El presidente de Amnistía Internacional en Castilla y León, Domingo Hernández, acusó al Gobierno español de incumplir «de forma sistemática» la normativa europea que prohíbe la exportación de armas a los países en los que se violan los derechos humanos.
Hernández criticó que España podría estar estudiando la posibilidad de vender unas fragatas a Israel, un país en conflicto. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon vienen denunciando desde hace años «este cinismo de los gobiernos», cuando se refieren a la defensa de los derechos humanos.
Domingo Hernández recordó que el Gobierno español vendió armas a Uruguay y terminaron en Brasil, lo que, según indicó, hace sentirse a las ONGs como «el servicio de postventa de armas».
Amnistía Internacional anunció además la próxima puesta en marcha de una campaña en contra de la ejecución de menores en la que pedirán la colaboración de «personalidades destacadas» de la sociedad para que secunden con su firma un manifiesto en contra de la pena de muerte a jóvenes menores de 18 años.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha tenido constancia de 34 ejecuciones de menores, 19 de ellas en Estados Unidos. Desde el año 2000 ha habido 14, 9 de ellas también en Estados Unidos, donde esas ejecuciones no son generalizadas, ya que 16 de los 30 estados del país que mantienen la pena de muerte en su legislación, excluyen su aplicación a menores.
Los estados en los que se realizaron ejecuciones a menores en el año 2000 fueron Oklahoma, Texas y Virginia. Los otros países donde se registraron desde 1990 hasta 2003 son China, Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí y Yemen.
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
Con la campaña que ha puesto en marcha, Amnistía Internacional pretende conseguir que para diciembre de 2005 cese de aplicarse a los menores la pena de muerte en el mundo. Como primer paso para la abolición total, pide el final inmediato de todas las ejecuciones juveniles, la conmutación de todas las penas de muerte dictadas contra menores y que los países que mantienen la pena de muerte adopten medidas que eviten la pena capital a los jóvenes.
Para llevar a cabo esta campaña, el grupo de Amnistía en Burgos realizará una recogida de firmas a finales del mes de marzo e impartirá charlas en los centros de enseñanza. La Organización realizará intervenciones individuales por e-mail o correo ordinario para casos particulares y buscará el compromiso de las personalidades locales de escribir a los gobiernos retencionistas.
