Sindicalistas, defensores de DDHH, líderes campesinos e indígenas, personalidades de los movimientos sociales y de la izquierda política de Colombia lanzan un S.O.S. de solidaridad internacional.
S.O.S. – Colombia
¿Por qué un S.O.S. ?
En las pasadas semanas (y meses) se han intensificado las persecuciones contra los movimientos sociales, muestra de ello han sido el asesinato de líderes comunales, la masacre de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los nuevos atentados contra sindicalistas y el aumento de amenazas de muerte. El pasado 2 de marzo en la ciudad de Cartagena el ex dirigente sindical y actual asesor de la USO (sindicato petrolero), y miembro del Frente Social y Político, Rafael Cabarcas y su escolta fueron tiroteados por un grupo paramilitar. Ambos han sido hospitalizados con graves heridas. Ya en octubre del año pasado intentaron secuestrar al hijo de Cabarcas. Los grupos paramilitares declararon “objetivo militar” a la dirección sindical de la USO, la que recibió además una lista con nombres de sindicalistas “sentenciados a muerte”. Se les informó por teléfono que hay puestos encima de la mesa 10.000 dólares por la ejecución de cada sindicalista que figura en la lista “negra”. Todo formaría parte de un plan ideado en el año 2000, cuya segunda fase comenzó el pasado enero. El desconocido informante mencionó una reunión de industriales, políticos de la ciudad y del Comando Central de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, la coordinación paramilitar) hace cinco años con el fin de elaborar esta operación de exterminio de la oposición local. Para tales fines se les facilitaron datos de las personas a matar y una suma importante de dinero.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) informó recientemente de la existencia de otro plan macabro para asesinar dirigentes sindicales discrepantes con la negociación que desarrolla el gobierno colombiano con las AUC. En Ralito (lugar del “diálogo”) se ha elaborado una lista de personas que se consideran un obstáculo para dicha negociación. El plan será ejecutado por miembros de la Brigada XVII y XIII del Ejército Nacional y personal del narcotráfico.
“Operación Final”
En la ciudad petrolera de Barrancabermeja (centro del país) fueron asesinados por motivos políticos, en lo que va de año, 24 personas, y 14 han sido desaparecidos (hasta el 5 de marzo). Las amenazas de muerte contra activistas sociales y políticos están aumentando diariamente. Se sospecha que la remetida viene por el anuncio de personalidades políticas de izquierda que están promoviendo un referéndum para destituir el alcalde del municipio por sus relaciones con los grupos paramilitares que controlan esta ciudad militar y políticamente desde 1998. Se circuló una lista con nombres de personas a las que el grupo paramilitar Bloque Capital tenía que matar. Entre los amenazados se encuentran la presidenta de la Organización Femenina Popular (OFP), Yolanda Becerra, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la región, Juan Carlos Galvis, el ex presidente del sindicato petrolero USO, Hernando Hernández, entre muchos otros defensores de DDHH. Todos ellos nos piden solidaridad para salvar sus vidas.
Masacre en San José de Apartadó
El pasado 21 de febrero miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional masacraron a siete campesinos, entre ellos niños de dos, seis y once años, de la Comunidad de Paz San José de Apartadó. Las víctimas -entre ellas el activista por la Paz Luis Eduardo Guerra- fueron amenazadas de muerte, detenidas arbitrariamente, torturadas y asesinadas, y luego enterradas en dos fosas. El 6 de marzo otra persona de las Comunidades de Paz y Resistencia, Irma Areiza de Dabeiba, fue detenida, torturada y asesinada. Su cuerpo apareció con señales de violencia sexual cerca de una base paramilitar de la zona. Ella era testigo de las criminales acciones de paramilitares y fuerzas oficiales del Estado colombiano.
Arauca : un laboratorio de guerra
Al final queremos mencionar también la situación en el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela, que se ha convertido en un “laboratorio de guerra” como afirma Amnistía Internacional (ai). Antes de encontrar petróleo aquel punto del país estaba en el olvido y reservado para los pueblos indígenas que habían sobrevivido el exterminio. Pero con el hallazgo del petróleo empezó la guerra. El medio ambiente fue contaminado, el hábitat de los indígenas destruido. Empresas transnacionales como Occidental Petroleum (OXY) o Repsol-YPF financian además a grupos paramilitares para la seguridad de sus instalaciones, según ai. Además se instalaron bases militares para garantizar la explotación petrolífera (incluso con dinero público de los EEUU). Todas aquellas personas y organizaciones que se opusieron a los intereses económicos de las empresas y de los Estados involucrados, han sido y están siendo perseguidas. Los derechos humanos son violados sistemáticamente.
¿Por qué todo esto ?
