CGT denuncia la demagogia institucional y seguirá luchando por la igualdad de derechos de las personas indocumentadas.
El gobierno del psoe deja a un millón de personas inmigrantes sin regularizar, indefensas y sin derechos frente a la arbitrariedad de la patronal que les explota ilegalmente.
CGT denuncia la demagogia institucional y seguirá luchando por la igualdad de derechos de las personas indocumentadas.
El proceso de normalización que ha finalizado el pasado 7 de mayo, deja un saldo negativo de indefensión, marginación, explotación y exclusión permanentes para un millón largo de personas que no han conseguido que algún/a empleador/a tramitara su solicitud. Según los datos oficiales, en torno a 700.000 extranjeros/as han conseguido presentar su expediente de regularización, lo que significa que al menos otro millón largo de sin papeles (según cálculos del INE de enero de 2005) no ha podido hacerlo.
Valoración de la CGT-PV del proceso especial de regularización de inmigrantes
CGT denuncia la demagogia institucional y seguirá luchando por la igualdad de derechos de las personas indocumentadas.
El gobierno del psoe deja a un millón de personas inmigrantes sin regularizar, indefensas y sin derechos frente a la arbitrariedad de la patronal que les explota ilegalmente.
CGT denuncia la demagogia institucional y seguirá luchando por la igualdad de derechos de las personas indocumentadas.
El proceso de normalización que ha finalizado el pasado 7 de mayo, deja un saldo negativo de indefensión, marginación, explotación y exclusión permanentes para un millón largo de personas que no han conseguido que algún/a empleador/a tramitara su solicitud. Según los datos oficiales, en torno a 700.000 extranjeros/as han conseguido presentar su expediente de regularización, lo que significa que al menos otro millón largo de sin papeles (según cálculos del INE de enero de 2005) no ha podido hacerlo.
Valoración de la CGT-PV del proceso especial de regularización de inmigrantes
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Además, habrá que esperar a saber cuántas altas se producen en la Seguridad Social, fruto de esta “normalización”, sin olvidar que la autorización conseguida dura sólo un año, tras el cual hay que volver a solicitar su renovación.
La economía sumergida que se pretendía eliminar sigue tanto o más consolidada que antes, por cuanto las únicas vías abiertas a partir de ahora para la regularización son el arraigo social y laboral, y ambas sólo son posible si la persona extranjera demuestra una estancia continuada de 2-3 años – ilegal y por tanto sobreviendo en la economía informal o sumergida- y un compromiso de contrato por una año.
Resulta indigno por no decir inhumano que sólo los/as empresarios/as tuvieran la potestad de tramitar las solicitudes de regularización. Esto ha provocado en muchos casos la extorsión y el abuso, con despidos, compra-venta de contratos, pago previo del alta por el/la trabajador/a extranjero/a, hasta las escandalosas escenas de sumisión de los/as inmigrantes haciendo cola durante horas ante las oficinas de la seguridad social para que su empleador/a llegara justo a su turno.
Para la CGT, el proceso de normalización ha sido pura demagogía institucional y simple neoliberalismo aplicado, que alcanzó su mayor extremo cuando a dos semana de finalizar el gobierno posiblitó el empadronamiento por omisión, con el fin de acelerar el aumento de solicitudes presentadas. Eso sí, con la prepotencia de hacer caso omiso de las moviliaciones y encierros del colectivo de sin papeles que pedían mayor flexibilidad en los procedimientos, criterios y tiempos para la regularización.
La CGT, pues, seguirá luchando codo con codo con los/as trabajadores/as extranjeros para conseguir el reconocimiento de su existencia, su dignificación, su integración y el logro de todos su derechos humanos, sociales, laborales y sindicales.
