El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado la inadmisión de la impugnación por una mayoría de siete magistrados frente a cinco. Los magistrados que suscribieron la decisión son el vicepresidente del TC, Tomás Vives Antón, Javier Delgado, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Vicente Conde, María Emilia Casas y Pablo Manuel Cachón, mientras que los cinco discrepantes son el presidente, Manuel Jiménez de Parga, Guillermo Jiménez, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata y Pablo García Manzano. El auto con los votos particulares será notificado mañana.
ELPAIS.es | El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado esta tarde la inadmisión a trámite de la impugnación del Gobierno a la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, conocida como plan Ibarretxe. El Gobierno trató de demostrar que el plan vulneraba en más de cien ocasiones la Constitución, el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Reglamento del Parlamento Vasco.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado la inadmisión de la impugnación por una mayoría de siete magistrados frente a cinco. Los magistrados que suscribieron la decisión son el vicepresidente del TC, Tomás Vives Antón, Javier Delgado, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Vicente Conde, María Emilia Casas y Pablo Manuel Cachón, mientras que los cinco discrepantes son el presidente, Manuel Jiménez de Parga, Guillermo Jiménez, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata y Pablo García Manzano. El auto con los votos particulares será notificado mañana.
La decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir a trámite la impugnación se refiere exclusivamente a la viabilidad del trámite parlamentario del mismo, sin entrar en el examen de su contenido, según ha informado en un comunicado.
Mutilar el principio de soberanía
El Gobierno del PP presentó el pasado 13 de noviembre ante el Tribunal Constitucional la impugnación contra sendos acuerdos del Ejecutivo y la Mesa del Parlamento vascos, que iniciaron la tramitación del plan Ibarretxe y pidió la suspensión de forma inmediata al entender que vulneraban en más de cien ocasiones la Constitución, el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Reglamento del Parlamento vasco.
El Gobierno alegaba en los 46 folios de su escrito la pretensión del plan Ibarretxe de mutilar el principio básico de la soberanía en el que descansa toda la Constitución, sus valores y sus instituciones. El Ejecutivo del PP añadía que se invoca a un supuesto pueblo vasco con el objeto de que «una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como si para nada hubiera de contar».
