilaron
a un hombre que quedó con vida. Manchado
de sangre le creyeron por muerto y se escapó del lugar por el paraje de La Chuca.
Como no conocía el terreno y con aquel
aspecto tuvo la mala fortuna de preguntar a
unos nacionales. El hombre fue paseado con
una soga al cuello por Órgiva y en el cementerio gritó : «Qué he hecho yo para esto.
Tengo nueve hijos». Después lo amarraron, lo
echaron a la zanja y lo acribillaron a tiros».
Simón Pérez, el pastor del Carrizal,
como se le conoce en Órgiva, tenía sólo
nueve años cuando fue testigo de los asesinatos, pero, según declaró al diario Ideal de
Granada, lo recuerda «como si hubiese pasado ayer.Veía aquellas masacres… Cómo sería aquello que hasta las cabras se acostumbraron al sonido de los disparos y seguían
comiendo cuando sonaban. Las ejecuciones
se realizaban por la mañana temprano. A los
presos se les ponía en fila encima del cerro».
Después, «vecinos de Órgiva que cobraban
por ello, se encargaban de echar los cuerpos
en fosas comunes, y de echarles cal viva para
borrarlos aún más del mapa».
El concejal de Agricultura de la localidad, Miguel Orellana (de 67 años ) asegura
que en El Carrizal hay «muchos fusilados»,
aunque discrepa de la ubicación atribuida a
los enterramientos. «La mayoría de las personas que fueron pasadas por las armas no
eran de la Alpujarra, sino de Málaga, que querían esconderse en estas sierras.Y esto lo sé
porque mi familia labraba el paraje del
Carrizal cuando ocurrieron los fusilamientos». La propuesta socialista y de la asociación pasa por delimitar la zona, realizar un
monumento para rendir homenaje a los fusilados, recuperar los restos humanos y enterrarlos según el deseo de los familiares, en
caso de que éstos los reclamen.
Artículo publicado en la Revista bimesual de Málaga *EL
OBSERVADOR*. Concretamente en el nº *40 Dic 2003-Enero 2004*
Fuente: El Observador