Tras la visita de José María Aznar a Colombia, y después de que el Gobierno colombiano haya confirmado nuevas transferencias de armamento e inteligencia militar al país latino por parte de España, Amnistía Internacional (AI) ha dirigido una carta al Gobierno español instándole a poner fin a las exportaciones de armas a Colombia, mientras no existan garantías de que no serán utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos.
Entre otras peticiones, AI ha exigido a las autoridades colombianas que apliquen las recomendaciones de Naciones Unidas para acabar con la crisis de derechos humanos que vive el país.
La ONG también ha pedido en su misiva una explicación de qué medidas ha tomado el Gobierno español para asegurar que las transferencias militares ya realizadas no van a contribuir, directa o indirectamente, a la comisión de violaciones de derechos humanos.
Esta última transferencia de armas se suma a otras exportaciones anteriores, que han sido igualmente denunciadas por Amnistía Internacional, ya que violan el Código de Conducta de la Unión Europea.
AI teme que las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares puedan utilizar estas transferencias humanos en el marco del conflicto armado que sufre el país. «Resulta inaceptable que el Gobierno español, a la hora de transferir armamento a Colombia, ignore el empeoramiento de la crisis de derechos humanos en este país y el hecho de que el Gobierno colombiano no haya puesto en práctica las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas», ha señalado la organización.
Situación extrema en Colombia
La situación de derechos humanos en Colombia empeora ostensiblemente, a pesar de lo que afirman las autoridades colombianas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se refirió el pasado 4 de febrero a Colombia, como la peor situación humanitaria del mundo, después de las existentes en la República Democrática del Congo y Sudán. Se calcula que hay de dos a tres millones de desplazados y casi 300.000 personas han huido del país.
Además, Amnistía Internacional ha documentado un aumento de «desapariciones forzosas» y homicidios en varias zonas en conflicto, un aumento en la práctica de la tortura y una mayor persecución y hostigamiento de defensores de derechos humanos.
Por último, la organización ha denunciado al Gobierno de Álvaro Uribe, en el cargo desde 2002, «que no ha hecho sino exacerbar el ciclo de violencia política y la crisis humanitaria en el país».
Par : El Mundo
