La detención fulminante del pistolero Rayfran das Neves Sales, presunto asesino de la religiosa estadounidense Dorothy Stang, de 74 años, ha hecho que los habitantes de la Amazonia la consideren ya una santa. Stang, nacionalizada en Brasil, fue asesinada de cinco tiros en la cabeza el pasado 12 de febrero. Era un símbolo de la lucha ecologista en Pará, la región más conflictiva del país por las luchas contra los madereros, que están eliminando cada año 25.000 kilómetros cuadrados de bosque. Junto al presunto asesino ha sido detenido también el supuesto intermediario del crimen, Amair Feijola da Cuhna.
La santidad instantánea le llega a Stang no sólo porque la Conferencia Episcopal la haya calificado de «mártir», sino porque ha obrado el milagro de que, por fin, entrara el Ejército brasileño en una región considerada tierra de nadie donde vive desde años la más absoluta impunidad.
El presunto asesino, de 28 años, parece haber acusado al maderero Vitalmir Gonçalves de Moura de haber ordenado el crimen. Pero mientras el pistolero fue encontrado, del maderero no hay rastro, ya que al parecer escapó en una avioneta privada. Más aún : según la policía, el verdadero mandante puede haber sido Regivaldo Pereira Galvao, considerado el gran mafioso de la zona, que salió siempre a salvo de las muchas acusaciones que pesan sobre él.
Esta vez, el presidente Lula da Silva, acusado hasta por los obispos de no haber cumplido las promesas electorales hechas sobre la reforma agraria, se ha movido con determinación y ha encargado el caso al ministro de Justicia, Thomas Bastos, amigo personal que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos. También ha permitido que se desplazaran al lugar del conflicto 400 miembros del Ejército brasileño para colaborar con las policías nacional y federal. Están levantando barreras en las carreteras y en los centros urbanos y hasta se ha pedido a la justicia permiso para entrar en las fincas de los madereros más sospechosos de esconder armas para sus pistoleros.
Se trata de todo un ejército de hacenderos que se adueñaron ilegalmente con connivencias judiciales y políticas, desde hace años, de millones de hectáreas de la región amazónica propiedad del Estado para la extracción de oro, diamantes y maderas preciosas, al mismo tiempo que desmatan miles de hectáreas cada día para convertirlas en pastos o en cultivos de soja.
El representante de estos terratenientes, Francisco Alberto de Castro, acusó ayer a Stang de haberse buscado la muerte por su apoyo a los campesinos. «Dorothy Stang no era una santa, ella es la responsable de su propia muerte», dijo. «No ha parado de crearnos problemas en 20 años […]. Se atrajo el odio hacia ella al incitar a los campesinos a invadir innumerables propiedades».
La región de Pará concentra el 75% de todos los crímenes ecológicos del país. Ha reinado siempre la impunidad y el miedo. Según la Conferencia Episcopal, otras 161 personas empeñadas en la defensa de los campesinos pobres y de los indios están seriamente amenazadas de muerte y sólo una de ellas goza de protección, porque un policía privado se ha ofrecido para su defensa.
Las cifras oficiales de la impunidad en Pará son significativas : de las 10.000 órdenes de detención en los últimos años, no se ha realizado ni una sola. Desde 1985 a 2003, en Pará hubo 525 homicidios, de los cuales sólo 10 fueron llevados a la justicia y acabaron casi todos ellos en absolución. Los conflictos por la tierra han ido creciendo año tras año sin que las autoridades reaccionaran. En toda la Amazonia, en 1994 hubo 379 contenciosos ; en 2002 fueron 743, con 43 personas asesinadas, y en 2003, 1.335, con 73 asesinatos.
En total, según cifras ofrecidas por la revista Istoé, sólo un 7,5% de casos de asesinatos por conflictos de tierra llegan a juicio. Según cifras de la Conferencia Episcopal, de 1985 a 2003 tuvieron lugar en la Amazonia 1.349 asesinatos, de los cuales sólo 75 acabaron en los tribunales. Entre los presuntos responsables de ser los verdaderos mandantes de los homicidios sólo 15 fueron condenados y seis absueltos. De los condenados, la mayoría acabó huyendo de la cárcel gracias a connivencias con las autoridades.
JUAN ARIAS – Río de Janeiro
EL PAÍS
