El grupo portugués propietario de la fábrica de fibras textiles de Fisipe en El Prat de Llobregat tenía decidido en octubre pasado el cierre de la planta y lo llevó a cabo pese a la resolución en contra de la Generalitat, según la acusación lanzada ayer por los abogados de la plantilla en el juicio celebrado.
Para intentar probar el cierre ilegal, que dejaría sin empleo a 264 personas, aportaron documentos internos y correos electrónicos en los que los responsables del grupo matriz en Portugal ordenaban el cese de la actividad y que no se aceptaran pedidos.
El director de operaciones de la fábrica de El Prat confirmó las órdenes recibidas para dejar de comprar materia prima y la consecuente paralización de la actividad, así como la pérdida de un producto de futuro para el sector de la construcción.
Los abogados de CGT, CCOO y el Col.lectiu Ronda acusaron a Fisipe de actuar «en rebeldía» al no acatar la resolución del Departament de Treball y el requerimiento de un inspector de que diera trabajo efectivo a la plantilla.
La defensa de Fisipe alegó que el cese de la actividad obedeció a la imposibilidad de comprar materia prima por las elevadas pérdidas, que hicieron inviable la empresa, y recordaron que ahora se encuentra en proceso de quiebra. Los abogados de la empresa acusaron a la plantilla de negarse a aceptar el trabajo de desmantelar la fábrica. El juicio en el que los trabajadores piden una indemnización de 45 días de sueldo por año de servicio quedó ayer visto para sentencia.
ANTONI FUENTES
BARCELONA
El Periodico
