La violación de los derechos humanos en Colombia es constante y sistemática sólo que en determinadas ocasiones adquiere formas que resultan más difíciles de visibilizar o el interés de la comunidad internacional se centra en otros conflictos. Nos encontramos en uno de esos momentos.
PROYECTO DE COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS A LAS REGIONES DEL MAGDALENA MEDIO,
URABÁ Y ARAUCA (COLOMBIA)
La violación de los derechos humanos en Colombia es constante y sistemática sólo que en determinadas ocasiones adquiere formas que resultan más difíciles de visibilizar o el interés de la comunidad internacional se centra en otros conflictos. Nos encontramos en uno de esos momentos.
Con la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez y la implementación de su política de seguridad democrática pareciera que el país ha comenzado a recuperar la calma cuando en realidad no han disminuido las cifras de asesinatos, desapariciones o desplazamientos, según denuncian las organizaciones defensoras de los derechos humanos colombianas. Lo que ha pasado es que resulta mucho más difícil cuantificar estas violaciones por la presión que reciben los líderes sociales y lo defensores de los derechos humanos y porque la represión pasa más desapercibida por ser más selectiva (se ha reducido la práctica de las masacres por el alto costo político que tienen y se recurre a crímenes selectivos) o ser aparentemente legal (detenciones y allanamientos masivos amparados por medidas legislativas impulsadas desde el Estado).
Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (OACNUDH), valoraba recientemente la actitud del actual gobierno con respecto a los defensores de derechos humanos : “No ha habido avances significativos en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos. Ha continuado la descalificación a la legítima labor de los defensores de derecho humanos y de líderes sindicales por parte de altas autoridades del Estado. La Oficina ha conocido pocos ejemplos de acciones tomadas por los superiores jerárquicos o por el Ministerio Público en el sentido de esta recomendación del Alto Comisionado”.
El mismo responsable de este organismo también explica las irregularidades cometidas en virtud de la nueva política : “La Oficina ha notado un debilitamiento de los procedimientos judiciales mediante la utilización frecuente de testimonios de personas desmovilizadas o reincorporadas. Se denunciaron varios casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales. Hasta el momento la Oficina no ha podido registrar medidas eficaces por parte del Estado para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades procesales, o para prevenir la repetición de éstas. Como consecuencia de esta práctica, varios procesos han concluido con la exoneración de personas que manifiestamente habían sido acusadas, sin fundamentos adecuados, por la comisión de delitos contra el régimen constitucional y la seguridad pública. En dichos procesos figuraban varias veces como sindicadas personas pertenecientes a organizaciones de derechos humanos y de sindicatos”. Mientras tanto “queda pendiente una tarea de grandes implicaciones : como la de frenar, contrarrestar y abolir la fuerte influencia del paramilitarismo en varios lugares, administraciones e instituciones del país. Una parte de esta tarea es la necesidad de seguir tomando medidas concretas y adecuadas para cortar los nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. También debe evitarse por parte de funcionarios del Estado expresiones de complacencia o entendimiento con el paramilitarismo”, afirma el director de la OACNUDH.
Si a este cambio de estrategia del Estado Colombiano se añade el protagonismo adquirido por los conflictos palestino e iraquí por su repercusión en los países desarrollados, nos encontramos con que Colombia ha perdido importancia en la agenda política europea. Para contrarrestar las consecuencias negativas que supone esta situación para la población civil colombiana varias organizaciones no gubernamentales con trabajo en Colombia nos hemos planteado organizar una comisión de verificación del respeto a los derechos humanos en tres de las zonas más conflictivas del país donde, al mismo tiempo, se han desarrollado experiencias de resistencia civil frente a la guerra que han servido de modelo a otras regiones del país. El objetivo es conocer directamente lo que dicen las víctimas del conflicto para poder transmitir sus demandas a las autoridades colombianas y a los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Magdalena Medio : Es el corazón de Colombia, su capital natural, Barrancabermeja, a orillas del río Magdalena, es el principal puerto petrolífero del país. Sus riquezas naturales han provocado que haya sido y sea escenario de continuos enfrentamientos entre los distintos grupos armados por su control territorial. Aquí, a mediados de la década de los 80, surgieron los primeros grupos paramilitares de Colombia que arrasaron con las organizaciones políticas y sociales que afectaban a los intereses de los terratenientes y multinacionales petrolíferas de la zona. Sin embargo, en Barrancabermeja la población resistió y a pesar de que la ciudad fue tomada por los paramilitares en 2001 todavía existen organizaciones que reclaman el derecho de la población a no verse envuelta en el conflicto y que configuran el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras Defensores de los Derechos Humanos (ETTDDHH). Esta entidad agrupa a la Iglesia, sindicatos, organismos internacionales no gubernamentales con presencia en la zona, asociaciones de campesinos, organizaciones de mujeres, etc.
Los miembros de la comisión de verificación se reunirían con las organizaciones que integran el ETTDDHH para que les explicaran la situación y cuales son sus peticiones a la comunidad internacional, se visitarían los barrios de Barranca para conocer de primera mano los testimonios de las víctimas y se podría vistar las casas de la mujer que la Organización Femenina Popular (OFP) tiene en varios pueblos ribereños del Magdalena. La experiencia de la OFP es particularmente interesante ya que son una organización que aglutina a unas 1.500 mujeres de los sectores más desfavorecidos que combina la denuncia contundente de la violación de los derechos humanos con la acción social hacia las mujeres, que en el caso colombiano son doblemente víctimas : por su condición de mujeres en una sociedad extremadamente machista y por ser población civil inmersa en el conflicto
Urabá : Región fronteriza con Panamá, también enormemente rica en recursos naturales y, consecuentemente, disputada por todos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que en la década de los 90, el Ejército y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) iniciaron la pacificación de la región cuyo supuesto objetivo era acabar con la guerrilla. Las FARC siguen en la región, pero los sindicatos bananeros y las organizaciones políticas de izquierda, como la Unión Patriótica, con fuerte implantación en la zona fueron aniquilados. Esto produjo muchos desplazamientos de las áreas selváticas a las cabeceras municipales y, con el tiempo, la población desplazada decidió retornar a su lugar de origen ya que en las ciudades continuaban siendo agredidos y vivían hacinados. Para tratar de evitar que se repitiera la misma situación, acordaron volver a su tierra, pero viviendo agrupados y declarándose como comunidades ajenas al conflicto, es decir, todos se comprometían a no colaborar con ningún grupo armado y a no permitir su presencia en sus tierras, incluido el Ejército.
