Hace dos semanas grupos de universitarios, transportistas e indígenas coincidieron en sus protestas. La prensa habló de un posible golpe de Estado, pero el trasfondo real es el descontento vigente de muchos sectores en este país.
En un intento por conjurar una crisis política y social de mayores dimensiones, el presidente boliviano Carlos Mesa firmó el lunes 26 de abril acuerdos con un grupo de representantes de las universidades públicas que pedían aumento de presupuestos, con el gremio de transportistas que hacían públicas sus peticiones de desregularización de los carburantes y con parte del grupo de campesinos del Movimiento Sin Tierra.
Estos colectivos se habían movilizado la anterior semana por las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sumándose así a la protesta de 3 mineros que amenazaban con inmolarse si no se les resolvía su jubilación, una situación que recordaba al minero que el pasado 30 de marzo se ató dinamita al cuerpo y la detonó en pleno Congreso. Durante esa conflictiva semana se habló de un golpe de Estado por parte de los partidos opositores a Mesa y que aún tienen fuertes vínculos con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, quien fue forzado a dejar el poder en octubre del año pasado por los movimientos obreros, campesinos e indígenas.
Todo esto sucedía en vísperas de la firma de un tratado de venta de gas con Argentina y de que el Gobierno pusiera a disposición del Congreso la nueva Ley de Hidrocarburos, en la que todos los sectores sociales -especialmente el de los indígenas, los cocaleross y de la Coordinadora Nacional de Defensa del Gas- tienen puesta toda su atención.
La prensa informó de los hechos como si se trataran de un cerco que ponía en grave riesgo el Gobierno de Carlos Mesa, que ya había sido fuertemente criticado por movimientos sociales que no están de acuerdo con su propuesta de Ley de Hidrocarburos.
Según las declaraciones que el líder cocalero Evo Morales dio a la prensa local, las protestas de los universitarios y la de los transportistas fueron impulsadas por los líderes del Movimiento Izquierda Revolucionaria -MIR- y la Nueva Fuerza Republicana -NFR ; partidos de oposición que, por su vinculación en el gobierno anterior, preven una derrota en las elecciones municipales de diciembre. Los partidos aprovecharon la indecisión que ha demostrado el presidente Mesa en los temas relacionados con la política energética para aumentar el descontento social y hacerlo visible en las calles de las ciudades.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay protestas sociales históricas que nada tienen que ver con la coyuntura política, que siguen vigentes y que han mostrado su descontento con el actual gobierno ; como son la que promulgan los cocaleros, que piden que el Gobierno cumpla con su promesa de disminuir la erradicación de cultivos de coca, la de los que componen la Coordinadora Nacional de Defensa del Gas, que está en contra de la venta de gas a Argentina y que pide que el país reciba mayores beneficios de la explotación de los recursos naturales que hacen las empresas extranjeras y la del Movimiento Sin Tierra, campesinos que abogan por una repartición más justa de los terrenos
La guerra del gas
La explotación y venta de gas, ese patrimonio natural que es considerado por buena parte de la población como la tabla de salvación para no naufragar en medio de una pobreza y exclusión social creciente, es el tema que más preocupa al Gobierno, a los movimientos sociales, a los países fronterizos de Bolivia y a las petroleras que están en el país. De hecho, Carlos Mesa llegó al poder con sendas promesas de realizar un referéndum sobre la venta del gas y de aumentar considerablemente los impuestos que ahora pagan de las compañías petroleras extranjeras.
La propuesta de nueva Ley de Hidrocarburos ya está a disposición del Congreso y contempla un aumento de los impuestos para las petroleras. En opinión de algunos colectivos sociales, que han declarado en repetidas ocasiones que el gas debe ser para beneficio de los bolivianos, este cambio no es radical y apenas mejora el panorama, mientras que las compañías petroleras ya han manifestado su oposición a la Ley.
Además, el Gobierno firmó un acuerdo con Argentina para venderle gas siempre y cuando respete la cláusula de que no lo revenda a Chile ; acuerdo que fue muy criticado por los sindicalistas en Bolivia y que ha causado tal polémica en Chile, que ya el presidente Ricardo Lagos ha insinuado la posibilidad de llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio.
El acuerdo con Argentina comprende la venta de gas hasta noviembre y no se le venderá a ningún otro país, según portavoces del Gobierno, porque todo lo que decida en esta materia dependerá del referéndum sobre el gas que está programado para el 18 de julio, una de las promesas pendientes del presidente Mesa.
Bolivia, un país sumido en la pobreza Más allá de la polémica de la venta del gas, lo que realmente están manifestando los movimientos sociales es la exclusión y la situación alarmante de pobreza en la que está inmerso el país. En los últimos tres años ha aumentado la población que vive por debajo de los niveles de pobreza y según estimativos cada hora veinte bolivianos se hunden en la pobreza y siete en la indigencia.
Bolivia es el país americano con menos cantidad de alimentos por habitante, con una deuda externa de más de 6.000 millones de dólares y con un desempleo creciente. De acuerdo con las cifras oficiales, en las ciudades la cuarta parte de la población vive a penas con 80 céntimos de dólar al día y en las zonas rurales está cantidad no alcanza los 60 céntimos. Una situación que ha marginado especialmente a los campesinos, mineros y a los indígenas que han hecho de los cultivos de coca una bandera para hacer notar su histórico silencio.
Sin duda, bien sea a través de la lucha por mantener los cultivos de coca o la esperanza de que el dinero que puedan obtener de la explotación del gas natural, lo que está pendiente en Bolivia son las deudas sociales con sectores excluidos que nunca han recibido ganancias de las riquezas nacionales.
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