Partidos de izquierda y sindicatos europeos celebraron hoy el anuncio realizado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, de modificar la propuesta de Directiva para la liberalización del sector servicios en Europa, considerada un ataque contra el propio Estado de bienestar y el modelo social europeo.
El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, también se mostró «satisfecho», ya que a su juicio esta directiva, aprobada por la Comisión Prodi en enero de 2004, «era inaceptable». Aseguró que hubiese hecho todo lo posible para oponerse. El propio presidente galo, Jacques Chirac, había pedido «empezar desde cero» en esta cuestión.
El anuncio de Barroso aplazará por tanto la primera lectura en el Parlamento Europeo, que debía pasar en junio, aunque todavía no se dispone del nuevo calendario para esta norma fundamental que afecta a un sector que supone el 70 por ciento del PIB de la Unión.
«Tal y como era, no habría tenido éxito. Es la razón por la cual la Comisión aceptó hoy por unanimidad realizar algunas modificaciones», señaló Barroso en rueda de prensa al tiempo que presentaba la revisión de Agenda de Lisboa.
«Se trata de una buena decisión de la nueva Comisión y esperamos trabajar juntos para producir un nuevo texto que reconozca las preocupaciones de los trabajadores y los sindicatos », manifestó el secretario general del CES, John Monks. «El papel de los servicios de interés general debe ser respetado», subrayó.
Precisamente, los servicios de interés general (cuidados sanitarios, la cultura o la enseñanza…) son el principal caballo de batalla contra la norma diseñada por el ex comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein.
Los críticos consideran que la propuesta trata del mismo modo a todos los servicios, se traten o no de interés público y no tiene en cuenta exigencias particulares en términos de seguridad, de salud, de garantía de accesibilidad y de financiación, de preservación de la diversidad o de su sustracción a las reglas de la competencia.
CONTRA EL DUMPING SOCIAL.
Además de celebrar la decisión de la nueva Comisión, el grupo socialista en el Parlamento Europeo pidió que en esta revisión se preserven los derechos sociales de los trabajadores. «Nosotros presionaremos a favor de cambios que preserven los derechos sociales, protejan contra el dumping social y promuevan en Europa servicios de interés general de alta calidad», declaró el presidente del grupo socialista, Martin Schulz.
La Eurocámara ya ha advertido que deberá revisar la directiva en profundidad, para lo cual celebrará diferentes audiciones para sacar a debate los temas más espinosos delante de Comisión y Consejo.
Son muchos los que piensan que, para tener un verdadero mercado interno de servicios, debe aprobarse primero la directiva-marco sobre los servicios de interés público (SIG) que permita a los Estados miembros definir qué servicios consideran importantes para el interés general, para ser exonerados de las normas de la libre competencia.
Otro de los ’puntos calientes’ es el llamado principio del «país de origen», según el cual, una vez adoptada la Directiva, las empresas de servicios en la UE sólo tendrán que obedecer a los requisitos del país de origen donde radique su sede social. A los otros Estados Miembros, en los que actúen o suministren servicios, no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo, ni siquiera el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro país.
Consecuencia de todo ello, los sindicatos consideran que el principio de país de origen elimina cualquier supervisión efectiva de la actividad empresarial en la UE y que cualquier empresa podrá evitar las restricciones nacionales, reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro. A su juicio, la legislación laboral y los convenios colectivos no pueden ser tratados como obstáculos a eliminar.
Par : EP
