El pasado 5 de agosto miembros del Ejército de Colombia ejecutaron de madrugada a tres líderes sindicales de Arauca, que en ese momento se encontraban durmiendo en la casa de uno de ellos, en el caserío Caño Seco, donde se habían reunido la noche anterior.
Poco después de ese asesinato, una comisión integrada por varias organizaciones de Derechos Humanos y sindicales, acompañada por Brigadas Internacionales de Paz, nos desplazamos a Arauca para verificar los hechos. Ahora, tras habernos podido entrevistar con varias personas que vieron con sus propios ojos todo lo acontecido esa madrugada, podemos afirmar que los sindicalistas de Arauca Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de la brigada Revéis Pizarro del Ejército colombiano. Tuvieron tan poco margen para defenderse que fueron fusilados de rodillas, descalzos y sin camisa, tal como estaban durmiendo.
Desde el mismo día de los hechos, el Gobierno colombiano -en boca de su Vicepresidente Francisco Santos y del general Ospina, comandante de la 2a División, que opera en la zona- mantuvieron que los tres sindicalistas eran miembros de la guerrilla del ELN y que cuando el Ejército llegó a la casa, los tres salieron corriendo y disparando. Ni una sola de las versiones de los varios testigos presenciales de estos hechos-que también fueron escuchados por el fiscal de la Unidad de DDHH de la Fiscalía encargado del caso- corrobora esta afirmación, por lo que, pocos días más tarde, el propio Vicepresidente tuvo que matizar estas acusaciones.
Es por todo ello que les queremos pedir su solidaridad ; ¿cómo pueden contribuir a que se haga pública la verdad sobre estas ejecuciones ? Enviando la carta modelo que les mandamos en archivo adjunto a las direcciones que siguen a ésta. El objetivo es que el caso sea juzgado por la Justicia Ordinaria y no por la Justicia Penal Militar, pues hasta ahora las dos adelantan investigaciones y tememos que finalmente se dé prioridad a la Penal Militar como ya ha ocurrido en otros casos. Si ustedes recuerdan el caso Santo Domingo, también en Arauca -en el que a causa del un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana fueron asesinados 16 campesinos, 7 de los cuales eran niños y niñas- sabrán que, gracias a la insistente presión internacional, el caso pasó, finalmente, de la Justicia Penal Militar a la Ordinaria y algunos de los responsables están siendo enjuiciados.
Les agradecemos muchísimo su solidaridad e interés.
Reciban un fraternal abrazo desde Colombia.
· Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
· ADESALCO
· SINSPUBLIC
Bogotá/Arauca, 18 de agosto 2004.
Imprime, firma y envia esta carta a las autoridades colombianas
Señor
Álvaro Uribe
Presidencia de la República
C.C. Sr. Carlos Franco, Programa
Presidencial de DDHH y DIH.
Sr. Vólmar Pérez, Defensoría del Pueblo.
Sr. Edgardo Maya, Procuraduría General de la Nación.
Sr. Luis Camilo Osorio, Fiscalía General de la Nación.
Cordial saludo,
Sr. Presidente : hemos tenido conocimiento -según fuentes de toda solvencia y de toda credibilidad- de que el Ejército ejecutó extrajudicialmente, en el caserío de Caño Seco (municipio de Fortul- Arauca), el pasado 5 de agosto, a tres líderes históricos del departamento : Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, quienes gozaban de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y se habían desempeñado durante décadas como reconocidos líderes sociales, campesinos y sindicales.
Nos preocupa enormemente la versión oficial de su Gobierno según la cual estos líderes sociales dispararon a unidades militares, lo que provocó su muerte, así como que la competencia de la investigación sea asumida por la jurisdicción penal militar. Y nos preocupa porque ya son múltiples los casos en Colombia -y especialmente en Arauca- en los que autoridades militares manipulan las pruebas para ocultar su responsabilidad e inculpar a las víctimas.
Por esta razón, y en nuestra condición de organismos defensores de Derechos Humanos, campesinas y sindicales, solicitamos su intervención para que la investigación de este caso la suma exclusivamente la Justicia Ordinaria y no la Justicia Penal Militar, con el fin de garantizar la máxima transparencia y aplicación de justicia y equidad a este lamentable caso.
Cordialmente,
Par : Miguel
