ALMERÍA. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió ayer que el Gobierno incrementará las sanciones a los empresarios que defrauden en la contratación de trabajadores extranjeros a partir del 8 de mayo, fecha en que concluye el proceso de normalización laboral. Sin embargo, diversas ONG’s denunciaron ayer que « hay empresarios que están echando a sus trabajadores extranjeros », por lo que han pedido al Gobierno que aumenten las Inspecciones de Trabajo.
Sin embargo CGT en Jaén denunció que conoce de empresarios que tienen contratados a extranjeros « sin papeles » y que no tienen intención de regularizarlos en este proceso, a pesar de estar empadronados.
Rumí advirtió que « con los empresarios que han defraudado y pretendan seguir defraudando la Administración va a ser implacable » En ese sentido, anunció que a partir del 8 de mayo se pondrá en marcha una unidad de inspección de trabajo especial que reforzará a la plantilla existente en la Inspección de Trabajo. La secretaria de Estado explicó que a los posibles empresarios defraudadores « no les va a salir rentable », ya que las multas se van a elevar a 60.000 euros.
Sin embargo, diversas ONG’s, como Atime y Codemaf, que se reunieron ayer con el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, denunciaron que « hay empresarios que en lugar de aumentar la contratación, están echando a sus trabajadores extranjeros », por lo que solicitaron, desde ya, un mayor celo por parte de la Inspección de Trabajo.
Despidos para evitar dar de alta
El presidente de Codemaf, Said Bentrika, afirmó que hay empresarios que despiden a los inmigrantes para « evitar darlos de alta o acceder al proceso de regularización ». López Garzón afirmó no tener constancia de estos hechos, aunque garantizó que « estamos asegurándonos en todas las provincias de que estas personas trabajen en las condiciones que se debe hacer en el siglo XXI en Europa ».
ABC
