Se mueve en silla de ruedas electrónica, la maneja con la boca, sufre tetraplejia traumática y está ingresado desde el 9 de noviembre de 2003 en La Fe de Valencia tras un accidente laboral. Manuel Cortés es colombiano, tiene 32 años y llegó hace tres a España «por el trabajo y la democracia que hay».
Una puerta blindada le golpeó el cuello mientras trabajaba «sin papeles» en una obra. Su futuro, y el de su familia, está pendiente de que se le conceda el permiso de residencia.
Después de casi medio año trabajando en la reforma de un chalé en Chiva, Manuel y su hermano Óscar bajaban una puerta blindada por una escalera de obra. Era el sábado 8 de noviembre a las 17.15 horas. Manuel iba delante y resbaló. La puerta le golpeó el cuello y quedó atrapado bajo ella. «Pensamos que no era nada grave», dice. Estaba consciente, pero le dolía la cabeza. La aparente normalidad y la falta de papeles descartaron el hospital y fue trasladado a casa, donde se acostó. Al día siguiente «no sentía el cuerpo». Llamaron al SAMU y al poco los bomberos lo bajaban con grúa desde un sexto piso. Sigue ingresado.
Nació en Jamundi Valle, cerca de Cali. Ha trabajado en la construcción desde los 12 años. También lo hizo en España : dos años en León y después en Valencia, hasta el accidente. Una llamada ponía al corriente de la situación a su compañera, María Derly Caicedo, de 25 años, que se quedó en el país con las cuatro hijas de la pareja. En febrero pidió por primera vez el permiso para viajar a Valencia, sin éxito. Siguió intentándolo. En España, Óscar acudió al Centro de Información al Trabajador Inmigrante (Citmi-Cite) de CC OO. Tras lo cual, recuerda Luis Poveda, de la ejecutiva de Fecoma- CC OO-PV, empezaron las gestiones, ya ante el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, que acabaron con la entrega de un visado de turista en junio. El salvoconducto de tres meses ha hecho visible una mejoría en Manuel. «Se me ha levantado el ánimo», dice.
Los hermanos de Manuel ayudan a la pareja a salir adelante con sus ahorros. La situación no podrá sostenerse mucho. Fecoma, a través del Citmi-Cite, se ha dirigido a la Oficina de Extranjería para tramitar la solicitud de residencia acogiéndose a las circunstancias excepcionales que prevé la ley, aunque no las puntualiza. La cita está prevista la próxima semana. Al tiempo, un juzgado de Lo Social se ocupa de la solicitud de incapacidad temporal para que Manuel reciba un subsidio. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número uno de Requena, que abrió diligencias previas tras el accidente, investiga las responsabilidades derivadas de los hechos. La Inspección de Trabajo trasladó a la juez en su informe que «de los hechos se desprende que el accidente […] tuvo su causa inmediata en una falta de previsión de método de trabajo adecuado y la falta de dotación de equipos apropiados para el manejo y manipulación de la carga que desplazaban». Y tipificó lo sucedido de «infracción grave». Trabajo inició el expediente administrativo contra la empresa Sornells Ideal House, SLU, para la que trabajaban Manuel y Óscar -que perdió la ocupación tras el accidente-, y cuyo administrador es Alfonso Ribes Prats, a quien los operarios y la dueña del chalé reconocen como contratista de la obra. Ese expediente está paralizado hasta que se resuelva la causa penal. Ribes, según la documentación, reconoció ante la Inspección de Trabajo que los tres operarios estaban a sus órdenes sin papeles. «El empresario nos ofreció el cielo y la tierra para que no le denunciáramos», dice Óscar. Pero la situación quedó al descubierto. La justicia depurará responsabilidades y CC OO confía en que aunque la ley no prevé la situación de Manuel, se le dé permiso de residencia y después la reagrupación familiar. María Derly espera obtener permiso para quedarse con Manuel. «Su recuperación», dice, «también depende de mis hijas».