Estados Unidos se quedó ayer solo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al votar contra una resolución que reclama abolir la pena de muerte para menores de 18 años y apoya los derechos del niño. Un total de 52 Estados -incluso China, que es el único país, además de EE UU, que aplicó la pena capital a un menor el año pasado- aprobaron el texto. Washington justificó su rechazo apelando al "sistema federal", que permite ese castigo en algunos Estados del país, y añadió que la resolución "choca con la autoridad...
Estados Unidos se quedó ayer solo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al votar contra una resolución que reclama abolir la pena de muerte para menores de 18 años y apoya los derechos del niño. Un total de 52 Estados -incluso China, que es el único país, además de EE UU, que aplicó la pena capital a un menor el año pasado- aprobaron el texto. Washington justificó su rechazo apelando al «sistema federal», que permite ese castigo en algunos Estados del país, y añadió que la resolución «choca con la autoridad…
Estados Unidos se quedó ayer solo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al votar contra una resolución que reclama abolir la pena de muerte para menores de 18 años y apoya los derechos del niño. Un total de 52 Estados -incluso China, que es el único país, además de EE UU, que aplicó la pena capital a un menor el año pasado- aprobaron el texto. Washington justificó su rechazo apelando al «sistema federal», que permite ese castigo en algunos Estados del país, y añadió que la resolución «choca con la autoridad de los padres».
La resolución de la ONU -que también pide eliminar la violencia contra las mujeres y recaba el esfuerzo de los Estados en favor de los desaparecidos y desplazados en conflictos y un trabajo específico dentro de la organización internacional en defensa de los derechos de las poblaciones indígenas- plantea un abanico de reivindicaciones de protección a los menores. De ellas, la pena de muerte es la más llamativa : según datos de Amnistía Internacional (AI), en la última década han sido ejecutados en el mundo 21 menores, 13 de ellos en Estados Unidos.
Washington se negó ayer a aprobar un texto que pide abolir la pena de muerte para menores delincuentes, y calificó de «inaceptable» la afirmación de que la Convención de los Derechos del Niño «debe constituir la norma en la promoción y protección» de esos derechos. La postura estadounidense se justificó en el ordenamiento federal del país, con diversas «disposiciones legales» que permiten en algunos casos condenar a menores a la pena capital. La exigencia de la resolución de extremar la protección de los menores fue desestimada por Estados Unidos porque «choca con la autoridad de los padres».
Dos presos estadounidenses, Efraín Pérez y Mauro Barraza, aguardan su ejecución a últimos de junio por delitos que cometieron cuando tenían 17 años, denuncia la campaña contra ese castigo lanzada en enero pasado por AI. Según la legislación estatal de Virginia, John Lee Malvo, uno de los francotiradores de Washington que mataron a 10 personas en esa ciudad en 2002, podía ser condenado a la pena capital aunque tenía 17 años cuando cometió los crímenes, pero el jurado le sentenció a cadena perpetua.
Desde 1990, señala AI, ha habido 34 ejecuciones de menores en Estados Unidos, Arabia Saudí, China, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Yemen. «La mayoría de esos Estados», dice AI, «han modificado ya sus leyes para prohibir el uso de la pena de muerte contra menores, convirtiendo a Estados Unidos en el único que reconoce abiertamente llevar a cabo este tipo de ejecuciones y que defiende su derecho a hacerlo».
La resolución de la ONU insta a garantizar que la detención de un niño sea «el último recurso», reclama que sean «separados de los reclusos adultos» y exhorta a los Gobiernos a proteger a los menores de la tortura. Además, invita a los Estados a firmar o ratificar el Protocolo Adicional de la Convención de la ONU sobre Delincuencia Transnacional, para combatir el tráfico de niños, y anima a los legisladores a tipificar como delito la explotación sexual de menores, incluyendo la pornografía, el turismo sexual pederasta y la venta de niños o de sus órganos.
En cuanto a la legalidad de la pena de muerte en general, AI cifra en 117 los países abolicionistas y en 78 los que siguen manteniéndola.
