De forma pacífica y sin que se produjera ningún tipo de incidente, entre 200 y 300 personas se manifestaron ayer en El Ejido (Almería) para denunciar continuas agresiones de la Policía Local a inmigrantes y para rechazar el indulto que ha solicitado el ayuntamiento, gobernado por el PP, para dos empresarios agrícolas del pueblo que han sido condenados por haber apaleado a tres marroquíes.
- Manifestantes ayer en El Ejido para exigir respeto a los inmigrantes.
Convocados por el SOC, Ustea, la Asociación Pro Derechos Humanos y la organización de inmigrantes Ouafa 2000, los manifestantes se concentraron en el antiguo recinto ferial ejidense durante poco más de una hora, vigilados por varias furgonetas de la Policía Nacional apostadas en los alrededores que no tuvieron que intervenir en ningún momento. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, había llamado el sábado a la calma tras la polémica petición de indulto que fue apoyada por el grupo socialista municipal, cuyo portavoz ya ha dimitido a raíz de las duras críticas del propio presidente de la Junta, Manuel Chaves.
Sin embargo, la concentración tenía un objetivo mucho más amplio que rechazar la petición de clemencia para los culpables de reventar a palos a tres marroquíes que les habían robado. El secretario general del SOC, Diego Cañamero, advirtió que el Poniente almeriense “siempre va a ser un polvorín”, sino no se regula la situación de 20.000 inmigrantes indocumentados que viven en esa zona para trabajar en los invernaderos.
Cañamero hizo una llamada a la integración social de los inmigrantes y aseguró que desde los graves incidentes xenófobos del año 2000 “no se ha hecho nada” para mejorar la situación. El líder jornalero, que acusó al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, de comportarse como “un Sharon en Israel”, apuntó que su sindicato cuenta con unas 20 denuncias de inmigrantes que supuestamente han sido agredidos por agentes de la Policía Local, aunque, según él, hay muchas más que no salen a la luz porque las víctimas son indocumentados que tienen miedo a que les expulsen.
Por su parte, el responsable en Almería de Derechos Humanos, Francisco Majuelos, precisó que la manifestación pretendía que las instituciones y, en particular, el ayuntamiento ejidense “tomen la iniciativa con el fin de aclarar todos estos hechos”. Mohamed Bouterfas, de Ouafa 2000, criticó que haya tres o cuatro personas que “se estén tomando la ley por su mano”.
