La población pobre, el 85% de los cerca de 8 millones de habitantes del país, no tienen a donde ir. Algunos huyen a República Dominicana, y pocos a Estados Unidos, países donde se rinden al subempleo. La mayoría de la población pobre no tiene para donde correr. Queda en el medio de los tiroteos entre la policía nacional y las bandas de matones armados
x João Alexandre Peschanski – [11.03.05 – 07:09]
«Habitantes de Bel Air no salgan a las calles». El mensaje es repetido insistentemente por las principales radios de Puerto Príncipe, capital haitiana. En la mañana del 28 de febrero, un año después de la renuncia de Jean-Bertrand Aristide a la presidencia de Haití, las chimè (del criollo, «quimeras»), matones que él mismo financió y armó, organizan una manifestación. Son una centena de personas que descienden por las laderas de Bel Air, la mayor villa miseria del país. Exigen el retorno de Aristide. Se escuchan tiros. En las calles, sólo los manifestantes. A cien metros de allí, en un puesto de tap tap, taxis colectivos, principal medio de transporte de la población de Puerto Príncipe, la comerciante Marthe Lambert resume la aprehensión de todos : «Esperamos lo peor».
Llegan los vehículos de la Policía Nacional de Haití (PNH). En los días anteriores, en entrevistas por las radios locales, representantes de la institución avisaban a las bandas de matones : no serán permitidas las manifestaciones de las chimè. Acompañan a los policías haitianos soldados de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. La dispersión de la marcha de las chimè es instantánea. De Bel Air salen disparos contra los policías, van a cualquier lado, alcanzando casas y las paredes de una escuela.
El día 28, el balance de muertos es alto : las radios hablan de ocho, pero sin confirmación oficial. A la tarde, temprano, la población vuelve a las calles. Los policías dicen que no hay más peligro. Los tap tap vuelven a circular. El conductor Jean Pierre-Louis comenta : «Hoy no fui alcanzado. ¿Y mañana ? ¿Y dentro de una semana ?»
Tensión galopante
En este día de confrontación, el miedo de la población viene cargado con los recuerdos de los acontecimientos de las últimas semanas. El 19 de febrero, 481 presos huyeron de la Penitenciaría Nacional, en Puerto Príncipe. Fueron liberados en la acción, supuestamente realizada por traficantes de droga, diversos integrantes de las chimè. De acuerdo con representantes del gobierno, la operación contó con la participación de policías, que habrían dejado las puertas del presidio abiertas.
Durante la fuga, no hubo disparos, ni por parte de la policía, ni de las personas que organizaron el rescate. Algunas horas después del incidente, políticos de varias de las 120 agrupaciones que agitan el escenario partidario haitiano comenzaron a exigir la salida del primer ministro Gérard Latortue. Lo consideran incapaz de gobernar el país.
En Bel Air, una semana después de la fuga, tres policías haitianos fueron muertos y dos soldados de la Misión de la ONU heridos, después del intercambio de tiros con los matones. La información es de las radios locales, que contabilizan el asesinato de ocho integrantes de la policía nacional en febrero.
El día 26 de febrero, en exclusiva para Brasil de Fato, el general brasilero Heleno Ribeiro Pereira, responsable de la coordinación de las tropas de la misión internacional, declaró que la situación de Puerto Príncipe está bajo control, y no presenta más riesgos que estar en Río de Janeiro (RJ). También afirmó que la población de Haití recibe de brazos abiertos a los militares extranjeros.
No existen estadísticas o investigaciones confiables sobre la reacción de los haitianos a la intervención de la misión militar de la ONU en su país. Sin embargo, integrantes de organizaciones populares tienen visiones diferentes que las del general brasilero. «La sociedad civil organizada está radicalmente en contra de los soldados de las Naciones Unidas, pues considera que ocupan injustificadamente Haití”, destaca Chavannes Jean-Baptiste, de la coordinadora del Movimiento de Campesinos de Papay (MPP), principal organización social del país. Agrega que, en general, la población es crítica. Dice que las tropas no hacen nada para garantizar la seguridad de las personas y que los militares están en Haití haciendo turismo.
Terror cotidiano
El día 28, como todos los otros días, la inseguridad y la incertidumbre se enseñorean al atardecer. A partir de las 16h30, el movimiento en las calles se desvanece. La población está en sus casas, y no pretende salir. «No salgo a la noche, pues no sé lo que puede suceder. Las calles están llenas de chimè», explica Marc-Arthur Fils-Aimé, director del Instituto Cultural Karl Lévêque (ICKL). En Canapé Vert, barrio donde vive, esqueletos de automóviles desmontados por ladrones de la región o destruidos en confrontaciones entre la policía y los matones, impiden el paso de las personas por las veredas y las calles.
A fines de enero, según el periódico haitiano Le Nouvelliste, en virtud de acciones policiales contra las bandas armadas, se inició un éxodo de la Ciudad de Dios, villa miseria de Puerto Príncipe. Las personas huían de la violencia, pero no tenían a donde ir. Durmieron algunos días en las calles, y terminaron volviendo, al terror de siempre.
La burguesía local, aterrorizada, abandona Puerto Príncipe. Se instala en condominios residenciales cerrados, vigilados por seguridad privada, en la comuna de Kinscoff, en las proximidades de la capital. Sus casas dominan los montes donde, en el siglo 19, los héroes de la Independencia de Haití observaron la desbandada de los soldados y colonos franceses del país. Cuando pueden, los haitianos más ricos mandan sus hijos a escuelas y universidades en el exterior, principalmente República Dominicana y Estados Unidos. Esperan que nunca tengan que volver a Haití.
