La Conselleria de Bienestar Social ha sido obligada por los tribunales a pagar las cantidades que la empresa adjudicataria de la gestión de un centro de enfermos mentales dejó de abonar a uno de sus empleados tras declararse en quiebra. El resto de empleados cuenta también con sentencias firmes a su favor, aunque aún no ha percibido el montante adeudado, según subrayó ayer CGT, que ha defendido los derechos del contratado que ya ha cobrado.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ratifica la sentencia contra Bienestar Social, sienta jurisprudencia acerca de la responsabilidad de la Administración autonómica sobre los servicios públicos, aunque estos estén gestionados por entidades privadas.
El caso hecho público ayer por CGT hace referencia a los empleados del centro de rehabilitación e integración social (CRIS) de enfermos mentales de la calle de Sant Pau de Valencia. Este recurso, que incluye también un centro de día, estaba gestionado por la cooperativa Servigrup Povisad, la cual aceptó aplicar a los trabajadores un convenio diferente al inicial (del sector de residencias de tercera edad pasaron al de discapacitados, que es el que correspondía). Sin embargo, la entidad no pagó al personal la diferencia salarial que ese cambio conllevaba, al tiempo que dejaba de abonar nóminas y, al declararse en quiebra, tampoco liquidó el finiquito.
Un empleado, afiliado a CGT, decidió denunciar la situación. El sindicato informó ayer de que la postura de la conselleria ante esta demanda fue declararse « no responsable de la situación ».
Rechazado el recurso
El caso fue llevado a juicio en 2002 y el fallo del juzgado de lo Social de Valencia obligó a Bienestar Social a pagar más de 6.000 euros al denunciante. El departamento que en la actualidad preside Alicia de Miguel recurrió, pero el TSJ rechazó las alegaciones y mantuvo la sentencia condenatoria, según los datos aportados por el sindicato, que ha esperado a que el trabajador percibiera íntegramente la cantidad para dar a conocer los hechos.
En una situación similar se encuentran otros empleados de este centro, que siguieron la misma estrategia jurídica con otro sindicato. Según CGT, estos tienen ya sentencia firme favorable, pero están sin cobrar.
