El director de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, ha pedido al Gobierno del PSOE que cese la venta de armas a Israel, después de que en los últimos años España haya vendido armamento a este país por valor de 14 millones de euros.
Durante la presentación del informe Israel y los territorios ocupados que ha elaborado la organización, Beltrán aseguró que después de que el anterior Gobierno «admitiera que había comercio de armas», el nuevo Ejecutivo socialista «tiene la oportunidad de acabar con la venta de armamento y material» que se use para destruir viviendas o cometer «graves violaciones de los derechos humanos». «Sería un mensaje político», remarcó.
La petición se extiende a toda la comunidad internacional, también a Estados Unidos, aunque consideran que «modificar su política de apoyo ciego al Gobierno de Israel será más difícil». También se dirigen a las empresas que «se lucran con el negocio de la destrucción de viviendas», a las que reclaman una «revisión» de su política de venta de material.
El informe de AI, que fue presentado en Barcelona, recuerda que el conflicto en Oriente Próximo se ha cobrado desde octubre de 2000 la vida de 2.500 palestinos y más de 900 israelíes, entre ellos centenares de niños, y remarcó que la situación «se agrava día a día».
El director de AI explicó que el Ejército israelí ha derribado más de 3.000 viviendas y ha destruido el 10 por ciento del territorio agrícola en los últimos tres años, y denunció que los motivos que apunta Israel para justificar estas actuaciones «se basan en políticas y prácticas discriminatorias». «Cualquier excusa es buena», aseguró.
La demolición de viviendas y la destrucción de bienes, según recoge el informe, es una política que se aplica «desde hace ya mucho tiempo» en los territorios ocupados y en el sector árabe de Israel, pero en los últimos tres años y medio «ha alcanzado proporciones sin precedentes».
En la mayoría de casos, las autoridades israelíes sostienen que la destrucción «obedece a necesidades militares y seguridad» o a «la falta de permiso de construcción», cuando se llevan a cabo como «castigo colectivo por los atentados palestinos» o para facilitar «la expansión de los asentamientos ilegales israelíes», según AI.
Durante los dos años de investigaciones de la organización, AI ha podido constatar «tremendos crímenes de guerra» que vulneran tratados internacionales pero quedan «impunes», según explicó Beltrán, quien recordó que «dos tercios de la población palestina vive bajo el umbral de la pobreza con problemas de salud y desnutrición que van en aumento».
Amnistía Internacional, que se ha reunido con representantes del Gobierno israelí, la Autoridad Palestina y decenas de víctimas del conflicto, recomienda en su informe a las autoridades israelíes que «cese los crímenes de guerra y deje de violar las normativas internacionales que ha firmado», que ponga fin a la demolición de viviendas y «detenga la creción y ampliación de asentamientos civiles israelíes en los territorios ocupados».
Asimismo, piden a Israel que «frene la construcción del muro en el interior de los territorios ocupados» y «elimine los tramos ya construidos allí». La organización también hace un llamamiento a la Autoridad Palestina para que «tome las medidas posibles para impedir los ataques suicidas de grupos armados contra civiles israelíes en los territorios ocupados e Israel».
Resumen ejecutivo del Informe «Israel y los Territorios Ocupados. Bajo los escombros : demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes» en
