MADRID.- Poner nombre a un gobierno o una multinacional que no respeta los derechos humanos no es fácil. Pero Amnistía Internacional (AI) se ha atrevido con dos de los grandes : la petrolera estadounidense Occidental Petroleum y la española Repsol-YPF, a las que acusa de facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano « con vínculos probados » con los grupos paramilitares.
En la presentación, ayer en Madrid, del informe internacional Un laboratorio de guerra : represión y violencia en Arauca, AI denuncia que en este departamento colombiano al noreste del país, en donde operan ambas compañías, se cometen « abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla ».
Según Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia, « países y petroleras como la de Estados Unidos y la de España financian y entrenan a unidades militares de las Fuerzas Armadas colombianas que ignoran las torturas y violaciones de los derechos humanos ».
Una de las unidades es la Brigada XVIII, que opera en Arauca y sobre la que existen claras conexiones con los grupos paramilitares.AI recuerda en su informe que las empresas petroleras « han financiado a esta brigada, así como a la estructura de apoyo a la Fiscalía General, fuertemente criticada por haber respaldado detenciones masivas entre la población civil ».
Repsol-YPF es socio minoritario de Occidental Petroleum en la Asociación Cravo Norte, encargada de la explotación del oleoducto de Caño Limón, que transporta el crudo colombiano hacia el Caribe.Y es a través de Cravo Norte desde donde se financia a la Brigada XVIII mediante la entrega de « helicópteros y de dinero para las tropas que protegen Caño Limón » de los ataques de la guerrilla, denunció ayer Pollack.
La sección española de Amnistía ha entregado su informe a los responsables de Repsol a fin de aclarar su actuación en Colombia.Para Esteban Beltrán, director de AI en España, es « inaceptable que vayan fondos a una brigada con vínculos paramilitares ».
« Es importante que Repsol cumpla con las obligaciones de las empresas transnacionales. Esta empresa forma parte de Global Compact [un grupo creado por la ONU y en el que se integran las grandes compañías privadas comprometidas con los derechos humanos] y pedimos que cumpla en la práctica lo que dice en la letra », añadió.
Según AI, la violencia en Arauca aumentó significativamente a mediados de 1980, tras el descubrimiento de petróleo en la región, ya que tanto el Ejército colombiano como los paramilitares y la guerrilla intensificaron su presencia en la zona para tratar de controlarla.
Beltrán indicó que el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene « una buena oportunidad para cambiar de política respecto a Colombia », ante la próxima visita del presidente Alvaro Uribe a España.
PILAR ORTEGA
