Un error administrativo de la Consejería de Educación al olvidarse de inscribir a buena parte de sus trabajadores con un nuevo número de patronal en la Seguridad Social, después de escindirse de Cultura y Turismo, ha hecho perder a al menos 2.200 empleados un mes de cotización a la Seguridad Social, según hizo ayer público la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la Junta.
Los afectados, cerca del 100% del personal laboral y un porcentaje escaso de docentes y funcionarios, recibieron durante el pasado febrero una comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se les comunica que desde el 1 de enero hasta el 2 o el 4 de febrero, según el caso, han causado baja.
El fallo administrativo les supondrá a los empleados fijos la pérdida « casi irreversible » de un mes de cotización a la hora de cobrar sus pensiones de jubilación y a los temporales les puede costar perder su derecho a cobrar paro, asegura el coordinador de CGT en la Junta, Tomás García Rojo.
El sindicato ha puesto ya los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que investigue lo ocurrido y medie con la Seguridad Social para que « restituya el mes que los trabajadores han cotizado y evite que sean ellos los que paguen un error que no es suyo », resume García Rojo.
Trescientos vallisoletanos
En sus nóminas de enero, los por ahora 2.200 afectados -unos trescientos en Valladolid- vieron descontados de sus salarios el porcentaje correspondiente a la cotización. Esto « puede suponer una infracción muy grave a la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, ya que los empleados han cumplido su parte y han pagado lo que les correspondía », añade el delegado sindical.
La principal preocupación del portavoz de CGT viene dada porque un tercio de los afectados son interinos, lo que supone que « muchas de las ochocientas personas con contratos temporales pueden quedarse sin paro o, como mínimo, perder una parte del subsidio al faltarles esos treinta días ».
El error administrativo se gestó a finales de diciembre, cuando se realizó la separación legal de las hasta entonces unidas consejerías de Educación, que dirige Francisco Javier Álvarez Guisasola, y Cultura y Turismo, de Silvia Clemente. Así, con fecha 31 de diciembre del 2003, todos los trabajadores de ambas consejerías causaron baja en la Seguridad Social y deberían « haber sido inscritos de nuevo con su número de patronal de cada consejería el 1 de enero del 2004 ».
No fue así e, incluso, la Consejería agotó por dos veces los plazos que le dio la Tesorería de la Seguridad Social hasta que al final inscribió a los trabajadores con 33 y 35 días de retraso.
Después, la Consejería abonó el dinero que debía a la Seguridad Social con recargo y « con eso han dado por zanjado el asunto sin hacer nada ». CGT anuncia que acudirá a los tribunales porque desde la Tesorería afirman que es « muy difícil devolver el mes a los que lo han trabajado ».
Fuentes de Educación confirmaron ayer escuetamente que « se han realizado las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a los plazos y no hay descubiertos ».
J. SANZ/El Norte de Castilla