La población pobre, el 85% de los cerca de 8 millones de habitantes del país, no tienen a donde ir. Algunos huyen a República Dominicana, y pocos a Estados Unidos, países donde se rinden al subempleo. La mayoría de la población pobre no tiene para donde correr. Queda en el medio de los tiroteos entre la policía nacional y las bandas de matones armados.
En el país, el caos es institucional
El gobierno haitiano no es un gobierno electo, y su legitimidad es cuestionada diariamente por diversos sectores de la sociedad. El presidente Boniface Alexandre, que asumió después de la renuncia de Jean-Bertrand Aristide al cargo, en febrero de 2004, huye de la responsabilidad. No ejecuta, no opina sobre el rumbo del país, no da la cara. Gérard Latortue, el primer ministro, fue imposto por la comunidad internacional – Estados Unidos, Francia y Organización de Estados Americanos (OEA).
Los integrantes del Consejo de Sabios, reunión de autoridades haitianas que ejercen un tipo de poder moral sobre la política nacional, a quien le correspondía la elección del premier, no conocían a Latortue, que vivió la mayor parte de su vida en otros países, trabajando para organismos financieros internacionales.
«Alexandre y Latortue no tenían grandes tareas. Sólo tenían que consolidar mínimamente las instituciones haitianas, solapadas por Aristide, y garantizar las elecciones, previstas para octubre y noviembre. Son tan incompetentes que hundieron el país en un caos institucional todavía mayor», analiza la directora del Centro de Investigación y de Formación Económica y Social para el Desarrollo (Cresfed), la socióloga Suzy Castor, una de las principales intelectuales del país.
En Haití, las directrices para el desarrollo son actualmente decididas por organismos internacionales. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trazan metas para el futuro de Haití, invierten millones de dólares en proyectos que consideran importantes. No hay seguimiento por parte del gobierno, y la sociedad, está fuera del juego, lejos de las esferas decisorias.
Para contener la violencia creciente, principalmente en las grandes ciudades, hay sólo 3.500 policías – para 8 millones de personas. Encargada de formar más integrantes para a Policía Nacional de Haití (PNH), la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que ocupa el país con miles de soldados desde junio de 2004, hace esfuerzos puntuales e insuficientes.
Confusión electoral
Hay 120 partidos inscriptos en el país. El sociólogo Anselme Remy, ex-presidente del Consejo Electoral Nacional, afirma que muchas de las agrupaciones no tienen más que una o dos personas. Según él, existen 30 partidos que parecen funcionar, diez de los cuales realmente funcionan. En la población, la multiplicidad de grupos políticos genera enorme confusión. Agrupaciones surgen de la noche a la mañana, no presentan programas y ocupan la arena pública, pues están formadas por personas con influencia sobre los medios de comunicación.
En el primer semestre de 2004, fue creado el Consejo Electoral Provisorio, con integrantes de la sociedad civil, para organizar en 2005, los escrutinios municipales (en octubre), legislativos y presidencial (en noviembre). Con el aval de Latortue, la OEA creó misiones especiales para gerenciar las votaciones.
Técnicos extranjeros van a elegir los lugares de votación y van a controlar la fiscalización de las elecciones. El trabajo de las misiones de la OEA es mantenido en secreto absoluto, y las actividades del Consejo están paralizadas. «Es un grave ataque a la soberanía nacional, pues una organización internacional prepara la disputa electoral de Haití, sacando de las manos del país el control sobre los medios por los cuales se elige a sus gobernantes», comenta Remy.
La OEA va a financiar 41,7 de los 44 millones de dólares que van a ser gastados en las elecciones, y el gobierno haitiano el resto. Concluye el sociólogo : «Con semejante inversión, es de esperar que la OEA quiera un gobernante que la apoye. No nos extrañaremos si los resultados de las elecciones huelen a cosa armada».
«Para contener la lucha popular, que adquiría contornos de una marea en defensa de cambios sociales radicales, las grandes potencias tuvieron que actuar. No podían permitir la efervescencia social. Sacaron a Aristide del poder, un hombre que apoyaban, y ocuparon el país», analiza la socióloga Suzy Castor.
La desestabilización llamada Aristide
Exilado en África del Sur, el ex-presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, todavía tiene peso sobre el escenario político del país. Con una fortuna personal estimada en 800 millones de dólares, financia grupos para propagar informaciones positivas a su figura.
Es el caso del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, con sede en Estados Unidos y dirigido por Brian Concannon, que envía notas para agencias de noticias en todo el mundo. En Haití, la estrategia es otra. Antes de su renuncia, Aristide organizó – y armó – bandas de jóvenes para mantener firme su base en barrios populares. Descontroladas, y altamente financiadas, las “gangues” (bandas de matones) actualmente diseminan el terror en las principales ciudades.
En febrero de 2004, Aristide renunció, y fue secuestrado por soldados estadounidenses, que lo llevaron a África. Considerado por varios grupos del mundo un hombre de izquierda, dedicado a las clases populares, en el momento de su salida el ex-presidente era criticado por la mayoría del pueblo por sus políticas anti-nacionales.
En el gobierno, Aristide concedió privilegios substanciales a empresas extranjeras, causando el colapso de la producción nacional, principalmente agrícola, organizó privatizaciones y reprimió a sus opositores. Descontenta, a partir de finales del 2003, la población salió a las calles y exigió su renuncia.
Fuente : Brasil de Fato
Traducción para Adital de Daniel Barrantes
En CGT vamos a ver de crear un Grupo de Solidaridad con Haití. ¿te apuntas ? ; escribe a sp-f.internacional@cgt.es
Par : rr.ii.