Los integrantes de la comisión de verificación viajarían a dos de estas comunidades de población desplazada que ha retornado : la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de la cuenca del río Cacarica (CAVIDA) y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ambas fueron de las primeras comunidades que se declararon ajenas al conflicto en Colombia y por su negativa a implicarse en la guerra han sido atacadas, según denuncian, por el Ejército y los paramilitares : han sufrido más de 200 víctimas, entre asesinados y desaparecidos, desde que en 1997 fueron desplazados ; la guerrilla también agredió a San José de Apartadó al principio de declararse comunidad de paz, pero ahora, aunque reciben algunas presiones para que colaboren, respeta su proceso.
Arauca : A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia -las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición-, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento, según se denuncia en el informe Colombia. Un laboratorio de guerra : Represión y violencia en Arauca publicado por Amnistía Internacional (AI). Arauca ha atraído también la atención de Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad. AI señala que “las fuerzas de seguridad han atacado a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo”.
El ataque frontal contra sus organizaciones campesinas, comunales, de derechos humanos, juveniles y sindicales ha dejado un sin número de asesinados, desaparecidos, desplazados y más de 100 líderes detenidos en los últimos dos años, según denuncias de las organizaciones sociales araucanas. Los proyectos de vida, históricos, autogestionarios y comunitarios de los araucanos hoy están en peligro. Por ello consideramos urgente y necesario acompañar a sus comunidades. Las organizaciones a visitar serían el Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Campesina de Arauca y la CUT (organización que ha sufrido recientemente el asesinato de varios líderes a manos del ejército).
Tanto en Urabá como en el Magdalena Medio tiene sede Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International, PBI), una ONG internacional que acompaña a defensores de derechos humanos y población desplazada en proceso de retorno. Algunas de las organizaciones con las que contactaría la comisión de verificación son acompañadas por PBI (OFP, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio -CREDHOS-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CAVIDA, comunidad de paz de San José de Apartadó) por lo que la propia comisión contaría, casi con toda seguridad, con la presencia de PBI en sus desplazamientos por las regiones. A Arauca también ha viajado PBI en numerosas ocasiones acompañando a ls ONG con las que trabaja.
Por su parte, la Red de Hermandad y Solidaridad Internacional con Colombia, una entidad que aglutina a diversas ONG europeas, tiene actualmente voluntarios desplazados a Colombia que colaborarían activamente en organizar la agenda de esta comisión y en acompañar a sus miembros por el país.
Características y objetivos de la comisión : la idea es conformar una comisión integrada por políticos de distintos partidos, por representantes de organizaciones sociales (ONG, sindicatos) y por periodistas con los siguientes objetivos :
Recoger testimonios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de las organizaciones sociales que trabajan en las tres regiones a visitar.
Transmitir a las autoridades colombianas y organizaciones internacionales la situación de la población civil y sus demandas. Conocer las políticas que se puedan estar implementando para la defensa activa de los derechos humanos, en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas.
Mostrar nuestra preocupación a los representantes del Estado Colombiano por los casos de violaciones a los derechos humanos que conozcamos en el desarrollo de la comisión y buscar su compromiso para reparar a las víctimas y prevenir que no se repitan hechos semejantes.
Difundir en España las conclusiones de la comisión y darle seguimiento a los casos conocidos y a los compromisos que se hubieran obtenido de las autoridades
El viaje abarcaría dos semanas a partir del 10 de enero de 2005 y, dependiendo del número de integrantes de la comisión, se desplazarían todos a las tres regiones o se dividirían en varios grupos. El programa previsto sería el siguiente :
Día 10 de enero : Llegada a Bogotá y traslado al hotel.
Día 11 : Presentación ante la Embajada Española y reunión con ONG para informarnos de la situación de las tres regiones a visitar.
Día 12 : Viaje en avión a Barranca, reunión con el ETTDDHH y visita a barrios.
Día 13 : Visita a municipios próximos donde tiene trabajo la OFP.
Día 14 : regreso a Bogotá y salida en avión para Medellin.
Día 15 : Llegada a Apartadó y visita a la comunidad de paz de San José.
Día 16 : Salida en lancha desde el puerto de Turbo hacia Cacarica.
Días 17 y 18 : estancia en Cacarica.
Día 19 : Regreso a Apartadó y en avión hacia Bogotá.
Día 20 : Salida hacia Arauca y reuniones con organizaciones sociales.
Días 21 y 22 : Estancia en Arauca y/o Saravena entrevistándonos con organizaciones sociales.
Día 23. Regreso a Bogotá.
Día 24 : Reuniones con autoridades colombianas y Oficina de Naciones Un idas.
Día 25 : Regreso a España.
COORDINACIÓN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
(Cedsala, CEAR, Ospaaal, Colectivo Sur-Cacarica….)
Esta iniciativa está abierta a futuras adhesiones.
Par : rr.ii.
