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La Operación Guillotina y la corrupción estructural de las policías de Río de Janeiro

 

Hay situaciones estructurales que comprendidas tal como son, cambian la noción de verdad, norma y consenso entre los ciudadanos. La seguridad pública en el estado del Río de Janeiro se encuentra en una situación límite, típica de la caracterización de Estado fallido. Es cierto que otros poderes e instituciones de ese nivel de gobierno subnacional no tienen tal grado de corrupción.



Pero, en una región metropolitana donde existen más de mil espacios geográficos donde el control del Estado es parcial o nulo, las bandas putrefactas en primer lugar (la venta del narcotráfico, las apuestas ilegales, los transportes clandestinos, los servicios de consumo fuera de la fiscalización, de -entre otras variantes- el tipo capitalismo informal con aires de salvajismo) corrompen o afectan el conjunto de poderes y agentes con capacidad de veto. 

De un momento a otro, delante de los helicópteros de las emisoras de televisión Globo y Record (las dos redes de mayor audiencia en el Brasil), la realidad fruto de la experiencia vivida por más de dos millones de cariocas y fluminenses (respectivamente, los que viven en la capital y en el estado de Río), supera la híper-realidad mediática y fuerza a la acción del Estado para contener la rebelión del Mando Rojo. El país necesitaba de una guerra tipo misión humanitaria y actividad-finalista para civilizar a estas microsociedades. Las cámaras registran entonces a un joven delegado con trayectoria meteórica que surge para el público receptor como una fuente confiable y respetable. Después de la toma e invasión del Complexo do Alemão (conjunto de 13 favelas de la Zona Norte de Río de Janeiro donde viven más de 65 mil personas) en noviembre, el castillo de naipes comienza a caer, porque como bien a la moda, ésta también era una noción construida sobre la nada. 

En mayo de 2009, el entonces recién nombrado jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Allan Turnowski, declaró para el periódico O Globo: “Estoy más preparado para combatir a la delicuencia que cualquiera que no estuvo en la acción. Porque yo sé exactamente lo que va a acontecer si nada se hace: mis policías, políticos y periodistas van a morir en emboscadas”. Nada más profético. El delegado de carrera acertaría de lleno el pronóstico, si él no estuviera siendo acusado de implicación en los escándalos de abuso de poder. La emboscada fue montada con orden judicial y demuestra un surco profundo y gangrenoso dentro del aparato represivo estadual. 

Por Bruno Lima Rocha y Rafael Cavalcanti

Texto completo en el pdf adjunto.

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