La enfermera del centro de salud de El Almorrón de Ecija (Sevilla) que denunció acoso moral y laboral en su trabajo, y que fue objeto de un traslado «injustificado» por parte de los responsables sanitarios, ha recibido recientemente un dictamen del Defensor del Pueblo a su favor que «censura» la actuación realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según informó el bufete de abogados de Fernando Osuna, que asesora legalmente a la sanitaria Leocadia P.R., que está en tratamiento psiquiátrico, desde la Oficina del Defensor se le ha recomendado a este organismo «que revoque determinadas actuaciones administrativas por vulnerar derechos de la enfermera, por cuanto que se han tomado medidas que restringen considerablemente sus derechos y no se ajustan a las normas».
El propio abogado comentó a Europa Press que se trata de un «durísimo» informe sobre estas presuntas «irregularidades» administrativas, sobre todo en lo relativo al traslado de esta enfermera, por el que además «no se inició procedimiento» alguno reglamentario. El informe, según apuntó, tiene «un alcance moral muy grande» y «refleja las anomalías» acaecidas en este caso.
El bufete que representa a la enfermera añadió que, además, hace escasas fechas se ha presentado en la Inspección de Trabajo de Sevilla «un escrito contra el SAS alegando las presuntas coacciones de índole psíquica que está soportando».
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se incide en la «situación de persecución y acoso moral» que sufre por parte de sus superiores en el centro de salud El Almorrón y que «se prolonga desde marzo de 2003 hasta la actualidad», recordando que fue «destituida» de su cargo de ajunta de enfermería el 14 de marzo de aquel año por el gerente del área sanitaria de Osuna, Fernando Rodríguez Almodóvar, «sin comunicárseme los motivos».
Destaca el escrito que el 29 de septiembre de 2003 se le ordenó, «alegando ordenación funcional», un cambio de horario, un cambio de población sanitaria y la asignación de otro médico. En octubre de ese año, «no se tuvo en cuenta» su petición «ante las acusaciones de quejas vertidas contra mi persona, de auditoria interna a mi labor profesional y una encuesta de satisfacción a los pacientes asignados con los que llevaba trabajando cinco años», viéndose «amenazada» por el Area Sanitaria de Osuna con abrirle un expediente disciplinario «tras pedir explicaciones».
En octubre de este año, con un procedimiento judicial ya abierto por este caso, se le ha notificado, según apuntó, una nota circular interior por la que se le ordena su incorporación a otro centro de trabajo como medida cautelar, «vulnerándose, no sólo en dicha decisión sino en todas las precedentes, todos los principios y garantías constitucionales y legales relativas al procedimiento administrativo».
Los sindicatos UGT, CGT y CC.OO. en el área sanitaria de Osuna mostraron recientemente su apoyo a esta enfermera ante lo que calificaron como una actuación «unilateral, ilegal y sin respetar los derechos adquiridos por la misma como trabajadora con plaza en propiedad», una vez tubvieron conocimiento de dicho traslado.
Par : EP
