Cerca de 300 inmigrantes en huelga de hambre desde el pasado sábado en locales e iglesias de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet pretenden mantener la protesta de forma indefinida y ocupar nuevos locales, ha informado hoy el portavoz de la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, Enrique Mosquera. El portavoz ha asegurado que los cinco locales ocupados están al límite de su capacidad y «la afluencia de inmigrantes que desean sumarse a la protesta» les ha obligado a «buscar nuevos lugares de encierro».
Los líderes esperan disponer de tres locales más durante esta semana y ya han anunciado que el próximo fin de semana volverán a encerrarse en la Universidad Politécnica de Barcelona (UPB), como ya hicieron el domingo y el sábado. Los inmigrantes iniciaron la huelga de hambre el pasado sábado con el objetivo de presionar al Gobierno para que flexibilice las condiciones impuestas para acceder a la regularización extraordinaria y amplíe el plazo de solicitud.
Según la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, en estos momentos hay unos 75 inmigrantes en huelga de hambre en el Espai Obert, otros 75 en el Centro Social Can Vías, un total de 55 en la Iglesia del Pi, doce en la Iglesia de Sant Medí y unos 60 en la parroquia de Sant Miquel de Santa Coloma de Gramanet. Los encerrados han pedido al Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, que visite los locales, escuche sus reivindicaciones y haga de mediador ante la Delegación del Gobierno. Asimismo, han convocado para el próximo miércoles una reunión con diferentes ONGs, sindicatos y asociaciones sociales y religiosas a las que pedirán su apoyo.
Miedo a la Policía
Entre los inmigrantes encerrados hay paquistaníes, indios, subsaharianos, magrebíes, sudamericanos y búlgaros, pero todos coinciden en calificar de ’injusto’ que sólo se pueda acreditar la estancia en España mediante el padrón. Muchos aseguran que no están empadronados porque tenían miedo de que la Policía utilizara el padrón para realizar expulsiones y otros que no consiguieron empadronarse cuando llegaron porque no tenían domicilio fijo.
También denuncian que muchos empresarios han despedido a sus trabajadores irregulares para evitar tener que contratarlos en condiciones legales y pagarles un sueldo ’digno’ y que las mafias se están aprovechando y cobran entre 5.000 y 10.000 euros por un contrato de trabajo. Asimismo, algunas extranjeros argumentan que tienen dificultades para conseguir el certificado de penales de su país de origen debido a la situación política de su país o la ausencia de consulado o embajada en la ciudad española en la que residen.
Enrique Mosquera ha pedido a la Cruz Roja y a la ciudadanía que facilite zumos de frutas a los encerrados para evitar que caigan enfermos y ha reconocido que algunos inmigrantes se niegan a beber y que un inmigrante bengalí encerrado en la parroquia de Sant Miquel de Santa Coloma tuvo ayer problemas de salud por deshidratación. Por su parte, la delegación del Gobierno en Cataluña ha hecho público un comunicado en el que insiste en que los requisitos para acogerse al proceso de normalización son el certificado de penales, certificado de empadronamiento antes del 7 de agosto y un contrato de trabajo. «Las medidas de presión no lograrán cambiar ni alternar este proceso de normalización», señala el citado comunicado.
Efe. Barcelona.
Lunes, 04 de abril de 2005