Las personas amenazadas, perseguidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas son en muchos casos sindicalistas, políticos locales o activistas de los movimientos sociales, campesinos e indígenas. Están en oposición a la extrema derecha de los grupos paramilitares y al gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez. Luchan por cambiar profundamente la situación de una población mayoritariamente pobre. Estas personas se han opuesto a las privatizaciones, se resisten al expolio de los recursos naturales por empresas transnacionales, a los acuerdos de libre comercio, a las reformas impuestas por el Banco Mundial y a la paramilitarización del país. Luchan por la paz con justicia social y en muchos casos además presentan alternativas y modelos sostenibles de vida. Abogan por un reparto justo de la tierra y se enfrentan con empresas como Nestlé, Coca-Cola, Unión Fenosa o Gas Natural que violan los derechos laborales y impiden el derecho a la sindicalización.
En la opinión pública se responsabiliza a los grupos paramilitares por las muertes y amenazas de gente de izquierda, mientras el Estado se lava las manos diciendo que es “víctima” de grupos “fuera de la ley”. Lo cierto es que el paramilitarismo fue adoptado como ‘política de Estado’ en 1962 y desde entonces se ha dirigido hacia la eliminación de la oposición política y los movimientos sociales. El pensamiento y las directrices para la acción de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y de los grupos paramilitares son similares : un enemigo común, un mismo modelo social defendido, la doctrina de la “seguridad nacional”, las prácticas represivas, los mecanismos de impunidad, la apología del accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo, la estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como una complicidad entre ambas fuerzas, (coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales) con miras a que sirvan a una misma causa.
La institucionalización del paramilitarismo a través del “monólogo” que conlleva el proceso de desmovilización está configurando el paraestado. Desde que los paramilitares anunciaron un “alto de fuego” en 2002, se les ha considerado responsables de más de 2.000 homicidios y desapariciones. Al mismo tiempo han aumentado los casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad. Es evidente una Política de Estado donde convive la impunidad absoluta de crímenes de lesa humanidad y la guerra sucia para salvar al sistema que profundiza en la ausencia de derechos fundamentales, económicos y sociales.
Situaciones horribles en un país supuestamente “democrático”
Lo descrito anteriormente parece más increíble aún si se tiene en cuenta que se trata de un país definido como “democrático”. Pero desde hace muchos años ha dejado ser un secreto la violación sistemática los derechos humanos y las atrocidades como la tortura, la violación, la desaparición y la mutilación. Organizaciones de DDHH, Centrales Sindicales y observadores internacionales lo han denunciado reiteradamente. La justicia no actúa o está igualmente amenazada. La impunidad por crímenes políticos llega al 90%.
Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas en el mundo, entre 2002 y 2004 (Uribe llegó al poder en agosto del 2002) han asesinado a 369 sindicalistas, de ellos 94 el año pasado. El sector educativo con 48 víctimas mortales y el 61% de las 688 violaciones a los DDHH contra trabajadores sindicalizados (2004) es el más afectado. En las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anualmente se presentan pruebas para las violaciones de las normas internacionales del derecho laboral y humano. Sin embargo nunca se llega a sancionar al Estado colombiano, ya que demasiados intereses están en juego, lo que también ocurre en muchos otros lugares del mundo. El gobierno del actual presidente Uribe, cuenta con un enorme respaldo internacional para su política de “Seguridad Democrática” por parte de gobiernos como los de la UE que le permite pisotear la legalidad internacional.
Por eso es tan importante que personas de otras partes del mundo tomemos en nuestras manos la defensa de las compañeras y los compañeros. Como en otros casos, no podemos contar con el apoyo de las instituciones ni de los gobiernos. Por eso pedimos a todas las personas que se oponen a la subordinación de la dignidad humana a la economía, que luchan contra la privatización en su ciudad y pueblo, contra el expolio del medio ambiente y la venta del planeta, y también por un mundo más justo. Pero de igual forma llamamos a las personas que únicamente quieren ser solidarios a apoyar a la campaña S.O.S.-Colombia.
¡Acuerdos y compromisos humanitarios YA !
Más información : www.colombia.indymedia.org
Esta campaña internacional se inició en Alemania por Baso-Chemiekreis ; AK Internationales der IG Metall, Berlin ; Internationales Solidaritätsnetzwerk ISNRSI www.isnrsi.net ; Kolumbienkampagne ; LabourNet Germany.
El Grupo Impulsor de la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia se adhiere a esta campaña. (Apoyan : CEAR, CGT, Colectivo de Colombianos Refugiados en España, Colombianos en el Exterior-Ciudadanos del Mundo, Comité de Solidaridad con África Negra, Comité Madrileño de DDHH por Colombia, Comité Mons. Oscar Romero, Comunidades Cristianas Populares, Derechos para tod@s, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo, Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CC.OO., Iglesia de Base de Madrid, Izquierda Unida, Paz con Dignidad, PTM Mundubat).
Contacto : asipazcol-ce@nodo50.org
Par : rr.ii.
